Desempleo e ilegalidad, dos fracasos más de Francisco Lozano

Nuevamente el gremio transportador legalmente constituido de Girardot tiene que salir a la calle a reclamar sus derechos.

Es una historia de nunca acabar. Lo que no quiere decir que en el gobierno de Francisco Lozano sea diferente; el abandono, la permisividad y la ausencia de autoridad en esta Administración han tenido el pico más alto de la epidemia.

El transporte ilegal de pasajeros en moto se presenta en Girardot hace más de quince años. Tantos, para que no se tenga claro cuál fue el alcalde que propició todo el desorden que, de manera progresiva, y en consonancia con su talante populista y elegante, permitió la llegada de cuatro o cinco, que hoy se han convertido en más de cuatro mil quinientos transportadores ilegales según las cuentas que hace el gremio del transporte legalmente constituido.

Hay que decir que, el fenómeno del transporte ilegal de pasajeros tiene más de dos décadas de estar practicándose en nuestro país; tanto, que todos los análisis socioeconómicos alrededor del tema están agotados, al punto de que queda claro que para la mayoría de quienes lo practican el desempleo es su mayor motivación.  

Otra cosa diferente es calcular el impacto económico que representa para una población como Girardot que las autoridades no controlen ni regulen la práctica ilegal, que amenaza con la extinción de un gremio que representa en lo económico un peso específico muy importante desde cualquier ángulo que se le analice.

Hay que empezar por decir que en la casi ciudad deben existir, según cifras de años anteriores, aproximadamente 850 taxis. Más de 110 buses y busetas, que, según datos del gerente de una de las empresas, por la situación de ilegalidad ha descendido a cerca de 80 vehículos.

Alrededor de estas cifras aparentemente insignificantes, se encuentran principalmente todas las pequeñas y medianas empresas que reciben ingresos significativos de la operación. Talleres automotrices, cambio de aceites, ventas de llantas, ventas de repuestos, empresas de seguros, lavaderos, talleres de latonería y pintura, son algunas que dependen en gran parte de esta rama de la economía.

Sin contar lo que significa para las estaciones de servicio de Girardot el tanqueo diario de aproximadamente 950 vehículos, entre taxis, buses y busetas. Dinero importante que además llega hasta la cuenta del impuesto de la sobretasa a la gasolina.

No deberían ser baladíes las cifras que resultan de estas operaciones, pero tampoco la situación económica en la que se encuentran muchos girardoteños que por no tener un empleo tienen que recurrir a su vehículo para llevar pan a su mesa.  Solamente un ciego o un inútil gobernante no atendería estas dos situaciones.  

Aunque alcaldes anteriores no hicieron su mayor esfuerzo para «regular» el transporte ilegal de pasajeros, incumpliendo incluso compromisos escritos como lo hiciera Diego Escobar Guinea en diciembre del 2012, hay que admitir que ejecutaron mucho más que lo que no ha hecho esta Administración, ni el híbrido ambiguo que representa su Secretaría de Tránsito, más preocupada en garantizar el negocio de la Concesión a sus dueños, que en solucionar el problema del transporte ilegal en la casi ciudad.

Porque es que ahora no solamente preocupa para el gremio del transporte legalmente constituido el tema de las motos, sino que también vehículos particulares llegaron a engrosar las filas de quienes sin autorización del Ministerio de Transporte prestan sus servicios de transporte público de pasajeros sin cumplir ninguna norma para tal fin. Y para rematar, desde hace dos o tres semanas se comenzaron a ver los motocarros (arrieritas) prestando el mismo servicio.

En este último tema hay que recordar que el servicio de motocarro se encuentra normado por el Decreto 4125 de 2008, el cual «[…] tiene por objeto reglamentar la habilitación de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto en vehículos clase motocarro y el procedimiento para otorgar el permiso para la prestación de dicho servicio público de forma eficiente, segura, oportuna y económica, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores de transporte tales como la libre competencia y la iniciativa privada».

El Decreto señala que este transporte solamente puede ser autorizado en municipios con población total inferior a los 50 000 habitantes. Además de que debe existir un estudio por parte de la Secretaría de Tránsito que determine que existe demanda insatisfecha del servicio.

Por la misma razón en el gobierno de Escobar, si la memoria no me traiciona, siendo secretaria de Tránsito y Transporte, Nubia Suárez Tapiero, se logró, luego de una intervención en el Concejo de Girardot, que se emitiera una norma en la que se prohíbe explícitamente el ingreso de motocarros para prestar el servicio público de pasajeros. Advirtiendo, además, que la homologación sería posible siempre y cuando fuera para transporte de carga.

Aproximadamente diez años tuvieron que transcurrir para que, por la ausencia de gobernante, y por ende de autoridad, nos empecemos a parecer a las veredas de Colombia. De hecho, se le reconoce en el Decreto 4125 como «servicio público de transporte mixto veredal».

Ninguno de estos dos últimos fenómenos sería una realidad, ni el del transporte ilegal en carros particulares ni el de los motocarros, si el alcalde hubiera ordenado que se hiciera el control respectivo desde la Secretaría de Tránsito, hoy la administradora de la Concesión.

Es irónico e insultante encontrar en la página de la SuperTransporte un documento mentiroso del Municipio de Girardot denominado, «Plan Estratégico de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte», emitido en el 2020. Según este documento de ficción, todas las semanas de lunes a viernes, al menos durante la dirección de Guillermo Jiménez Barragán, «[…] se realiza operativo de 06:00 a 8:30 horas contra el transporte ilegal de personas en moto […]».

No deja de causar hilaridad cuando se lee que su objetivo es el de «[…] contrarrestar la ilegalidad en el transporte, que afecta ostensiblemente el transporte público legalmente constituido en nuestro municipio […]», reconociendo descarada, pero inútilmente que «[…] el transporte ilegal de personas en vehículos no homologados es generador de accidentes de tránsito en un alto porcentaje en nuestro municipio […]».

Seguramente por lo anterior, señor alcalde, es que hoy martes los transportadores legalmente constituidos hacen un cese de actividades en protesta a su inoperancia e incumplimiento de sus compromisos con el sector transporte. 

Acertaron los voceros de los transportadores legales de Girardot cuando decidieron no establecer ningún diálogo con los representantes de la Alcaldía de Girardot o su Secretaría de la Concesión, sino directamente con el Ministerio de Transporte.

¡Para hablar con timadores sobra tiempo!, dirían las abuelas.

*Negrillas en el texto original.