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Miedo a la libertad

Miedo a la libertad

El 06 de junio de este 2019 el país se encontró con una noticia que sobrecogió a muchos y sobresaltó a otros: La Corte Constitucional tumbó parte de los artículos que prohibían el consumo de licor y drogas en espacio público. Según la Corte esas disposiciones vulneraban el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Se suscitó una alarma generalizada en una sociedad habituada al sometimiento, a la prohibición y por qué no, a la hipocresía, entendida como falsía, doblez en la personalidad; necesidad de aparentar. Una sociedad restrictiva de los derechos individuales desde la más tierna infancia del individuo. O si no recordemos las primeras vivencias de un bebé, signadas por gritos de sobresalto o una secuencia incomprensible de noes. Explorando su cuerpo, ay de que llegue a la parte media del mismo para oír un grito de: “¡No, cochino…eso no se hace. Pao, pao!”, y cuando empieza a dar sus primeros pasos, cualquier objeto que despierte su curiosidad, sana por demás, espontánea y natural, se ve alarmantemente interrumpida por un grito: “¡No, eso no se toca…(cualquier adorno ) eso no se coge!” y así paso a paso, de frustración en frustración, de susto en susto, pierde la vocación por la libertad, tanto que cuando la tiene al frente se asusta...obvio, y ya en la edad adulta no concibe la vida sino a base de prohibiciones, a lo que se debe sumar la enseñanza religiosa,  prevenida por naturaleza.

Y la cuestión no ameritaba el huracán que desencadenó a nivel de gobierno, opinión pública aupada por los medios de comunicación y sectores conservadores de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque dejó sin vigencia el Artículo 33 del Código Nacional de Policía que se enmarca dentro del capítulo que vela por «La Tranquilidad y Las Relaciones Respetuosas de las Personas» y considera la Corte que la restricción de una libertad como lo es el consumo de sustancias sicoactivas o alcohólicas resulte adecuada para alcanzar el fin buscado: mejorar la convivencia y la tranquilidad. Explicó la magistrada Fajardo: “Si alguno con una cerveza se descontrola, la Policía debe intervenir no porque haya consumido cerveza, sino porque agredió a otra persona. Acá lo que se está protegiendo es que no haya alteraciones de la convivencia. Encontramos que no necesariamente el consumo genera esa alteración”.

Sabido es que no todas las personas reaccionan de igual manera frente al estímulo del alcohol: unos se desinhiben de tal suerte que superan los miedos de cuando están sobrios, otros se extrovierten de tal modo que disfrutan del baile, o se ríen de cuanta musaraña hagan los contertulios, mientras hay quienes se vuelven violentos y agresivos, en tanto que aquellos se tornan totalmente pasivos.

Por su parte, el Artículo 140 del Código Nacional de Policía busca “proteger y cuidar la integridad del espacio público” que a simple vista no guarda relación con el consumo de cualquier tipo de sustancias.

Bueno, entonces ¿qué declaró inexequible la Corte Constitucional? Sencillamente argumentó que es contrario a la Constitución Política buscar el bien común de la convivencia y la tranquilidad ciudadana cercenando libertades individuales. Máxime cuando el que consume no le está vulnerando derechos a otras personas, es decir, no le está causando daño a nadie.

Conclusión: el que ingiere licor o consume estupefacientes se daña a sí mismo. Es su decisión, lamentable, pero cierto, de ahí que cada día se penalice menos a los consumidores, pues ya llevan su propia tragedia consigo. Como el alcohólico.

Y entonces vino el escándalo y el rasgar las vestiduras, que porque dizque la Corte había dicho que los parques y las calles debían servir para consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas y los niños entonces no podrían ir a los parques, para no tener que ver la cantidad de viciosos, marihuaneros y alcohólicos que los invadirían. ¿Que dónde quedaban entonces los derechos de los niños y de todos aquellos que no consumen, que con la sola presencia de consumidores en su entorno público serían indefectiblemente afectados? No se entiende por qué nos ha dado por creer que nos podemos volver homosexuales por decreto o farmacodependientes, solo por respetar la autonomía personal, el libre albedrio que por demás es un postulado teológico, porque Dios no nos obliga a nada, ni siquiera a creer en él.

Nos ha costado gran dificultad entender, como lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C- 040 de 2006 que “En Colombia las políticas perfeccionistas no son de buen recibo, por cuanto no es admisible que en un Estado que reconoce la autonomía de la persona y el pluralismo en todos los campos, las autoridades impongan a través de sanciones un determinado modelo de virtud o de excelencia humana…Además, en virtud de tales medidas las autoridades sancionan a un individuo que no ha afectado derechos de terceros, únicamente porque no acepta los ideales coactivamente establecidos por el Estado, lo cual vulnera la autonomía, que es la facultad de cada persona de darse sus propias normas”.  Está demostrado que no se puede prohibir lo que no se puede controlar. De hecho llevamos más de 5 décadas luchando contra el mismo flagelo.

Por eso hablábamos al comienzo de la hipocresía. Porque entendemos que el problema no es ver a los farmacodependientes o adictos, ni los alcohólicos por las calles, parques u otras zonas del espacio público consumiendo. El problema es que existen y no dejan de existir por el solo hecho de que no los veamos.

El verdadero problema es que el Estado tiene el compromiso constitucional de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes e inherente a la vida es la salud. A eso se comprometió además desde la Aprobación de una Convención única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972 en un acuerdo multilateral a prestar atención especial a la prevención del uso indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, así como a fomentar, en la medida de lo posible, la formación de personal para el tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes. Igualmente se abrió la posibilidad de acuerdos interpartes conducentes a la creación de centros regionales de investigación científica y educación para combatir los problemas que originan el uso y el tráfico ilícitos de estupefacientes. 

Gran parte de dicho compromiso lo recogió la Ley 30 de 1986 al establecer la ya revaluada dosis mínima y pregunto: ¿Qué campañas de prevención, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social conocemos en pro de los adictos? Ninguna.

Según los Artículos 85 y 86 de la misma ley  30 de 1986, “el Ministerio de Salud incluirá dentro de sus programas  la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de farmacodependientes y trimestralmente enviará al Consejo Nacional de Estupefacientes estadísticas sobre el número de personas que dichos centros han atendido en el país,” pero ni programas de prevención, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social y menos, centros de rehabilitación públicos, ni personal adiestrado para cumplir dicho propósito existen. De hecho muchos policiales justifican su trabajo capturando indigentes o habitantes de la calle, adictos, quienes una vez judicializados quedan en libertad, ante el evidente abandono por parte del Estado.

La verdadera preocupación debe ser el ser humano, el fin último de la erradicación del consumo de estupefacientes debe ser la persona, no la certificación o la descertificación de los Estados Unidos, o si la erradicación manual es menos efectiva que la aspersión con glifosato, habida cuenta que los únicos países que la contemplan son Brasil y Colombia, en su intrincada” lucha contra los molinos de viento. ”

Preocupados por el ser humano y la salud pública, debería inquietarnos lo poco o nada que sabemos del perfil psicológico del adicto; qué tanto, poco o nada inciden en su personalidad las carencias venidas desde su infancia: falta de amor, exceso de gustos, poca disciplina, autoritarismo, cero obligaciones, carencias económicas, sobreprotección, ausencia de cuidado, abandono de los padres, familia extensa encargada de su crianza, en fin, múltiples factores.

Sin embargo, estudios realizados con un grupo de 108 dependientes de sustancias sicoactivas (alcohol, marihuana, clorhidrato de cocaína y otras drogas) que se encontraban en tratamiento en la ciudad de Lima, coinciden con muchos autores en que no existe una personalidad típica del adicto sino rasgos comunes a todos los fármaco dependientes (Zabaleta 2001), tales como:  búsqueda de sensaciones, conflictos de identidad, poca tolerancia a la frustración, impulsividad, autoestima inadecuada, sentimientos de culpa, miedo o temores irracionales, tensión, ansiedad asociada a sentimientos de inferioridad, en síntesis una estructura de la personalidad vulnerable, son factores  de riesgo para el inicio de consumo de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol que es socialmente aceptado en nuestra colectividad e incentivo casi obligado de las relaciones públicas y sociales.

Estamos convencidos de que  una familia bien avenida, soportada por lazos de amor, confianza, seguridad, brindan al ser humano el soporte emocional necesario para enfrentar la vida y sus avatares.  Y no necesitaremos prefabricarle un mundo, sino que lo entregaremos al mundo equipado para no evadir realidades y responsabilidades. Con la posibilidad de ser feliz sin socavar derechos fundamentales del prójimo.

Ese afán de ignorar el problema de la drogadicción pretendiendo que los adictos consuman a hurtadillas en sus casas, me hizo recordar la leyenda bugueña que cuenta que para la época de la colonia en cada casa había un bobo amarrado a un palo de papaya, que nacía como resultado de los consecutivos matrimonios entre familiares para conservar la estirpe y la fortuna heredada de los ancestros y no saliera de ese círculo nobiliario.

No busquemos esconder el problema, busquemos la solución. No solo tenemos plantaciones de coca, marihuana y amapola. Tenemos consumidores gracias a la ausencia de programas de prevención y nos compete su tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social. Seamos libres para reconocer nuestra realidad, enfrentarla y enderezarla, fortaleciendo la familia.

*Las opiniones plasmadas por los columnistas en ningún momento reflejan o comprometen la línea editorial ni el pensamiento de Plus Publicación.