El día que se atentó contra la democracia en Girardot

El día en que el Concejo de Girardot autorizó al alcalde Lozano «destinar» parte del dinero del recaudo del Impuesto Predial (12.7%) para soportar la operación del catastro multipropósito, debe quedar como ejemplo histórico de lo que no se debe hacer desde la institucionalidad.

Y no es exactamente por la aprobación del Proyecto de Acuerdo 013; a fin de cuentas, muchos pueden estar convencidos de que es una posibilidad de incrementar los recursos del Municipio imprimiéndole fuerza a su desarrollo, que es igual de respetable a quienes nos asiste alguna duda técnica o de transparencia en el proceso.  

Lo digo es porque de una manera descarada y torpe la democracia, esa que de por sí ha sido el delantal de «próceres probos» durante siglos en nuestra difícil Colombia, fue amenazada de frente, en una situación sin precedente alguno.

Es cierto que para entender la proposición de Jorge Hernández de que las sesiones que tratarían sobre el catastro multipropósito se realizaran como «sesiones secretas», se debe partir de la buena fe, dando por sentado que las amenazas existen. Pero todo lo ocurrido el 29 de noviembre debe invitar a análisis más profundos y menos viscerales.

Lo cierto es que el control de las barras se les salió de las manos desde septiembre, –22, 23 y 24–, cuando se comenzó a debatir el Proyecto de Acuerdo 010, que al final se hundió. Fue evidente cómo desde la tribuna se fueron calentando los ánimos y las acciones; así como surgieron gritos, improperios, señalamientos, y hasta objetos lanzados cerca a algunos concejales, también fueron claras las provocaciones innecesarias lanzadas contra el público por algunos cabildantes. Ambos comportamientos inapropiados cuando lo importante es el diálogo respetuoso para encontrar consensos.

Y se salió de las manos porque no hubo el carácter para controlarlo. Durante esos tres días la foto de la semana fue la del secretario del Concejo, Mario Yañez, encaramado en un escritorio pidiendo orden a los asistentes.

Pero también se equivoca el presidente de la Corporación cuando invitaron al gremio de los comerciantes. Ante el desorden presentado, en vez de llamar al orden optó por lo menos adecuado, terminar la sesión sin permitir que los representantes de la Secretaría de Hacienda respondieran las inquietudes de la comunidad.

Se le olvidó a la Corporación y al presidente de esta, que en el Reglamento Interno del Concejo de Girardot (Acuerdo 005 de 2020), el Artículo 75 trata sobre el orden interno, señalando con suficiente claridad el paso a seguir para mantener el orden y la calma de las barras.

Desde «llamamiento al orden», hasta la «suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por un lapso no menor a dos (2) días ni superior a diez (10) sic)», fueron medidas disuasivas o correctivas que nunca se utilizaron. Incluso en el mismo Artículo se deja abierta la posibilidad de «solicitar a la autoridad policial mandar salir a los perturbadores, e incluso ordenar el despeje de las barras», que por supuesto si ambas partes se comunican con respeto no debería ser una posibilidad.

Entonces, de estas debilidades de autoridad nace la primera decisión equivocada; impedir el acceso de las barras al recinto. La determinación se informó un día antes de la sesión arguyendo la necesidad de proteger a los concejales que decían estar amenazados o intimidados por ciudadanos; argumento respaldado por imágenes transmitidas dentro de la sala en donde se evidencian situaciones fuera de orden.

Pero no suficiente con esto, también se intentó coartar el ingreso de los medios de comunicación, ante una flagrante violación a los Derechos Humanos (Art. 19), y a la Constitución Política de Colombia que en su Artículo 20 indica que, «Se garantiza a toda persona la libertad de […] informar y recibir información veraz e imparcial».

Prohibir el acceso de la prensa es la manera burda como las dictaduras intentan mantenerse en el poder abusiva y arbitrariamente. O esconder la violación de los derechos humanos en sus territorios subyugados para aparentar legitimidad, dignidad y justicia.

No era una acertada decisión cerrarle la puerta en las narices a la prensa, sobre todo en un escenario tan complejo como el que se vivió el pasado martes 29 de noviembre, que, sin público en las barras, era imperativo que se informara sin cortapisa por parte de los medios de comunicación acreditados lo ocurrido en el recinto de la maltratada democracia.

Todo este desvarío derivó en la agresión al periodista Luis Guillermo Sánchez Aldana, corresponsal de Caracol Televisión y director de Girardot Televisión, quien asegura que un portero del edificio de la Alcaldía lo atacó inexplicablemente, –intentando tal vez impedir el acceso de la ciudadanía a las instalaciones –. Como resultado de esta agresión tuvo una incapacidad de cinco días expedida por una clínica de la casi ciudad.

La moraleja, cuando no hay criterio ni carácter para aplicar la autoridad, llegarán momentos aciagos e inmanejables.

Uno de los principales retos del Concejo de Girardot el próximo año será demostrar que su talante no es antidemocrático.

Lo demás, serán charlatanerías.