El Catastro Multipropósito y la Procuraduría General de la Nación

El origen y fundamento de estas líneas es la inconformidad de la ciudanía de Girardot con la actualización catastral, como consecuencia del tan mentado catastro multipropósito, el regalito que nos dejó la administración pasada en cabeza de Lozano y los concejales del periodo anterior. Es necesario aclarar que no son todos, hablan de doce que votaron afirmativamente.

Igualmente, el asombro y perplejidad del cual aún no sale la población de Girardot, en su gran mayoría con la noticia que circuló ayer en los medios digitales, con el titular: “¡Se enciende escándalo, Procuraduría archivo la investigación contra el exalcalde Lozano en menos de 20 días hábiles ¡el huracán no será apagado ¡”. La nota hace referencia al expediente identificado como E2023-548890 D2023-3142833, manifiesta el escrito: “Es desconcertante que la Procuraduría haya archivado la investigación con tanta premura, máxime cuando la Contraloría del Departamento halló mérito para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial con los recursos del municipio”.

Con respecto a la actualización catastral, la administración actual con el alcalde a la cabeza, junto con el secretario de Hacienda y el jefe de catastro, en diferentes entrevistas concedidas a los medios virtuales de Girardot han manifestado que no pueden hacer nada al respecto, que el no cumplimiento del Decreto expedido por la administración Lozano les puede acarrear sanciones disciplinarias y hasta penales. Nada más alejado de la realidad, el eslogan de la administración Salomón: “GIRARDOT SOCIALMENTA JUSTA”, no se ajusta a la realidad, si fuera justa, el alcalde debería expedir un decreto suspendiendo el Decreto de Lozano o derogarlo y darle una pausa a los girardoteños para que puedan hacer sus reclamaciones. (Existe un principio de dogmática jurídica que dice: En derecho las cosas se deshacen como se hacen). Moraleja: la administración Salomón sí puede hacer algo en beneficio de la comunidad girardoteña, que no lo quieran hacer ya es otra cosa, que, en lugar de ser justa, es injusta. Así las cosas, lo que han venido afirmando en los medios, no es cierto. En consecuencia, la administración Salomón no es socialmente justa.

Es entendible que la actual Administración sea condescendiente con el Decreto expedido por el alcalde Lozano en su momento, los ingresos se van a multiplicar, va a tener esta administración más recursos para inversión, eso espero, y no se dilapiden en funcionamiento.

Ahora bien, de todos es conocido lo acontecido en los dos últimos años con respecto a la actuación de los concejales y de la administración pasada con respecto a la creación de la SEM (Sociedad de Economía Mixta), y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Acuerdo 006 de 2022, no ahondaré en estos aspectos ya de todos conocido.

Lo que importa es mencionar la actuación de los concejales de Girardot (los doce) con las decisiones tomadas en sus sesiones plenarias en razón a lo sucedido en Soacha:

“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra 17 exconcejales de Soacha entre el periodo 2020-2023, por presuntas irregularidades en un proceso que permitió autorizar al exalcalde Juan Carlos Saldarriaga, constituir una sociedad de economía mixta para la operación del servicio catastral, comprometiendo el uso de recursos públicos.

Los servidores pudieron incurrir en una falta disciplinaria al omitir el cabal cumplimiento de sus deberes y pasar por alto que en lugar de lo solicitado por el mandatario local se debieron ceñir a lo exigido por la ley y conformar una sociedad de tipo industrial y comercial del Estado.

Una vez se obtuvo el aval del cabildo, Saldarriaga junto con otra persona jurídica constituyeron la sociedad de economía mixta denominada Catastro Avanza, sociedad por acciones simplificada y con el objeto de ofrecer servicios públicos catastrales tanto para el municipio, como para otros territorios

Para la Procuraduría, los excabildantes posiblemente vulneraron el principio de moralidad que rige la función administrativa, por lo que de manera provisional calificó su conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima”. (Bogotá am/ pm) página web.

En el mismo sentido, el periódico El Tiempo destacó la noticia así: La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos este domingo en contra de 17 exconcejales de Soacha, Cundinamarca, que estarían inmersos en varias irregularidades por una autorización que le dieron al alcalde del municipio.

Esta decisión, que se traduce en un llamado a juicio disciplinario, a quienes estuvieron en el Concejo entre 2020 y 2023, “Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá, ellos habrían estado detrás de la autorización irregular que se le dio al mandatario local para constituir una sociedad de economía mixta para la operación del servicio catastral, para la que además se comprometió el uso de recursos públicos.

Ese tipo de actuaciones supuestamente se traducen en una falta disciplinaria, pues no tuvieron en cuenta el deber que les corresponde de hacerle vigilancia a lo que pide el alcalde al Concejo de Soacha.

Así las cosas, para el órgano de control dirigido por Margarita Cabello Blanco "se debieron ceñir a lo exigido por la ley y conformar una sociedad de tipo industrial y comercial del Estado".

El alcalde de Soacha, una vez obtuvo el aval del Concejo, junto con otra persona jurídica constituyeron la sociedad de economía mixta denominada Catastro Avanza, sociedad por acciones simplificada y con el objeto de ofrecer servicios públicos catastrales tanto para el municipio como para otros territorios", reseñó la Procuraduría.

En el juicio, los 17 exconcejales tendrán que responder por presunta falta al principio de moralidad, conducta calificada como grave cometida a título de culpa gravísima”.

Carlos López Redacción Justicia (tomado de El Tiempo).

No conozco el al expediente identificado con el número E2023-548890 D2023-3142833, que circuló en días pasados en diferentes medios digitales de Girardot, no obstante, infiero que la situación vivida en Soacha es la misma que vivimos en Girardot, comparando las dos cosas suscitadas en ambos municipios.

En este orden de ideas, no se entiende, porque la Procuraduría Provincial de Fusagasugá llama a juicio disciplinario a 17 concejales de Soacha, y la Procuraduría Provincial de Girardot, archiva el expediente en mención, ¿será que las facultades de derecho enseñan de una manera diferente?, ¿incide la universidad?, más extraño aun, es la falta de unidad de criterio en el ente de control disciplinario. Ello da para mucho qué pensar. ¿Será que unos procuradores provinciales acatan los lineamientos de la procuradora general de la nación, y otros se apartan de tales directrices? Les dejo esa inquietud planteada.

*Luis Roberto Acosta Díaz ha sido jefe nacional de control interno de la ESAP, decano de la facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la ESAP; contralor municipal de Girardot y gerente de la Empresa de Teléfonos de Girardot, entre otros cargos.