EPS que demore entrega de resultados de pruebas COVID-19 será sancionada advierte la Contraloría General de la República

Las demoras que se están presentando en la entrega de resultados de las pruebas COVID-19, que llegan en casos extremos de hasta 72 días, «impiden conocer a tiempo las cifras reales de contagios e invalida el uso oportuno de los mismos» señaló el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, al alertar a gobernadores, alcaldes y EPS por dichos retrasos.

Anunció que el organismo a su cargo va a adelantar las correspondientes actuaciones fiscales a que haya lugar sobre las Empresas Promotoras de Salud (EPS), ya que «Esta situación trae como consecuencias no solo el riesgo de pérdida de vidas, sino que a la vez podría configurarse en un detrimento de recursos públicos».

Las investigaciones se priorizarán cuando los resultados hayan sido procesados después de 72 horas luego de tomada la muestra o cuando se compruebe que no fueron comunicados oportunamente a los pacientes.

«Un diagnóstico que supere los 3 días no tiene razón de ser para el ciudadano, como tampoco para las autoridades de planeación y vigilancia, perdiéndose así importantes recursos de todos los colombianos», afirmó al manifestar que las EPS reciben recursos públicos, por lo que son objeto de fiscalización. 

Para Córdoba Larrarte el represamiento en los diagnósticos no permite reflejar la verdadera situación de contagios, e impide tomar decisiones para el requerido control epidemiológico, «lo que de alguna manera puede incidir en el aumento de cifras de la pandemia».

Según lo manifestado por el contralor general, el organismo de control y fiscalización ha evidenciado que esa tardanza en la entrega de resultados responde a la «falta de coordinación de las EPS con sus laboratorios».

Existe, agregó, un «desaprovechamiento e inoportunidad en gestión y uso de los recursos» destinados al sector salud por el Sistema de Salud, la Unidad de Pago por Capitación corrientes y extraordinarios y demás fuentes del Presupuesto General de la Nación, lo que es motivo de preocupación y exige adelantar las acciones fiscalizadoras a que haya lugar.

Al referirse a los ingresos alcanzados durante el 2019 por las entidades aseguradoras del sector salud, señaló que sobrepasaron los $68,6 billones, mientras que los de los prestadores públicos y privados fueron reportados por $66,3 billones.

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