Sin resultados visibles terminó el paro de funcionarios judiciales en Girardot

El pasado viernes 22 de febrero expiró el plazo que funcionarios del Palacio Municipal, ubicado en el barrio Miraflores de Girardot, fijaron como fecha límite para reclamar el cumplimiento de lo ordenado por el juzgado Primero Penal del Circuito, frente a una tutela instaurada en el 2018.

El mismo vocero que informó a Plus Publicación, el 15 de febrero, sobre el cese de actividades, en esta ocasión fue contundente al manifestar que «no pasó nada», refiriéndose al resultado del paro.  No llegó ninguna respuesta por quienes deben responder a las exigencias hechas por los trabajadores judiciales, manifestó el portavoz, lo que significa que las cosas continúan tal cual como antes del cese de actividades.

Plus Publicación tuvo acceso a la circular CSJCUC19-33, emanada del despacho 2, Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con fecha 27 de febrero, en donde se solicita información que confirme « […] el estado actual de la prestación de servicio de la administración de justicia, si se ha permitido el ingreso de los usuarios y la ciudadanía en general a las instalaciones del Palacio de Justicia».

Invitando además a aquellos funcionarios que posiblemente aún se encuentren en cese de actividades a que «restablezcan plenamente el servicio».

Dentro de la misma comunicación, «a manera de información», la entidad remite un extracto perteneciente a una «sentencia donde (sic) se declaró ilegal el paro de los Juzgados Civiles de Bogotá con ponencia de la magistrada Dra. ANGELA LUCIA MURILLO VARÓN, de la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá […]».

Señala en uno de sus apartes el remitente, estableciendo la condición de «esencial» del servicio que prestan los empleados judiciales, que «Se tiene en cuenta dos factores, el primero formal, que se refiere a la calificación realizada por el legislador como servicio público esencial; y el segundo material, cuando la interrupción ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas, sin que sea menester que se materialice el perjuicio, basta con que se ponga en riesgo la población».

El mismo hace referencia a la sentencia de tutela 1165 de 2003,  en  donde la Corte Constitucional indicó que «la administración de justicia debe cumplir con el principio de continuidad; es decir, exigen de los funcionarios vinculados a la Rama Judicial la obligación de prestar el servicio de justicia en forma permanente y regular, sin interrupciones en el tiempo, ni en el espacio […]».

Expresa más adelante que «se puede colegir en el presente caso, que la administración de Justicia sí es un servicio público esencial […] y en consecuencia ningún juez puede aceptar como válido, un argumento que pretenda desconocer esa realidad normativa.  […] el servicio de administración de justicia es público esencial, se colige que se configuró la causal de ilegalidad […] y en consecuencia así se declarará».

Menciona en su comunicado Álvaro Restrepo Valencia, magistrado que firma el comunicado, que se rendirá informe sobre este caso en el Consejo Seccional en reunión ordinaria que se adelantará hoy primero de marzo.

Así las cosas, las pretensiones que originaron el paro de una semana, como las de exigir el arreglo del aire acondicionado, indispensables en un clima como el de Girardot; controlar la proliferación de insectos originada por la falta de corte de la maleza que circunda parte de la edificación, y resolver el problema de  las goteras ubicadas en algunos sitios del edificio, se quedaron sin ninguna solución según informó a Plus Publicación uno de los funcionarios entrevistados.