Los girardoteños que coman de su cocinado

Si desde hace varios años el Concejo Municipal de Girardot, y en especial ciertos concejales, han estado en el ojo del huracán, desde la semana pasada varios de ellos se encuentran en el ojo de la Procuraduría Provincial, que se quisiera entender, serán investigados por la misma Procuraduría General de la Nación.

Digo esto último porque la percepción que tienen los ciudadanos interesados en lo que ocurre en esta casi ciudad muy parecida a Narnia, es que los entes de control, en especial la Procuraduría Provincial, ha sido invisible en situaciones que aparentemente comprometen la transparencia y el buen nombre de la función pública de contratistas, servidores públicos, funcionarios y los ex que a cada uno les corresponde.

Pero bueno, hoy se encuentran vinculados a una investigación disciplinaria los doce concejales que entregaron su voto positivo para que el Acuerdo 006, que facultaba al alcalde Lozano a destinar un alto porcentaje del Impuesto Predial Unificado para la operación catastral, fuera una realidad.

Esto causó el movimiento inusual de un sector de la comunidad, en ciertos casos impulsado por algunos que ambicionan alcanzar el quinto piso, o mínimo, ocupar aquellas curules pétreas, entiéndase inamovibles, de los concejales que para el disgusto de muchos girardoteños van únicamente a gastar pantalones y a cobrar sus honorarios que llegan casi a los $400 000 por sesión.

Claro, esta situación, como muchas con las que se siente afectada la comunidad, ha propiciado que se utilice toda clase de epítetos y adjetivos «descalificativos», la mayoría ofensivos, contra ellos y la Corporación.

Precisamente a este punto quiero llegar. Hagamos un mapa sencillo, con plastilina, de cómo es que se tejen las extrañas alianzas, confabulaciones y conspiraciones que terminan por perjudicar casi siempre al pueblo, y que, en el caso de la casi ciudad sin las acacias, tiene a un responsable principal: ¡el mismo pueblo!

Si estrechamos el cerco podemos deducir que, en la práctica, legislativamente, es más decisivo el concejo que el alcalde de cualquier municipio de Colombia.

Pues bien, Girardot tiene que elegir 15 concejales cada cuatro años. A pesar de que los menos capaces y acuciosos vociferan, cuando de argumentar se trata, que son la representación democrática de los girardoteños, es una verdad relativa. El censo electoral para el 2019 era de 83 774 votantes. En esa ocasión eligieron de la multitud de aspirantes, 12 678 sufragantes aproximadamente, lo que en carta blanca significa el 15.13% del censo electoral.

Y, aun así, hay que ver a unos cuantos de ellos lanzando fuego por sus fauces mientras castigan incesantemente el idioma, repitiendo enfermizamente que son la representación del pueblo, los portadores de la democracia, los faros de la sabiduría, y que por ello hay que rendirles pleitesía. (Como siempre, hago la salvedad de algunos).

Pues bien, esos representantes del pueblo en el recinto sagrado de la democracia han sido elegidos por el mismo pueblo. Desconociendo adrede,  por ejemplo, que en cada sesión escasamente contestan a lista para quedarse jugando con el celular o se ausentan por media o una hora sin sonrojarse; que ad-portas de la sesión no saben qué Secretaría está citada, lo que se traduce en que no se preparan para debatir. Que jamás intervienen sobre ningún tema, a no ser para solicitar aplazamiento de las actas que repetidamente se encuentran pendientes por entregar. O uno que otro es experto lobbysta, y se les ve de Secretaría en Secretaría intermediando sabrá Dios para quién.

Son a estos, a los que el mismo pueblo elige apresurados por necesidades inmediatas o rancias simpatías, muy pocos son los votos de opinión. Y aunque cada elector estará dispuesto a defender o a explicar su voto, aún quedan 71 096 ciudadanos girardoteños o foráneos que no sufragaron por los motivos que sean.

No va a sonar bien, ¡pero entonces vaya que tienen una alta responsabilidad en lo que sucede en el municipio!, cuando 12 678 son los que deciden qué personajes sentar en los quince tronos del Concejo, pero 71 096 escogen el camino menos escabroso y el más placentero; mirar los toros desde la barrera para salir a criticar después la corrida.

El alcalde (como se llame), puede inventarse el mejor negocio para su bolsillo en detrimento de la casi ciudad, si la mayoría de los concejales no lo aprueban, se empieza a sentar un precedente para el gobernante. Pero si en cambio, son maleables según las condiciones o premuras del momento, pues que el girardoteño coma de su cocinado.

Es menos probable que se presenten delitos por peculado, prevaricato, contratación indebida si el pueblo vota abundantemente para elegir un Concejo decente.

Revisando nuestra historia no soy yo quien deba determinar si los exalcaldes Diego Escobar Guinea y César Fabián Villalba Acevedo son culpables o inocentes de los delitos por los que se les procesa. Pero de lo que no me cabe la menor duda, y ya lo escribí en mi columna «Girardot, en caída libre hacia la decadencia», es que quedar en libertad por vencimiento de términos sin que se pudiera esclarecer y definir plenamente la culpabilidad o inocencia de los investigados, debilitó la moral administrativa del Municipio.

Se sembró la maligna semilla de «aquí no pasa nada», «aquí todo vale», apropiando una moral laxa de acuerdo con el momento y las ofertas. Cuando se esperaba que la renovación en el Concejo con la llegada de los jóvenes fuera la justificación para elegirlos, por el contrario, quedan muchas dudas y preguntas en el vacío.

Volviendo al caso de los doce concejales, cada cual tendrá que demostrar su inocencia y justificar sus decisiones, es decir, que pase lo que tenga que pasar. ¡Cualquier cosa!, menos que nuevamente se ofrezca un espectáculo mediático como el de la Fiscalía en el caso Escobar-Villalba, en donde hasta ahora todo queda como estaba, sin poderse diferenciar culpables de inocentes.