Demandado Proyecto de Acuerdo que daba vía libre al rediseño institucional de la Alcaldía de Girardot

Demanda de acción de nulidad contra el Proyecto de Acuerdo con el que el alcalde de Girardot solicitó facultades pro tempore para adelantar el rediseño institucional de la Administración Municipal, presentó el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado-subdirectiva Seccional Girardot (SUNET).

Dentro de la demanda instaurada se le pide al señor juez que actúe de manera precautelar y deje sin efecto todas las actuaciones que se hayan derivado de las facultades que se le brindaron el año inmediatamente anterior al alcalde Lozano.

Wolfang Ramírez Fandiño, presidente de la agremiación sindical, afirmó que la decisión se adoptó debido a que «el Concejo le aprueba con muchos errores» el Proyecto de Acuerdo 001 de 2022, con el que se facultó al alcalde Lozano por el termino de 18 meses a expedir los actos administrativos necesarios para determinar el rediseño institucional de la Administración Municipal y sus dependencias, con base a un estudio técnico de la misma Administración.

Recuerda el presidente que el estudio técnico con el que se modifica la estructura orgánica crea aproximadamente 72 cargos, «la mayoría de profesionales universitarios especializados».

Durante la entrevista con Plus Publicación Ramírez Fandiño recuerda enfáticamente que la facultad de modificar las plantas de personal en los entes territoriales pertenece a los Concejos Municipales, «[…] y tiene que estar soportado en un estudio técnico, muy técnico, para que el Concejo le conceda este tipo de facultades».

Es necesario recordar que mediante el Decreto 172 del 23 de junio de 2023, se creó una secretaría de Despacho, se transformó una oficina asesora, se modificó parcialmente la estructura orgánica de la Administración y el Manual de Competencias y funciones laborales de la Alcaldía Municipal de Girardot, entre otras disposiciones.

«MUCHÍSIMOS ERRORES»

Las razones principales para instaurar la demanda de acción de nulidad es que «como organización sindical veníamos analizando ese estudio técnico que le presentó al Concejo para que le aprobara esas facultades y tiene muchísimas fallas, tiene muchísimos errores de orden técnico y de orden financiero».

Subraya entre las principales omisiones o inconsistencias que desconocen «de dónde sacaron (sic) que necesitaban 72 profesionales especializados»; de igual manera desconocen en qué momento se iban a modificar los manuales de procesos, de procedimientos y de funciones. «Es decir, nosotros teníamos que empezar a hacerle un estudio profundo a ese estudio para poderlo analizar», aclaró.

Además de lo anterior, y como  una explicación del porqué hasta la semana anterior se instauró la demanda de acción de nulidad si el Decreto es del 7 de marzo de 2022, agregó que, «tocaba empezar a recopilar una cantidad de pruebas como son el estudio como tal; las actas de la comisión que estudió en el Concejo esto para darle ponencia positiva; las actas de los debates; las transcripciones de cada a una de las intervenciones; los actos administrativos que se derivaron de estos, inclusive con sus fechas». Dejando en el ambiente dudas de la inexactitud de estas fechas.

Otros de los errores que se cometieron, dice Wolfang Ramírez, fue que no se contó con la participación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), «como lo dice la ley».

Afirma que al Concejo «se le motivó mal para que concediera estas facultades; primero que todo, la parte financiera; no había un sustento real de que hubiera el dinero suficiente para poder llevar a cabo el rediseño». Argumentando que el Concejo «creía ciegamente» en que el Proyecto de Acuerdo del catastro multipropósito iba a «progresar». Lo que no ocurrió porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Acuerdo que autorizaba utilizar recursos del impuesto predial para la operación del catastro multipropósito.

Sobre la creación de 72 cargos, dice que técnicamente «nunca se tuvo en cuenta que había también necesidad de los asistenciales y los técnicos, porque solo caciques no van a hacer el movimiento administrativo de toda la administración». Explicando que se necesitan auxiliares administrativos, secretarias, ayudantes, para darle viabilidad al Proyecto, lo que implica necesariamente un mayor número de funcionarios al que inicialmente había planteado el estudio técnico.

NUNCA PARTICIPARON EN EL PROCESO

El dirigente sindical resaltó dos hechos importantes que afectaron el proceso. El primero, que en ningún momento la agremiación sindical hizo parte del estudio que la Administración estaba adelantando. «[…] jurídicamente, hay un Decreto del año 2020 que dice que, para cualquier tipo de modificación de una planta de personal, llámese reestructuración, rediseño o modernización, las administraciones deben contar con la participación activa de las organizaciones sindicales en todas las etapas del estudio previo, y esto no se dio».

Como segunda medida, da a entender que el Concejo Municipal se excedió y entregó facultades en tiempo que la ley no señala. «[…] las facultades pro tempore que se le dan a un alcalde para que realice este tipo de acciones por primera vez, son por 6 meses, que son prorrogables por otros 3, y prorrogables por otros 3 máximo, hasta ahí se le pueden dar. Pero no de entrada se le pueden dar más de 6 meses, y el Concejo de nuestra ciudad cometió el error de otorgarle de entrada 18 meses de facultades pro tempore», advirtió.

Ante todas estas irregularidades que dice el entrevistado existe en el Proyecto de Acuerdo aprobado, confirmó que el Sindicato ya tuvo una comunicación verbal con la comisión de Gobierno del Concejo Municipal, a la que le expresaron «la inconveniencia» de lo que habían aprobado. Y de manera escrita entregaron las cifras que actualmente presenta el Municipio, queriendo demostrar «que prácticamente estamos “ad portas” de ser Municipio de tercera categoría, sin viabilidad administrativa ni financiera», sentenció.

La decisión entonces queda en manos del mismo Concejo Municipal.