Supersalud requirió a la Nueva EPS para entregar los estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025

La Superintendencia Nacional de Salud requirió formalmente a la Nueva EPS para que entregue sus estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025, debidamente certificados, dictaminados y aprobados. El plazo para el cumplimiento vence el 6 de julio de 2026 y tiene carácter perentorio e improrrogable.

La Nueva EPS se encuentra bajo medida de intervención forzosa administrativa por parte de la Supersalud  desde abril de 2024. En el marco de dicha medida la entidad está obligada a reportar de manera oportuna y completa su información financiera, la cual resulta esencial para verificar su situación de liquidez, sus obligaciones y sus condiciones de solvencia.

Señala el ente de control que pese a los múltiples requerimientos, resoluciones y planes de trabajo aprobados desde 2024, así como a los compromisos asumidos por la propia entidad, persiste el incumplimiento en la certificación, dictamen, aprobación y reporte de los estados financieros, junto con la información exigida en la Circular Externa 016 de 2016. Entre abril de 2025 y febrero de 2026, la Superintendencia señala haber formulado al menos cinco requerimientos formales sin que la entidad acreditara su cumplimiento integral.

Con la entrega de esta información se indica que se conocerá con claridad la situación financiera real de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud con el mayor número de afiliados del país. Estos estados financieros consolidados permitirán establecer las cifras ciertas sobre su liquidez, sus deudas y su solvencia, y constituirán la base sobre la cual el próximo gobierno recibirá y deberá dar continuidad a la administración de la entidad. Se trata, por tanto, de garantizar una transición ordenada y transparente, con información verificable y no con estimaciones.

Asimismo, se confirmó que esta situación limita la capacidad de la Superintendencia para realizar un seguimiento adecuado a la situación financiera, administrativa y de solvencia de la entidad, así como para verificar el cumplimiento de las medidas de recuperación ordenadas en el marco de la intervención.

La Supersalud advierte que desatender este requerimiento constituye una infracción administrativa sancionable, conforme al artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, que contempla sanciones por no reportar información con la calidad y oportunidad debidas, por obstruir las funciones de inspección, vigilancia y control, y por incumplir las órdenes impartidas por esta autoridad.

Es importante recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Nueva EPS elaborar, certificar, difundir y publicar sus estados financieros de propósito general correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, en cumplimiento de la Ley 222 de 1995 y de la Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud. Decisión adoptada por la Subsección C de la Sección Primera, dentro de una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, FEDe, según publicó Portafolio el 25 de junio pasado.