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La justicia debe funcionar en todas las direcciones

La justicia debe funcionar en todas las direcciones

Todos coincidimos, estoy segura. Si no todos, sí muchos, en que la democracia no es en sí un juego, una actividad sin ningún tipo de seriedad y menos, sin responsabilidad, porque no hay juego en donde lo acordado no se respete y se cumpla.

Todo lo contrario.  La democracia, como el sistema político que desde los griegos adoptaron diferentes pueblos, para gobernarse, elegir a sus gobernantes y a la vez controlarlos, exige, como en todo pacto de caballeros respeto por la autoridad fruto de este acuerdo. Por eso existen los árbitros o jueces.

Así como existe el “fair play” en el futbol, el juego limpio entre nosotros debe ser la regla a seguir.

Esta  autoridad está dotada de una herramienta fundamental: la Constitución, que contiene un número de reglas que apuntan a la democracia; a que todos podamos disfrutar de garantías para el ejercicio de los derechos consagrados para todos; para que podamos disfrutar de una convivencia quieta, tranquila y pacífica sin que ninguna de las tres ramas del poder público estorbe a las otras en el cumplimiento de su deber o mejor, de la función encomendada por cada uno de los asociados a través del voto popular.

La historia nos trajo hasta aquí, después de muchas luchas fratricidas, abusos y discriminación sin importar el motivo: económico, social, político, religioso, racial u otro; pasando por todo esto llegamos a la conclusión de que universalmente somos iguales. ¿Iguales, cómo así? No somos iguales en género, sexo, estatura, color de piel, contextura, profesión, etcétera, etcétera.

Pero sí, iguales. Iguales en derechos, y también en obligaciones. En mayor o menor grado. Como esa igualdad no es posible per se, existen normas para hacerla real y efectiva como el artículo 13 de nuestra Constitución Política.

Otra de esas normas, el artículo 6, divide a los asociados en dos grupos: los asociados o particulares, ciudadanos comunes y corrientes que constituyen el tejido social diverso, y aquellos que forman parte de la autoridad vinculados a alguna de las ramas del poder público, llamados servidores públicos. Entre estos algunos logran destacarse gracias al voto popular, ungidos por la elección de los demás habitantes del país. Los servidores públicos no son distintos de nosotros, ni mejores ni peores, salen del seno de la democracia para servir al conglomerado mediante una remuneración en algunos casos generosa.

Así las cosas, dice la norma: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades (servidores públicos) por infringir la Constitución y las leyes”.

Por su parte, “Los servidores públicos lo son (responsables) por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, es decir, como dice la Biblia: al que mucho se le ha dado, mucho más se le exige.

Esta explicación para tratar de entender por qué en los días próximos al 3 de agosto, la incertidumbre por la suerte del senador Álvaro Uribe Vélez, servidor público como senador que es y la de su abogado Diego Cadena, particular,  copaban la atención del país y de los medios de comunicación. Los inclinados a Uribe, anhelaban una decisión favorable; por Cadena la preocupación era menor, pues es un particular más como tantos de nosotros, y cabía pensar que lo accesorio corre la suerte de lo principal, es decir, sería cobijado por la misma medida de Uribe.

El 3 de agosto de 2020, la Corte, con la independencia que la caracteriza y la serenidad que exige e imprime su investidura, anunció su decisión y algunos medios de comunicación, pretextando informar, caldeaban los ánimos, reproduciendo las protestas de los adeptos de Uribe y del gobierno. Protestas nada pacíficas, cargadas de emocional parcialidad en contra de la Máxima autoridad judicial de la Nación.

Hasta el presidente de la República varió su discurso de campaña de que “El que la hace la paga”, para dar su respaldo irrestricto como si no fuese su deber como servidor público guardar prudencia sin interferir en las decisiones de otra de las ramas del poder público. ¿En dónde queda su imparcialidad?

Debería ser claro para todos que la justicia debe atenerse solo a los elementos que le arriman, sin importar el tan conocido “quien soy yo”. Se remite a hechos puntuales, sin tráfico de influencias. Pierden objetividad quienes olvidan que el mismo senador Uribe tramitó una denuncia contra el senador Cepeda ante la Corte, y la Corte después de investigar encontró hechos que llamaron su atención y decidió investigar a Uribe, mientras ordenó archivar para Cepeda.

Protestan airados como si una condición especial lo eximiera y según la Constitución todos estamos sometidos al arbitrio de la Ley.  Nada impide que él o cualquiera de los asociados sea investigado por soborno y fraude procesal.  Ninguno de nosotros sabe lo que contiene cada uno de los miles de expedientes que hay en los juzgados del país.  Solo lo saben los jueces y deciden de acuerdo a lo que hay. Entonces, ¿por qué agredirlos e irrespetarlos?

Ojalá no nos dejemos meter en ese juego. Aboguemos porque cada uno de nosotros respete la ley. Respetemos las señales de tránsito, cumplamos el aislamiento, atendamos las leyes y viviremos en paz.

El respeto a la fuerza pública y a la autoridad ha ido en desmedro por el mal ejemplo de quienes insultan a jueces y magistrados o invitan a la desobediencia civil para su beneficio personal. Olvidan quienes así proceden que nuestra seguridad jurídica depende de la autonomía, independencia e imparcialidad de la Justicia.

¿Por qué cuando la justicia decide dar la oportunidad de una segunda instancia al exministro Arias le llueven bendiciones y halagos? ¿Pero cuando la justicia decide imponer una medida de aseguramiento preventiva en el domicilio, entonces llueven rayos y centellas? La doble moral de que la justicia es buena cuando me concede y mala cuando me niega no es el camino a seguir. Cuánto mal se le hace a la nación con esta postura. Juguemos limpio.

Con las letras también se puede jugar y así como con las mismas letras se escriben zorra y arroz, las palabras acatar y atacar utilizan las mismas letras para conformarse como unidad léxica, pero no significan lo mismo, solo marcan la opción que como ciudadanos debemos adoptar frente a las decisiones judiciales.

Las decisiones de los jueces se acatan. Nunca se atacan. Si no estamos de acuerdo podemos interponer recursos para que otro juez revise y corrija si hay un error. Si está de acuerdo, entonces confirma la decisión.

Ojala que por eludir responsabilidades no lesionen a la justicia para meterle un gol a la democracia cercenado al poder judicial.

*Las opiniones plasmadas por los columnistas en ningún momento reflejan o comprometen la línea editorial ni el pensamiento de Plus Publicación.