Hoy continúan las audiencias verbales contra el exalcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea y cuatro funcionarios de su gobierno, adelantadas por la Contraloría de Cundinamarca

Para hoy lunes 22 de abril está programada la continuación de las dos audiencias verbales que dentro de los respectivos procesos de responsabilidad fiscal adelanta la Contraloría de Cundinamarca contra Diego Escobar Guinea, exalcalde de Girardot, y cuatro funcionarios de su administración (2012 – 2015).

La primera diligencia que el ente de control realiza dentro de su función de control fiscal está citada para las 9:00 a.m., hora en la que deberán hacerse presentes al despacho los vinculados al proceso 001 de 2019 por el «posible detrimento al patrimonio en un contrato de prestación de servicios para la instalación de un software del cual no existe evidencia».

Los citados contra quienes avanza el proceso, son además de Escobar Guinea, Elvia María Garzón Pacheco, directora de la oficina asesora de Planeación de la época, y el contratista Juan Restrepo.

Los dos últimos rindieron versión libre y descargos durante la audiencia verbal del 11 de abril, diligencia a la que no asistió  Escobar Guinea,  y que fue  suspendida para el análisis y estudio de los descargos rendidos por los dos implicados.

La segunda audiencia también citada para hoy lunes 22 de abril tiene que ver con el proceso 014 de 2018, relacionado con el manejo en la venta de acciones que el municipio de Girardot poseía en el Banco Popular; enajenación que fue autorizada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 05 de 2014.

A la diligencia programada para las horas de la tarde deben concurrir Martha Lucía Díaz Cartagena, exsecretaria de Hacienda; Hernán Medina, contador y Carlos Rozo, tesorero, quienes presentaron sus descargos en la diligencia del pasado jueves 11 de abril, fecha en la que tal como lo informó Plus Publicación, tampoco se hizo presente el exalcalde Escobar Guinea.  

Lo que la Contraloría de Cundinamarca busca en este y demás procesos de responsabilidad fiscal, es «determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado» (Ley 610 de 2000).  

Foto: Oficina de prensa Contraloría de Cundinamarca.