Girardot y un comodato pésimamente administrado

El espectáculo mediático creado alrededor del «desalojo» a realizarse en un predio ubicado en el barrio La Magdalena en Girardot,  en donde se encontraron perros y gatos albergados, debe servir para mucho más que desinformar e incentivar odios.

Debe ser útil para insistir en la necesidad de construir el albergue municipal para fauna (coso municipal), del que cada cuatro años los alcaldes se desentienden siendo este un tema de salud pública.

Antecedentes los hay. En una rendición de cuentas entregada por la secretaria de Salud en el gobierno de Fabián Villalba (no recuerdo la fecha), reveló que en el municipio se registraron en un año cerca de 500 mordeduras ocasionadas por perros callejeros. Escandalosa cifra que no fue suficiente para que se iniciara la construcción del albergue municipal.

Luego en enero de 2020, Ana Judith Gamboa, secretaria de Salud iniciando el gobierno de Lozano, en un informe que presentó sobre las diez primeras causas de mortalidad y morbilidad en la casi ciudad durante el 2019 confirmó: «El segundo evento de interés en salud pública que se presenta en Girardot son las agresiones por animales potencialmente peligrosos, terminando el año 2019 con un total de 545 casos». Al preguntárle sobre la construcción del albergue municipal para fauna contestó: « […] es una de las prioridades del señor Alcalde, pero está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno». Veinte meses después ha quedado como todo en esta Administración, ¡en nada!

Así las cosas, lo más importante que debe resultar de este melodrama del que diferentes sectores sociales y oportunistas intentan aprovecharse a costa de perros y gatos abandonados e indefensos, es exigirle de manera rotunda y meridiana a Francisco Lozano Sierra la ejecución de esta obra que no da más espera. Ni alcaldes, y menos exdirectores del Datma y la Umata de administraciones anteriores presionaron para su construcción, no obstante existir una normatividad nacional que así lo exige.

Para hablar de la legislación reciente hay que recordarle a Lozano que la Ley 2054 de 2020 coloca sobre su escritorio la obligación de ofrecer « […] un lugar seguro; centro de bienestar animal, albergues municipales para fauna, hogar de paso público, u otro a donde se llevarán los animales domésticos […]» de compañía, víctimas de abandono o tenencia irresponsable.

Pero si el Municipio de Girardot carece del dinero para la construcción del albergue, pretexto que veo venir, entonces como mínimo debe « […] apoyar las labores de los refugios o fundaciones de carácter privado que reciban animales domésticos […]» a través, dice la misma Ley, « […] de aportes directos en especie destinados al beneficio directo (sic) a los animales que se encuentren en el refugio». Hecho que, de acuerdo a declaraciones de animalistas como Clara Urueña y otros, nunca ha sucedido en la casi ciudad.

Ahora hablemos de verdades a medias y mentiras completas dichas alrededor del caso de «desalojo»:

Girardot es tenedor del inmueble por un contrato de comodato acordado entre el departamento de Cundinamarca (Secretaría General), y el Municipio de Girardot, para que en él se desarrollaran programas en beneficio de la población vulnerable, entendiéndose que se refieren a personas. Es el Contrato Interadministrativo de Comodato No 076 de 2015 suscrito, en principio, por tres años.

El proceso 2019-521 de la Inspección Alcaldía Municipal de Policía, cuya audiencia pública se realizó el pasado 10 de agosto de 2021, es el resultado de una querella policiva por «Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles», contra Julio Flórez y demás personas, interpuesta por el Municipio de Girardot en abril de 2019, siendo su representante legal el  exalcalde César Fabián Villalba Acevedo. Hablamos del inmueble conocido en algún momento como Centro Administrativo Provincial del Alto Magdalena (CAP).

El exalcalde solicitaba con la querella que se «decretara el lanzamiento por ocupación de hecho», a quienes estuvieran en el predio sin autorización del comodatario, es decir del Municipio de Girardot.

La llegada de Jenny Victoria Acosta Muñoz al inmueble, quien se presenta como la representante legal de la Fundación Girardot Animalista, ocurre al parecer por la propuesta hecha por Julio Flórez para que ocupara el predio utilizándolo como albergue para perros y gatos, a lo cual accedió según declaraciones entregadas a Plus Publicación.

De lo anterior se puede colegir cómo Jenny Victoria Acosta termina involucrada en el proceso, tanto que la Inspección de Policía la cita a audiencia pública como representante legal de la Fundación Girardot Animalista para que demuestre los requisitos exigidos para el ejercicio de esta actividad.

Pero aparece una situación que confunde la actuación de la inspectora y de la Administración Municipal: se afirmó que la Gobernación de Cundinamarca había solicitado la recuperación del inmueble por parte del Municipio, hecho que fue desmentido originando suspicacias, comentarios y señalamientos contra la Administración actual.  Pues la verdad es que la comunicación con la que se solicita un informe en donde «[...] demuestren el desalojo de las personas que están haciendo uso del predio sin la debida autorización» sí existe, con fecha 14 de abril de 2021, como respuesta a la negación de una solicitud del Municipio de ampliación del comodato, o prórroga, soportada en una visita técnica de campo efectuada el 26 de marzo de 2021.

En medio de tantas respuestas que se buscan, hay un hecho que no queda claro: ¿por qué se firma un Otrosí el 11 de septiembre de 2018 prorrogando el Contrato Interadministrativo de Comodato 076 de 2015, por tres años más, si se habían presentado irregularidades en los primeros tres años?

Verbigracia haberse evidenciado un mes antes, (el 11 de agosto de 2018) que el predio no estaba siendo utilizado para desarrollar programas en beneficio de la población vulnerable de Girardot, y que al parecer se encontraba ocupado por terceros, según oficio remitido por el director de Bienes e Inventarios del Departamento a César Fabián Villalba, en marzo de 2019. Se entiende que ya en el 2018 se habían hecho  requerimientos para que se entregara de manera inmediata un informe explicando las actividades que se desarrollaban en dichas instalaciones sin que se obtuviera una respuesta al respecto.

En conclusión, se termina en un litigio porque el inmueble recibido en comodato desde el 2015, durante prácticamente seis años quedó abandonado. A pesar de ello esta Administración también solicitó la prórroga sin entenderse con qué intención, si el predio no está siendo utilizado en ninguna actividad del Municipio, pero sí continuaría acarreando gastos injustificables como la deuda del impuesto predial, que de acuerdo al informe de la visita técnica de campo antes mencionada, registra un valor pendiente de pago por $35.022.000.00. O la obligatoriedad de realizar los arreglos, reparación y mantenimiento a un predio que no le entrega a la casi ciudad ningún beneficio económico ni social.

Este caso, el del bien inmueble recibido en comodato, ¡para absolutamente nada!, es otra demostración de la abulia crónica administrativa que se vive en la casi ciudad, en donde los hechos negativos cubren de lejos los discursos amañados y las fotografías de prensa con las que pretenden gobernar, como si la administración pública fuera exitosa por una exposición serial de registros fotográficos acomodados, que al final  logran desmentir lo que se esfuerzan en reafirmar y demostrar.

Aquí lo único que queda claro es que el alcalde Lozano debe construir inmediatamente el albergue municipal para fauna, y separarse del comportamiento malsano de los demás alcaldes, apoyando irrestricta y permanentemente a las fundaciones legalmente creadas para la protección de los animales.

Resta esperar la decisión de segunda instancia que debe entregar la Secretaría de Gobierno como autoridad especial de policía.