Exalcalde Diego Escobar presenta acción popular contra el Municipio de Girardot. Solicita medida cautelar para «congelar» la aplicacion del impuesto de Industria y Comercio

En rueda de prensa efectuada ayer miércoles (26.01.22) en horas de la mañana, el exalcalde de Girardot, Diego Johany Escobar Guinea, informó haber instaurado una acción popular contra el Municipio de Girardot, por «el incremento desproporcionado del impuesto a los comerciantes», es decir, el Impuesto de Industria y Comercio.

En una exposición que duró aproximadamente cuarenta minutos, Diego Escobar Guinea insistió en dejar claro que el recurso de la acción popular lo efectúa como estudiante de Derecho de séptimo semestre, en un ejercicio netamente académico y técnico, y no como algo político ni nada parecido a ello.

EL ACUERDO 005 DE 2021

La acción popular tiene como punto de partida el Acuerdo 005 del 22 de abril de 2021, que, según el mismo, «[…] se compilan los Acuerdos de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, que modifican el Acuerdo 014 del 2015, se incorpora el Régimen Simple de Tributación, se modifica del nuevo Estatuto de Rentas, Normatividad Sustantiva Tributaria, el Régimen Sancionatorio Tributario y el Procedimiento Tributario y se dictan otras disposiciones para el municipio de Girardot- Cundinamarca».

Según el demandante, «al realizar un cuadro comparativo por cada uno de los códigos del Estatuto Tributario, tanto del 2014 como del 2021, se encontró un incremento de más del 300% en la gran mayoría del ítem […] que afecta al comerciante, que es responsable de dicho tributo, […] afectando la economía municipal, la generación de empleo y la canasta básica».

Señaló que el incremento promedio que se aprecia en la mayoría de los grupos llega al 200%. Con el fin de demostrar esta aseveración mencionó varios ejemplos, en los que indicó el código estatuto y la actividad comercial. Según él, por ejemplo, en el código 4663, correspondiente a Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería, Pinturas, en el Acuerdo 014 de 2015 se estableció un impuesto de $3 por cada $1000 vendidos. En el Acuerdo 005 de 2021, se pasó a pagar $10 por cada $1000 vendido.

Igual dijo que sucedió con Comercio al por Menor, Ferretería, Pintura; Comercio al por Menor de Prendas de Vestir y sus Accesorios; Comercio al por Menor de Artículos y Utensilios de Uso Doméstico.

Mencionó también el Comercio al por Menor de Combustible para Automotores. «Mientras nos incrementan la gasolina, normal, a nivel nacional, […] pasó de $4 a $10, por cada $1000 pesitos que usted tanquee (sic) la moto en un establecimiento de gasolina. Es decir, su incremento fue de un poquito más del 150%», dijo.

De igual manera se refirió específicamente a los huevos; a los aceites lubricantes y aditivos; al comercio al por menor de electrodomésticos; comercio al por menor de todo tipo de calzado, y otros más ítems.

Según Escobar Guinea, este comportamiento no se presentó en el 2015, ya que el último ajuste que se le realizó al Estatuto fue en el 2010, gobierno de Rodolfo Serrano Monroy. Afirmó que él solamente ajustó algunos puntos, anotando que «por eso uno no debe hacer esos incrementos de esa manera, sino colocar impuestos a lo que no haya. Por ejemplo, en mi gobierno pusimos impuestos a las vallas, en ese entonces no había impuestos a las vallas […]».

EL IPC Y LOS PRINCIPIO QUE SE VIOLAN

En su análisis toma el valor del IPC desde el 2015 hasta el 2020, en donde demuestra que regularmente ha venido descendiendo, con excepción del 2019, asegurando que el del 2021, que aún no ha sido dado a conocer, es negativo. Al menos así lo fue hasta el mes de septiembre, mencionó.

«Es decir, mientras todo el país está en una recesión económica, […] pues no se compadece ese incremento del impuesto de Industria y Comercio».

Al realizar los comparativos por sectores teniendo en cuenta los Acuerdos del 2015 y 2020, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Escobar Guinea aseguró que se violan tres principios de la comunidad. El del patrimonio, libre competencia de mercado, y la moral administrativa.

Del patrimonio, dijo, porque: «[…] afecta directamente el patrimonio de las personas naturales y jurídicas. Ese fue el primer sustento que le dije al Juzgado Tercero Administrativo Oral, de que estábamos acaeciendo acá (sic) con ese Acuerdo Municipal. […] porque la gente tendrá que sacar más plata para comprar ahora una canasta de huevos, no solamente por el incremento nacional sino por el ICA, que es un impuesto local».

Sobre la libre competencia del mercado afirmó que «con un incremento de impuestos tan alto, pues Melgar, Ricaurte, Flandes, que no lo miden de esa manera, pues nos pueden generar una competencia muy fuerte, incluso afectando directamente al comercio de la ciudad».

Y en cuanto a la moral administrativa, «[…] argumenté eso, porque todos los actos administrativos deben estar sustentados, y sobre todo uno tan crítico como son los impuestos. […]». Refiriéndose al Acuerdo 005 aseguró que en «[…] las dos primeras hojas del Acuerdo, y apenas tiene dos parágrafos del sustento del incremento de los impuestos. […]». Aseverando luego de leerlo en voz alta, que, «Ni siquiera es sustento, es una exposición de motivos».

LAS PRETENSIONES DE DIEGO ESCOBAR

La primera es que cese la aplicación del Acuerdo 005, «o sea que no lo aplique, que lo saque del ordenamiento», aclara.

La segunda, pide una medida cautelar mientras la juez estudia a fondo los argumentos de la acción popular, es decir según sus palabras, «congele la aplicación del Acuerdo», hasta que la juez tome una decisión.

Explica Diego Escobar que solicitó lo anterior porque el «sustento» de la Alcaldía de Girardot para solicitar un empréstito por «$39 500» millones, es el incremento de los tributos. «No es que se haya vendido más, no es que se haya recaudado más, no es que haya mejor cobro coactivo en la ciudad, no. Para poder generar un ingreso y con ese ingreso pedir el empréstito, no», advierte puntualmente.

Hizo caer en la cuenta, según su apreciación, de que, si no se aplica la medida cautelar, «se seguirán haciendo contratos, contratos y contratos, porque esa es la obligación del Estado, hacer contratos de obra, de salud, de educación. Pero, si al cabo de unos meses ella dice, “sí, efectivamente va ligado a lo que la Corte Constitucional ha dicho”, va ligado a lo que en el municipio de Soacha pasó hace poco, donde efectivamente el incremento del predial fue tumbado, y entonces aquí, si ya con un empréstito hecho, ¿cómo lo paga uno? ¿Si le quitó el juez una de las principales rentas para pagar?».

SE ADMITE LA ACCIÓN POPULAR

Informó también en la rueda de prensa que en el transcurso de esta semana recibió la notificación del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Girardot, que leyó textualmente: «El 21 de enero de 2022, mediante el control de acción popular cuyo demandante Diego Johany Escobar Guinea, y demandados Municipio de Girardot, […] por reunir los requisitos señalados en el artículo 18 de la ley 472 de 1998, se admite la denuncia de acción popular».

Agregando que paso seguido el Juzgado le da al Municipio de Girardot, cinco días, que están corriendo desde ayer (25.01.22), según Escobar, para que él (el alcalde de Girardot) «[…]  diga porque no debe aplicarse la medida cautelar. Medida cautelar que está en estudio precisamente argumentada. Porque la hubiera podido rechazar de plano, como muchas veces sucede […]».

Al finalizar su intervención volvió a advertir que «la medida cautelar es solo para proteger que no vaya a gastar algo, en caso de que ella tome una decisión que no le favorezca a la Alcaldía».

Hizo por último un llamado a los girardoteños, una de las razones de la rueda de prensa, invitando a todas aquellas personas que se «[…] hayan visto afectadas hoy pagando un poquito más, pues le hagan saber a través de sus correos electrónicos, al Juzgado […] diciendo, coadyuvo a la demanda, […] aquí todos podemos participar», afirmó el demandante antes de finalizar su exposición.