La inacción ante la invasión del espacio público es el personaje del año en Girardot

Finalizado cada año o al inicio del otro existe la tradición mediática de elegir el personaje del año; casi siempre es aquel que haya aportado positivamente en algo a la humanidad o tenga un reconocimiento al unísono en determinada comunidad.

Aunque no soy cercano a estas distinciones que, casi siempre, son antipáticas, amañadas, viscerales o sesgadas, no justas y equilibradas, hago una excepción: para esta ocasión señalaré no a una persona, sino a un fenómeno que afecta negativamente la imagen y la sana convivencia de la casi ciudad.

Sería una omisión imperdonable no hacerlo, cuando la pérdida diaria de un pedazo de andén o calle de Girardot debo destacarla como la inacción de gobierno más notable y lesiva en el 2024.

Aunque es el secretario de Gobierno, Julián David Mayorga Mayorga, quien tiene entre sus funciones la recuperación del espacio público, o al menos, la de no permitir que se triplicara exponencial, abusiva y amenazantemente la invasión de los negocios formales hasta la mitad de las calles, o a lo ancho y largo de los andenes, no es él mi personaje; al final, es claro que ninguna gestión administrativa es exitosa si el responsable de ella no es eficiente.

Esta preocupación se la he manifestado tanto al alcalde de Girardot como al mismo secretario. Aunque cuando lo hice a este último, yo haya quedado desconcertado, él, como funcionario, quedó muy mal parado. En una rueda de prensa de seguridad realizada en el comando de la Policía de Girardot (17.05.2024), ante mi insistente y constante interrogante de por qué, al menos, no se decomisan los tropezones con los que numerosos comerciantes estorban el libre tránsito peatonal y vehicular, solo atinó a decirme en una conversación informal que no tenía en donde amontonarlos; excusa inaceptable para tamaño problema.

El mismo día le indiqué que sobre los tropezones y publicidad externa no hay nada qué inventar; que en el mismo Acuerdo 029 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial (POT) – Normas Integrales), el Artículo 149 es explícito y claro cuando indica que, «No se permite ningún tipo de publicidad que se ubique en el andén a excepción de aquella que se conceda dentro del amoblamiento urbano. Es decir, quedan prohibidos los tropezones, bicicleteros o similares». Esto solo me sirvió para confirmar que el problema no es de desconocimiento de la norma sino de falta de autoridad.

Hablo de tropezones y también de conos o balizas enlazadas con cadenas plásticas o metálicas parcelando parte de la vía pública, demostrando nuevamente que el gran desorden no es por los carretilleros. Lo propician numerosos comerciantes que, con intención o sin ella, la Administración los invisibiliza cuando dan a entender que invasión de espacio público y carretilleros son sinónimos, y no es cierto en su totalidad.

Aunque siempre que me ha atendido, por cierto, de la manera más respetuosa, el secretario me demuestra conocimiento del asunto, con lo que permite en la calle se entiende que no tiene la voluntad o capacidad para mitigar la invasión o recuperar el espacio público, o que carece de la autonomía para ello; cualquiera de estas posibilidades debilita la institucionalidad.   

Y claro, ante la falta de decisión, de políticas públicas o voluntad para, al menos, evitar que se multiplique el fenómeno, se permite, tal vez involuntariamente, que se desvie la mirada hacia los informales cuando se utilizan palabras como socialización, censo, concertación, caracterización, mínimo vital, confianza legítima o política pública de espacio público, la que, a propósito, pasado el primer año de gobierno no se escucha nada sobre su formulación.

Con este glosario se entiende, equivocadamente, que la recuperación del espacio es un proceso engorroso. Pues, me atrevo a señalar que el 99 por ciento de la sobreabundante literatura jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional de Colombia sobre preservación y recuperación del espacio público se enfoca en los vendedores estacionarios, semiestacionarios y ambulantes, no en los formales, para los que, creo, existe otro tipo de recursos legales.  

A ellos les atañe procedimientos diferentes precisamente por nacer dentro de la norma. Por ejemplo, los acompaña un permiso de uso de suelo que sirve, entre otros aspectos, para definir el sector económico al que pertenecen para que en el caso de los negocios de ornamentación, pintura, comida, etcétera, no sean abusivamente incrustados en los andenes y vías vehiculares (Artículo 147 POT).

Creo, y que alguien me corrija, que allí no existen pasos como censo, concertación, caracterización, y mucho menos reubicación. Entonces, ¿por qué la inacción de las autoridades, incluida la Policía Nacional que tiene esta tarea asignada dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana? (Artículo 140- Del cuidado e integridad del espacio público).

Con un agravante: cada cuatro años comienzan un nuevo proceso de socialización, al menos con los vendedores ambulantes, como si los gobiernos anteriores no hubieran adelantado nada al respecto. Si bien es cierto que es la política pública la que institucionaliza planes, programas y proyectos, no se entiende por qué cada cuatro años hay que comenzar de cero, transitando hacia un despeñadero sin fin.

Nada de lo anterior sugiere desatención a la invasión del vendedor ambulante, que también se ha incrementado. Porque de no hacerse, en los próximos tres años se continuará perdiendo todo lo que se logró en el pasado sobre la carrera décima, cuando fueron reubicados protegiendo sus derechos constitucionales.

En conclusión, por ser de una incidencia mayúscula, porque afecta desde varios ángulos el normal comportamiento ciudadano y funcionamiento de ciudad, le otorgo la más importante distinción (antidemocráticamente y sin voto popular) como el Personaje del Año 2024, a la inacción en evitar la proliferación, y a la no recuperación del espacio público invadido por un extenso sector del comercio formal de la casi ciudad.

Los demás, son harina de otro costal.