Imputación de cargos a presuntos responsables de falsificación de documentos para expedición de licencias de conducción

Ayer lunes 3 de diciembre se dio inicio a la audiencia de imputación de cargos a 17 personas, de las 18 capturadas la semana anterior,  por encontrarse presuntamente vinculadas a una organización al margen de la ley realizando conductas relacionadas con la falsificación de documentos para el diligenciamiento y expedición de licencias de conducción. 

En la Sala 2 del edificio de la antigua Caja Agraria en donde estuvieron presentes periodistas de Plus Publicación, avanzó la diligencia a cargo del Juzgado Primero Penal Municipal, en la que la Fiscalía después de haber hecho la individualización de los vinculados procedió a relacionar los hechos y a formular la imputación de cargos a cada uno de ellos.

En la relación de los hechos en la que se dio a conocer el modus operandi, el fiscal manifestó que existe la «interceptación de telecomunicaciones que arroja resultados de gran relevancia para la investigación, resultado que fue sometido a control de legalidad ante un juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá».

Informó igualmente sobre la solicitud elevada ante el Registro Único De Tránsito (RUNT), de la relación de instructores que se encuentran debidamente legalizados ante el mismo; la petición ante las entidades que certifican las personas que tienen la firma digitalizada y ante las entidades encargadas de autorizar las firmas digitales para acceder a la plataforma HQ RUNT de las empresas involucradas en los hechos.    

Otro de los listados obtenidos a través del RUNT, contiene una relación de «personas que adquirieron estas licencias de conducción sin asistir ni un solo día a capacitación», quienes fueron llamadas a declarar bajo la gravedad del juramento. Varias de ellas residen en Bogotá, pero la certificación señalaba que el curso de capacitación se había recibido en Girardot.

INFORME DE POLICÍA JUDICIAL

De acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, la investigación se inicia «con base en el informe ejecutivo en formato de policía judicial de fecha 15 de enero de 2018 suscrita por funcionarios adscritos a la SIJIN, Dirección de Tránsito (DITRA) […] ». 

El mismo reporte indica que el informe de la SIJIN, DITRA,  «pone en conocimiento de la Fiscalía una información aportada por una fuente no formal», que manifiesta «la existencia de una banda delincuencial dedicada a la falsificación de licencias de conducción en diferentes departamentos del país […]», logrando que «[…]una persona que quiera obtener su licencia de conducción por primera vez o en refrendación y sin  importar la ciudad o municipio en donde se encuentra, sea certificada como si hubiese realizado el curso teórico práctico en conducción y/o que supuestamente hubiere presentado el examen médico, simulando su presencia física en las entidades que están habilitadas por el Ministerio de Transporte para ello»; engañando así a las autoridades de tránsito que finalmente expiden la licencia de conducción.

El informe revela que los clientes que más utilizan este tipo de oficinas «son personas de la tercera edad, personas con discapacidades físicas o mentales», a las cuales abordan con mayor frecuencia, ya que por experiencia saben que no tienen tiempo para realizar estos cursos y capacitaciones, o que por su condición les es más difícil obtener la licencia.

LOS INDICIADOS Y LOS DELITOS IMPUTADOS

Dentro de los 17 indiciados, varios de quienes hasta el momento en que estuvimos en la sala de audiencias no aceptaron los cargos imputados, se encuentran comerciantes, empresarios, administradoras, una odontóloga, instructores de conducción, una persona encargada de oficios varios, un inspector de línea, instructores de automovilismo, una ingeniera civil, una recepcionista, incluido un instructor del cual según el fiscal se tiene conocimiento «que ni siquiera sabe conducir […]».  El grupo lo integran residentes en Girardot, Flandes, Bogotá, Pasca, y Fusagasugá.

Los delitos imputados conforme a las responsabilidades individuales de cada uno de los vinculados incluyen concierto para delinquir, fraude procesal, acceso abusivo a sistema informático y falsedad en documento privado, algunos de ellos bajo el concurso homogéneo (cuando el autor comete en varias ocasiones el mismo delito). 

Una de las indiciadas había sido judicializada en noviembre del 2017, siendo beneficiada en esa oportunidad con detención domiciliaria, «y estando en detención domiciliaria siguió en la actividad al margen de la ley», lo expuso el ente acusador. 

MODUS OPERANDI

De acuerdo al relato del Fiscal, inicialmente la persona o cliente es abordado por el tramitador; una vez este accede a obtener la licencia de conducción, se le piden sus datos personales, huellas dactilares y fotografías, esto «con el software que previamente han mandado a desarrollar y que tiene como dispositivo un lector biométrico de las mismas características que usan las entidades bancarias».

«Obtenido el dinero y datos personales de estas personas aspirantes a obtener la licencia de conducción sin hacer los cursos, lo que procede a hacer el tramitador es comunicarse con el Centro de Enseñanza Automovilística y con el Centro de Reconocimiento de Conductores, con los que ya tiene el acuerdo laboral y económico […]».

A los clientes se les pone a «llenar unas planillas, a firmarlas en blanco, y luego el instructor también las firma, como si hubiese dado la capacitación, y posteriormente cuatro de esas personas que tienen registrada la firma digital, ingresan a la plataforma HQ del RUNT y suben esa información falsa, espuria», indicando que los aspirantes asistieron puntualmente a esa capacitación, y con ello logran engañar a la autoridad encargada de expedir la licencia de conducción.

UN TAL LEONARDO

Según la misma fuente que llevó a que se adelantara la investigación, «toda esta actividad se logra gracias a una persona de quien sabe se llama Leonardo, y es quien contrató los servicios de un ingeniero de sistemas […] para así poder hacer todo lo que tiene que ver con recoger los datos de los clientes y de los tramitadores».

« […] este programa de computador es comercializado por Leonardo a los Centros de Enseñanza Automovilística y Centro de Reconocimiento de Conductores por un valor de un millón de pesos mensuales», valor que incluye su mantenimiento entre otros servicios.

Al cuestionar las conductas delictivas como las señaladas, el ente acusador enfatizó que resultan totalmente irresponsables, al tiempo que demuestran una de las razones de los altos índices de accidentalidad en las carreteras.