El espíritu distópico de las mayorías en el Congreso de la República

En Colombia se ha acostumbrado que cuando de derechos fundamentales o adquiridos por las clases populares o menos favorecidas se trata, referente a derechos laborales, los grandes grupos económicos, la oposición política y uno que otro loro que repite lo que escucha sin entender lo que dice, lo presentan como una amenaza urdida contra el mismo Estado.

Así ha sucedido con el salario mínimo. La premisa siempre ha sido que cualquier incremento justo del mismo va en deterioro del crecimiento económico del país y de la viabilidad de las empresas, por no decir en voz alta, de los grandes pulpos empresariales. O sea, sin ahondar siquiera en el modelo económico de Colombia, lo que significaría estudios serios y concluyentes, les parece suficiente susurrar la misma verborrea de siempre para dar a entender que es el asalariado, el obrero, el que debe feriar su mano de obra al peor postor, a costa de su bienestar y el de su familia. ¿Por qué no pedir al peor patrono que gane un poco menos para que pague lo justo a su trabajador?   

El promedio del salario mínimo legal vigente (SMLV) en el último decenio (2013-2022), es de $767 270; comparado con el de los tres años recientes, que es de $1 294 000, hay una diferencia de $526 730. En un ensayo sobre Política Económica denominado «Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia», de septiembre de 2022, el Banco de la República refleja la necesidad de sopesar milimétricamente el aumento del salario mínimo anualmente, debido a la manera como influye en las diferentes variables macroeconómicas. ¿Por qué no discutir documentos como este con responsabilidad, sin que debatirlo signifique enfrentar a colombianos con compatriotas, reincidiendo en sesgos ideológicos e intereses político-electoreros?

Un país no debe vanagloriarse ante el mundo como democrático y respetuoso de los derechos humanos, si como en nuestro caso, es el mismo Congreso de la República quien de manera solapada e hipócrita con sus electores rehúsa ejercer su principal función, que es a través del debate, legislar en beneficio de los colombianos. Pero en este remedo de democracia es demasiado pedir; por el contrario, la reforma laboral fue archivada por ocho congresistas sin dársele la oportunidad de ser discutida en la plenaria del Senado; y anoche (14.05.2025) fue tumbada la consulta popular propuesta por el Gobierno nacional sobre el mismo asunto. Los «ganadores» celebraron con la efusividad como si hubieran logrado la gesta más loable de la historia de Colombia en favor de sus obreros y trabajadores. ¡Qué miedo un presidenciable que se atraganta de victoria por negarle derechos adquiridos años atrás a los trabajadores!  

Y, por otro lado, la democracia y el respeto se menoscaban cuando los mismos a los que se les han negado o retirado derechos que tienen que ver con su dignidad como seres humanos y la de sus familias (porque el trabajo no dignifica si no se remunera justamente), se dejan envolver con embelecos, cuando, al contrario, más allá de quién vengan las propuestas, como en este caso, lo importante es qué se logra desde lo legislativo recuperar del pasado y construir para el futuro.

Menciono la familia como elemento fundamental en la discusión porque es manjar exquisito para algunos alcanzar sus objetivos clientelistas y politiqueros, pero inmundo y nauseabundo cuando debe ser concebido como elemento esencial por el valor que representa como estructura de una sociedad sana.

Cuando el afán era, por todos los medios, impedir la firma del Acuerdo de Paz en el gobierno de Santos, hábil y falazmente manipularon el concepto de la Ideología de Género presuntamente inmerso en el documento final del Acuerdo. La justificación de los opositores y principalmente de varias iglesias cristianas y sus seguidores no se hicieron esperar: ¡proteger la «familia tradicional»!

Pero vaya sorpresa. Lo que en el 2016 les afligía y atormentaba según sus discursos y letanías, en el 2025 ni siquiera lo mencionan, aunque hablar de derechos laborales signifique mejorar la calidad de vida de las familias. En lugar de esto, dos congresistas pertenecientes a los partidos Mira y Colombia Justas Libres votaron por archivar el proyecto de la reforma laboral. Olvidaron versículos del Nuevo Testamento en San Mateo, San Lucas, Primera de Timoteo, o Santiago, en los que el mensaje cristiano señala un pago justo y oportuno del salario para el trabajador. ¡Fariseos!

Solo en un país distópico sería posible ver que se discuta a qué hora comienza la noche; si pagar las horas extras y los días festivos es lo correcto; si amparar desde el trabajo a las personas en condición de discapacidad es un deber del Estado; si los estudiantes deberían hacer sus prácticas amparados con un contrato de trabajo. El solo motivo que signifique recuperar viejos derechos y alcanzar otros nuevos debería ser trascendental para una democracia mentalmente sana. Además, y no es cualquier cosa, porque centenas de compatriotas han ofrendado sus vidas luchando por conseguir algunos derechos, que como en el 2002, fueron despojados con legalidad.

Si permitimos que las pasiones, ya ni siquiera de colores y de partidos, sino por rabia y animadversión o fanatismo y ceguera, orienten la agenda nacional, cada día la brecha de la desigualdad y de la inequidad se profundizará, mientras los que incitan porque sí o porque no, juegan con el pueblo como muñequitos de plastilina.

No hay duda: un país decente se conoce por la humanidad de sus habitantes.