Cemento, cementerios, mitos y leyendas

En Colombia en las dos últimas semanas se reiteró la cultura pendenciera y bravucona de emergentes y seudociudadanos que amenazan asesinar por la espalda a quienes piensan diferente; junto a ello, la rutinaria conmemoración, ahora de cuarenta años de impunidad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, o la intención de alterar la historia para sepultar la verdad.

Comencemos por decir que en realidad ninguna persona tiene cemento en el cerebro. Endilgárselo a cualquier ser humano es una agresión que demuestra incapacidad intelectual y argumental de quien lo afirma.  

Así fue increpado por una precandidata a la presidencia de la república, de la oposición, el periodista y director editorial de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, durante una entrevista que de la reverencia y zalamería con la que comenzó, pasó a los insultos por parte de la señora, para descalificar la posición del periodista y con su acostumbrado sentido negacionista  ̶̶ como el mito histórico que es para ella la masacre de las bananeras ̶̶ ,  señalar que en Colombia no ha existido conflicto armado, y mucho menos que el partido político Unión Patriótica fue víctima de un exterminio sistemático con la participación de agentes del Estado colombiano.

Según su explicación, basada en una ficción que coloca a los comunistas en el plano de las bandas criminales o delincuentes que solucionan sus diferencias territoriales y de negocios ilícitos con venganzas mortales, afirmó que «[…] el partido Comunista usa como método la depuración. ¡Ellos se asesinan entre ellos!».

En contradicción a esta posición que estigmatiza, deshonra y maltrata la memoria de sus militantes y sus familias, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia del 27 de julio de 2022, al constituirse la Unión Patriótica en organización política, como resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las FARC y el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, «Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP».

Considera la CIDH, además, que no es suficiente analizar el fenómeno desde la violación a los derechos humanos de casi 6000  personas que militaban en la UP, sino que, al considerar la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión y la libertad de asociación, los que todos juntos propician el «juego democrático», tuvieron «un verdadero daño colectivo en toda la sociedad […]», reconociendo que la sociedad colombiana heredó a partir de este genocidio «[…] la instauración de un sistema de violencia política generalizada contra aquellos opositores que son identificados como enemigos de la patria».

En síntesis, no hay mitos ni leyendas sobre lo ocurrido en esa ignominiosa época para la frágil democracia de un país desmembrado desde los territorios y saqueado infinitamente desde su erario.

A propósito, antenoche se celebró el acto de reconocimiento, reparación y perdón a las víctimas de la Unión Patriótica por parte del Estado Colombiano.

La historia de Colombia se debe relatar de manera clara y sincera; de frente y honestamente; sin tapujos y con todas las letras. No se puede disimular con distractores ni atajos históricos la violencia, que para algunos empezó en 1946 con la llegada del conservatismo al poder, dos años antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán; pero que 79 años después no cesa, por otros motivos y con otros actores en el escenario, muy a pesar de millones de colombianos.

Cuatro días después de conmemorarse cuarenta años de gran impunidad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia, no se puede llamar a engaños buscando en diferentes direcciones quién fue el responsable de tan horrenda historia. Ni el M-19, ni el Gobierno de Belisario Betancur desde la autoridad absoluta de los militares pueden despojarse de la responsabilidad de semejante masacre, cada uno con sus culpas. Hoy los archivos, las investigaciones, las sentencias internacionales los señalan como responsables. Y no es un mito ni leyenda.

En este caso también la CIDH en Sentencia del 14 de noviembre de 2014 condenó al Estado colombiano «[…] por la desaparición forzada de 11 personas que estaban en el Palacio de Justicia, así como la violación de los derechos a la vida, libertad personal, integridad personal y reconocimiento de la personalidad jurídica de estos. De igual manera lo declaró responsable por la violación de garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas forzadamente».

Ese negacionismo a ultranza y adrede, que intenta desviar la mirada de los verdaderos responsables desde las palabras acomodadas o no dichas, para que en el tablero solo aparezcan cuadros blancos y negros, cuando los matices abundan dejando ver claramente que, en esta violencia repetida desde diferentes momentos y actores, con nuevos intereses, todos ellos tienen diferentes grados de responsabilidad. Y que no es disimulándola con falacias que se soluciona esta tragedia que nos hace suigéneris en el mundo, sino que, en un acto de contrición y respeto a las víctimas y a Colombia, se digan las verdades, aunque duelan, degraden, desesperancen.

Este panorama que desmotiva y agrede, se enrarece aún más cuando aparece «gente de bien» que, intentando salir del anonimato, utiliza un discurso matón en donde propone obligar a correr a alguien para dispararle por la espalda, pareciéndole que es equivalente a expresar una opinión. Son los mismos y mismas que con balas contra quienes no les agradan creen contribuir con la no violencia en el país.

Con cemento es que se han construido las lápidas de la violencia en los cementerios de Colombia, que advierten, por si acaso, que pensar diferente a tres o cuatro clanes puede ser peligroso.