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Seis días en cese de actividades completan trabajadores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en Girardot
En Girardot la atención al público se suspendió desde el martes 29 de octubre, precisó el dirigente sindical. El incumplimiento por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro a acuerdos establecidos con base en convenciones negociadas, además de la solicitud para que sea modificada la Ley 55 de 1985 mediante la cual se establecen las trasferencias al sector justicia, hacen parte de las motivaciones del cese.

Cerca de 12 trabajadores de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Girardot, que desde el pasado martes se encuentra en asamblea informativa permanente, continuarán la próxima semana en cese de actividades.
En diálogo con Plus Publicación, Alexander Arias, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Fe Pública (SintraFeP) precisó que la actividad de protesta que se cumple a nivel nacional, inició en otras partes del país el pasado lunes 28 de octubre.
En Girardot la atención al público se suspendió desde el martes 29 de octubre, precisó el dirigente sindical. El incumplimiento por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro a acuerdos establecidos con base en convenciones negociadas, además de la solicitud para que sea modificada la Ley 55 de 1985 mediante la cual se establecen las trasferencias al sector justicia, hacen parte de las motivaciones del cese.
Al puntualizar sobre la solicitud de modificación a la Ley 55, Arias expresó que del ciento por ciento del dinero que se recauda en las ORIP «el 72% se está yendo para el Ministerio de Justicia y solo les están dejando 28 para funcionar»; recursos que aseguró, resultan insuficientes ya que dentro del 28% está incluido el pago de nómina y de contratistas.
La falta de recursos que como consecuencia de lo anterior afrontan las oficinas se evidencia, en el caso de Girardot, en unas instalaciones deterioradas, con fallas en sistemas como el de iluminación; pisos dañados, servicios sanitarios en pésimas condiciones, y cuando la situación es más crítica, ni siquiera se cuenta con el dinero para la compra del papel que la oficina demanda, precisó el líder sindical.
Otra de las peticiones está orientada a la ampliación de la planta de personal, debido a que actualmente existe déficit de funcionarios, lo que precisa, exige que el personal que se vincule sea de planta y no mediante el sistema de contratación como se suple en la actualidad dicha deficiencia.
Agregó que si bien es cierto existe cumplimiento y puntualidad en el pago al personal que allí labora, este requiere de una nivelación salarial ya que se encuentran en desventaja con otros.
En cuanto al trabajo que la oficina adelanta aseveró que en promedio se están radicando aproximadamente entre 60 y 70 escrituras diarias provenientes de los municipios en donde la misma tiene jurisdicción, como son los de Ricaurte, Nariño, Guataquí y Girardot. Número que se ha incrementado debido a la cantidad de construcciones existentes en la región, lo que a su vez incrementa el trabajo en la oficina.
Hasta el momento el cese de actividades es de carácter indefinido, siendo incierta la fecha de su levantamiento, el que según dirigentes nacionales, se dará una vez el gobierno atienda el pliego de peticiones que se viene acordando con la organización sindical.
Arias le explicó a Plus Publicación que el pasado jueves 31 de octubre las tres organizaciones sindicales que pertenecen a la entidad iniciaron las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, al tiempo que se reunieron con el viceministro de justicia, por lo que no ve fácil que la próxima semana, por lo menos iniciando, sea levantado el cese.
«Llego de Bogotá, vine a pagar el registro de una escritura y me encuentro que está cerrado, que están en paro, o sea no hay atención, viene uno desde Bogotá, imagínese 4:00 de la mañana y pierde uno […]» aseguró a Plus Publicación Lopsy Lugo Durán, usuaria que llegó desde la capital del país aspirando a ser atendida.
«Nos toca tomarlo con calma y venir el año entrante» afirmó Ana de Aldana, otra usuaria quien en compañía de su esposo viajó desde Zipaquirá para encontrarse con que, «están en paro, y no pude reclamar la escritura […] ».