Secretarías de Salud de todo el país deben verificar las condiciones de distribución y venta de medicamentos

Con miras a evitar que se repitan situaciones como las ocurridas en las últimas semanas, algunas de ellas con el fallecimiento de dos niños, la Procuraduría General de la Nación (PGN) hizo un llamado a las secretarías de salud de todo el país para que entren a verificar las condiciones en las que en sus respectivos municipios son distribuidos y vendidos los medicamentos.

Lo que se busca es no poner en riesgo la salud, e incluso la vida de los ciudadanos, señala el ente de control al alertar «que la población consumidora de medicinas dispensadas por distribuidores farmacéuticos mayoristas y minoristas, está expuesta a un riesgo inminente, ya que podrían estar consumiendo por equivocación medicinas sin vigilancia ni prescripción médica».

El llamado se hace tras los hechos ocurridos en Bogotá, Cúcuta y Tumaco, en donde al parecer, por temas de embalaje, el producto albendazol fue cambiado por tramadol.

Según la PGN revisada la información recaudada en una acción preventiva, se identificaron posibles irregularidades de los establecimientos farmacéuticos en el control y ejecución de los procesos de comercialización y dispensación de medicamentos.

De igual forma indicó,  que «al parecer, las distribuidoras no estarían cumpliendo con los estándares de calidad establecidos, lo que podría estar poniendo en riesgo la salud, el bienestar y la vida de niños, jóvenes y adultos».

A través de una comunicación dirigida a las secretarías de salud departamentales, distritales, municipales, y a las diferentes entidades responsables de la inspección vigilancia y control de los servicios farmacéuticos, el ministerio público enfatizó en lo indispensable y perentorio que resulta  «verificar el cumplimiento de las condiciones esenciales para la comercialización de medicamentos, tales como, soportes de recepción técnica, licencias sanitarias, relación de personal e infraestructura física, entre otros».

Según el llamado hecho por el ente oficial, serán las procuradurías regionales, provinciales y del nivel central las que «iniciarán procesos de vigilancia preventiva que lleven a identificar posibles anomalías e incumplimientos normativos, para que las autoridades locales adopten medidas que mitiguen los riesgos de afectación a la salud de la población, y garanticen que los servicios farmacéuticos cumplen con las normas establecidas para la venta de medicinas».

Fuente, Procuraduría General de la Nación (PGN).

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