De pandemia a sindemia, un término más político

Nuevamente el pueblo colombiano se ve obligado por las  equivocadas decisiones políticas  del gobierno de Duque y su partido, a salir a protestar esta vez con caravanas y marchas, eso sí, con los debidos protocolos de bioseguridad.  

La vida, la democracia, la soberanía y en general el estado social de derecho están  mancillados y crecen las amenazas. “La ONU expresa que 48 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, entre los que se incluye a nueve líderes de comunidad étnicas, fueron asesinados en los primeros nueve meses del año. Pero quizás, el dato más grave que arroja el documento es que 19 niños y niñas y 12 mujeres fueron víctimas de las masacres”.(1)

 Aquí no se respeta el derecho absoluto a la vida y ahora,  los niños, niñas y jóvenes que son la esperanza,  también están siendo asesinados. Como si fuera poco, se suma a este vergonzante y doloroso panorama, un sinnúmero de decretos y leyes expedidos en medio de la pandemia, que vulneran derechos conquistados por los y las trabajadoras, igual que derechos fundamentales como la salud y la educación, lo que viene profundizando la pobreza, desesperación y generando una gran  desesperanza.

Cada vez es más grande la  concentración en pocas manos privadas de la riqueza de los pueblos y el control político, esto ha profundizado una gran sensación de pérdida de poder y ausencia de reconocimiento, que hace que la gente no se sienta representada por quienes gobiernan pues lejos de favorecer los intereses colectivos de la población, a diario se legisla y actúa favoreciendo al capital financiero y a los grupos económicos más poderosos, recrudeciendo la precariedad de la mayoría de la población sin que se vislumbre la posibilidad de conseguir  un trabajo en condiciones de dignidad. Decretos como el 1174, son claramente un asalto a los derechos de la  clase obrera y proletaria del país;  el Proyectos de Ley  010, lejos de subsanar los males de la ley 100 de 1993, perfecciona el negocio en  manos de monopolios y cambiando las cuestionadas EPS por Aseguradoras en Salud (AS),  marchitando más la red pública hospitalaria y sin que se vislumbre la garantía del derecho para los usuarios.

Si lo anterior no les parece suficiente, con la educación el gobierno insiste  en sus Directivas Ministeriales  11 y  16 en enviar a las comunidades educativas bajo la figura de la alternancia, eso sí, descargando la responsabilidad en los entes territoriales, secretarías de educación y consejos directivos de las instituciones educativas.  Sumado a ello, el proyecto de Ley presentado por el partido Centro Democrático “Home School”, tampoco resuelve la garantía del derecho a la educación en condiciones dignas y de  calidad.  Indudablemente todos(as) queremos volver a nuestro escenario, las aulas, pero con plenas garantías por parte del Estado.

Es claro que la pandemia  ha permitido desnudar como en el cuento del emperador y su nuevo traje, una larga lista de pandemias como la corrupción, la polarización, la indiferencia y la creciente pobreza de la mayoría de colombianos, consecuencia del modelo económico y la mezquina clase política que ha gobernado y sigue en el poder.  En este contexto, la Minga Indígena es un gran ejemplo de resistencia, de dignidad, de solidaridad y cultura ancestral,  avanzan reclamando que se les respete la vida y sus territorios. Han sido víctimas desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, de la expropiación, explotación y exterminio. Deben ser escuchados por el presidente, al igual que todos los demás sectores sociales del país, unidos en el Comité Nacional de Paro –CNP-, que ha convocado para los días  20 y 21 de octubre, a un paro nacional de 48 horas, para  exigirle al gobierno Duque,  el respeto por la vida,  la paz,  el cumplimiento a los acuerdos,  el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y contra la alternancia.

Las comunidades educativas vamos a participar, no somos ajenas a la desnudez que ha mostrado la pandemia. Vamos a decirle al gobierno que después de casi un año del histórico paro del 21 de noviembre de 2019, la situación ha venido empeorando en materia laboral, social y en salubridad y no es solo consecuencia de la pandemia, sino fundamentalmente por la carencia de una política pública que  haga real el Estado Social de Derecho ordenado en nuestra carta magna de 1991. Aquí cabe un nuevo concepto, Sindemia, un término que incluye no solo la enfermedad sino la  unión de ésta,  con la situación de pobreza y la dificultad para acceder a salud y buena alimentación. “No es una pandemia, es una sindemia”, dijo el editor de la revista médica The Lancet, Richard Horton, quien claramente afirma que la única manera de controlar la  infección por completo, es teniendo en cuenta la biología y atacando factores sociales relacionados, como pobreza, vivienda, educación, empleo, todos ellos potentes determinantes de la salud de la población. El término ‘Sindemia’, fue acuñado en los 90 y formado a partir de ‘sinergia’ y ‘epidemia’ y que ahora, algunos reclaman que se empiece a usar para la Covid.”.(2)

Así las cosas, la inversión social debe ser una prioridad por éste y futuros gobiernos,  si no queremos que sigan siendo los más vulnerables, como siempre, las mayores víctimas de esta enfermedad, de la pobreza y del hambre.

[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/masacres-en-colombia-19-menores-de-edad-asesinados-en-2020-segun-la-onu/202016/.

[2] https://www.lavanguardia.com/ciencia/20201016/484100587900/covid-pandemia-sindemia.html.