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¡Girardot otra vez en la picota pública!

La noticia de ayer en la mañana anunciando la citación a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Girardot, Francisco Lozano Sierra, cayó como baldado de agua fría a sus «amigos» de política, pero también refrescó los lares de aquellos que lo aborrecen a morir, o los que vienen promoviendo, en voz no muy baja, la revocatoria de su mandato.
Pero en este coctel de vísceras y emociones agitadas hay un tercer actor menos apasionado: los que pensamos que con una inhabilidad contra Lozano la que notoriamente pierde es la casi ciudad. Y que esto no se entienda, como algunos malintencionados suspicaces pueden hacerlo ver, una defensa hacia el alcalde o la apología a malas prácticas, ¡no señor! Si el alcalde Francisco Lozano Sierra es culpable, por supuesto que debe asumir las consecuencias de sus acciones equivocadas.
Su inocencia o culpabilidad es una cosa, y otra muy diferente es el daño que recibe Girardot con la llegada de unas elecciones atípicas que obligarían, en principio, a un alcalde (E), y a emprender otra campaña electoral sin que a la vista haya candidatos con la formación y el carácter que puedan imprimirle a este pueblo resquebrajado y agónico una impronta que como mensaje principal lleve impresa la palabra HONESTIDAD.
De las elecciones pasadas, tres de ellos se encuentran impedidos por estar ocupando en este momento cargos públicos. Quedarían tres restantes, que sabrá Dios si aspirarían nuevamente a dirigir una gerencia que lleva décadas descarriada y chueca.
No es una cuestión de menor importancia que Girardot nuevamente, y de manera consecutiva, se vea expuesta al laberinto de los encargados, designados, y en este caso particular incluso a elecciones atípicas.
Girardot viene de una situación inédita y complicada como fue la detención del alcalde saliente en ese momento, Diego Escobar Guinea, y de César Fabián Villalba, este último, alcalde vigente en el momento de su captura.
Aún hoy retumba el titular apocalíptico de la Fiscalía: «Primer gran golpe contra la corrupción: Fiscalía capturó al alcalde y al exalcalde de Girardot (Cundinamarca)». (29 de septiembre de 2016).
El titular, luminoso de por sí, no alcanzó para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. No alcanzó para que Girardot conociera si los delitos imputados (concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y peculado por apropiación) fueron cometidos en realidad.
Año y medio después la misma Fiscalía publica: «Fiscalía pide investigar al juez de conocimiento y apoderados en el proceso contra alcalde y exalcalde de Girardot por dilaciones injustificadas». Allí señala que a Diego Escobar Guinea se le concedió la libertad por vencimiento de términos el 15 de febrero de 2018; César Fabián Villalba quedó en libertad bajo la misma figura el 9 de marzo del mismo año, al igual que el almacenista de esa época, William Sánchez Orjuela.
Cada vez que Girardot entra en una espiral de estas, en donde aparecen los salvadores señalando con el índice agrandado a los sindicados, tres dedos restantes apuntan hacia los «ancianos», es decir, los revejidos exalcaldes que no tienen la autoridad moral de decir ni mu, porque también la mayoría, o están sentenciados o continúan investigados.
Hay una telaraña perversa de corrupción en donde los insectos se desenvuelven con soltura, y en lugar de estar atrapados, se sienten a sus anchas y retozan apresurando la codicia y la avaricia que los ahíta hasta vomitar, para volver a comenzar.
No es prenda de garantía ni carta de presentación decorosa que un municipio en un mismo periodo tenga a su alcalde y exalcalde privados de la libertad, y que libres estén por vencimiento de términos y no por demostrar meridianamente su inocencia. Y si lo de Francisco Lozano prospera con el enfoque que lo presenta la Procuraduría General de la Nación, sería entonces el tercer alcalde en serie envuelto en líos judiciales, malogrando las esperanzas infundadas del pueblo.
¿Desearán los grandes inversionistas traer su capital a una casi ciudad con estos antecedentes? ¿Invertirán los constructores aquí, o preferirán continuar enterrando su dinero en el municipio de Ricaurte? ¿Tendrá prestancia moral y dignidad la administración municipal de Girardot, ante el gobierno departamental y nacional, incubando capturas, inhabilidades, sentencias, suspensiones de prácticamente todos los que se han sentado a beneficiarse del cargo? ¿Confiará la banca en un cliente de esta calaña?
¿Es que acaso nada de esta tragedia política le importa a las desgastadas esferas de nuestra sociedad, a la academia (vuelve y repite), a la juventud que autónoma opina pero no actúa, a los excandidatos que solamente aparecen cuando se dispone el cubículo para nuevas elecciones?
¿No entiende la ciudadanía que no es cierto que la casi ciudad se atrasa «solo» cuatro años en cada proceso contra sus gobernantes? Cada vez que cae un alcalde, Girardot retrocede el triple del tiempo que dura sin dirección, porque mientras el municipio se estanca existen otros que continúan avanzando, alejándose mucho más de tres o cuatro años del rezagado, del paria, del inadaptado.
De continuar así, si ya no lo somos, Girardot desfilará como el municipio más corrupto de Colombia. ¿Y a nadie le importa?
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