¡Catastrófico lo del catastro!

Después de seis meses y medio volvió a revivir el melodrama del catastro multipropósito. El mismo por el que se elevaron juegos pirotécnicos, se lanzaron vítores y gritaron alabanzas cuando se autorizó a Girardot ser gestor catastral, pero también el que provocó la ira, la rabia, el reclamo de quienes sin pretensiones políticas protestaron ante la aprobación de un Proyecto de Acuerdo que causó profunda desconfianza en la comunidad.

La indignación se apoderó de la ciudadanía, del girardoteño nato, del inversionista foráneo, cuando a través de una Sociedad de Economía Mixta recién creada se pretendía destinar el 12.7% del Impuesto Predial Unificado para operar el catastro multipropósito. Una propuesta que a todas luces parecía inconveniente porque se estaba disponiendo y comprometiendo el recurso de libre destinación más importante para el Municipio en algo que insinuaba que, de tan bueno no dan tanto.

El 24 de septiembre del año anterior llegó el contentillo para los ingenuos; se tumbó el Proyecto de Acuerdo 010 que proponía ceder el 12.7% del impuesto predial a una Sociedad de Economía Mixta, para realizar durante 25 años la actualización catastral que tanto necesita la casi ciudad.

Pero la dicha de los nativos de Narnia no fue duradera; el 18 de noviembre volvieron a presentar el Proyecto de Acuerdo, esta vez con algunas palabras diferentes, y lo más sorprendente, con diez años menos de permanencia.

Luego de sesiones en donde las barras se llenaron de ciudadanos preocupados u oportunistas; de contribuyentes manipulados o manipuladores; de intereses y desintereses, el 29 de noviembre, a puerta cerrada, porque algunos de los que abogaban a ultranza por su aprobación señalaron amenazas contra sus vidas, se conoció el voto positivo de 12 concejales. Parecía que triunfaba la mala retórica, el discurso ampuloso y ramplón, los números inentendibles y las promesas desbordadas, casi utópicas.

Pero no fue así. El pasado 31 de enero la Gobernación de Cundinamarca envío sus observaciones sobre el acto administrativo aprobado, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que este se pronunciara sobre la legalidad del Acuerdo en cuestión.

Pues el 8 de junio, cerca al fin de semana que acaba de terminar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Acuerdo 006 de 2022, coincidiendo con los subrayados hechos por la Gobernación. Temas en los que la Sala del Tribunal declara como fundadas las observaciones tienen que ver con la remuneración a los operadores catastrales por parte del gestor catastral; la prohibición de entregar a terceros la administración de tributos; falsa motivación del Acuerdo 006 de 2022; la vulneración de vigencias futuras y principio de anualidad presupuestal y vulneración del Marco Fiscal del Mediano Plazo (MFMP), principalmente.

Como primera medida hay que decir que de este resultado no es benefactor ninguno de los que hoy quieren ondear la bandera de la salvación y el heroísmo. La misma Constitución Nacional en su Artículo 305, en su numeral 10, explícitamente señala entre las atribuciones de los gobernadores, «Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida su validez», que fue lo que legalmente hizo el gobernador del Departamento. Entonces no hay que agradecer por nada, porque es un hecho jurídico que ordena la misma Constitución.

Las palabras y preámbulos que antecedieron a la decisión final de los concejales de la casi ciudad, en algunos momentos llamaban a la desconfianza o la hilaridad: que aprobar el Acuerdo 006 llevaría a Girardot a ser una ciudad inteligente; que podríamos ponernos a la altura de las Empresas Públicas de Medellín; que jurídicamente la figura que se ofrecía sí era viable. Que los votantes decidirían si por fin la ciudad sin las acacias «[…] sea capital de algo», en tono despectivo; que el Municipio recibía el triple de beneficios que la empresa privada que conformaba la SEM.

O invitar de manera menospreciativa y hasta insultante, a «mirar un poquito más allá de aquí», señalando el orador un palmo de narices. Es decir, de manera coloquial y peyorativa, que quien no entregara su voto positivo aquel 29 de noviembre era miope, ciego o casi idiota.

Un movimiento mágico que llamó mucho la atención es que, en el primer Acuerdo, el 010, el contrato interadministrativo era por 25 años. En menos de dos meses se pudieron dar el lapo y disminuyeron el tiempo a 15 años, y aun así brindaba, según uno de sus expertos «estabilidad financiera». ¿Eran tan buena su rentabilidad que disminuir diez años no les hacía mella?

No se puede discutir el impacto político que la decisión del Tribunal significa para la buena salud del alcalde Lozano, cuando se sabía a los cuatro vientos que este Proyecto era prácticamente su niña consentida o, por qué no, su mejor tesoro. Antecedido por un desastroso informe de auditoría hecho a la empresa Ser Regionales, la que según él lo enorgullece cada vez que habla de ella, (¿o será, hablaba de ella?).

Pero es oportuno observar qué sucederá con las finanzas del Municipio y los compromisos crediticios que adquirió con Findeter al aceptar el empréstito de $37 640 millones. Más allá del valor de los desembolsos realizados, queda en vilo la cartera porque los ingresos de la actualización catastral, que esgrimió la Administración como la principal justificación para demostrar su capacidad de pago, por el momento se desvanece. A no ser, que exista apelación para este fallo.

Nuevamente el criterio y la capacidad técnica y profesional del Concejo Municipal de esta casi ciudad queda en entredicho. Demostrando una superficialidad pasmosa en sus decisiones, guiadas, casi siempre, por conveniencias y no por conceptos técnicos, que como este caso lo exigían. Y que no se desentiendan, porque si prosperan las demandas o denuncias en su contra, otro gallo cantará.  

Nuevamente queda en entredicho la capacidad de los asesores jurídicos del quinto piso y del Concejo, a los que al menos por el momento les han dado sopa y seco.

Bien, porque al parecer se cae un Proyecto que en su apariencia carecía de bases jurídicas para aprobarse.

Mal, muy mal para el Municipio, que ve cómo se atrasa nuevamente la actualización catastral, con el agravante de que el alcalde o alcaldesa entrante tendrá que revolar en cuadro para reparar los platos rotos que dejan irresponsables con sus cuentas alegres.