A la luz pública investigación sobre presuntos vínculos de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez con empresas del sector salud

«Una ministra con sangre de empresaria» y «Los negocios de la ministra del interior», titulares del portal Cuestión Pública y El Espectador respectivamente, cuestionan los presuntos vínculos y participación de la hoy ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda en el Banco de  Sangre Hemolife y la sociedad Principia Médica S.A.S.

Según Cuestión Pública, en la hoja de vida y reseña que de Gutiérrez Castañeda  se hace en la página web del ministerio « […] no hay huellas de la subgerencia que ocupa en Principia Médica SAS, ni de su membresía como fundadora del Banco de Sangre Hemolife, una fundación que reportó $19 mil millones en ventas a finales de 2017; menos que su esposo es el presidente del banco de sangre, que a su vez contrata bajo figuras de régimen especial y convenios con hospitales y empresas prestadoras de salud (EPS) […]».

«En el caso de Principia Médica, la ministra aparece en las actas y documentos registrados en la Cámara de Comercio y en el Registro Único Empresarial (RUES) como subgerente desde el 27 de febrero de 2017 hasta la fecha.  Mientras que su esposo Miguel Germán Rueda figura como el único accionista desde julio de 2013 hasta hoy», señala el portal, el que más adelante agrega que «En la fundación Hemolife ambos son fundadores.  Gutiérrez ingresó oficialmente el 7 de diciembre de 2012 y renunció días antes de asumir el Ministerio del interior […]».

Para Cuestión Pública, ambas entidades «parecen funcionar como una especie de carrusel […]  Entre las actividades de Principia está importar insumos del mercado de la sangre de China (bolsas de sangre y dispositivos médicos) y obtener los registro sanitarios ante el Invima.  Hemolife, por su parte, usa bolsas de sangre y aparatos tecnológicos importados parecidos a los que trae Principia Médica.

El carrusel gira cuando, por ejemplo, Hemolife redistribuye sus beneficios en la compra de elementos tecnológicos, entre los que provee Principia, como el que está en la página web de Hemolife llamado Plaquetaféresis, marca Nigale – Sichuan Nigale  Biomédical […] ».

Dentro de los cuestionamientos que  a través  de Cuestión Publica  se le hacen a la hoy ministra, se tienen los relacionados con parte de su papel desde el congreso de la república.

«En el 2007, desde la presidencia del Senado, Gutiérrez promovió el proyecto de ley 1166 de 2007, “por medio del cual se aprueba el tratado modificatorio del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia – Estados Unidos”, firmado en Washington  junto con el presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez.

Dicho acuerdo incluía “la promoción del acceso a medicamentos para todos, en particular los casos relativos al VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, así como situaciones de suma urgencia o de emergencia nacional (…)”.

El apoyo que Gutiérrez brindó desde el Congreso a la venta de medicamentos para el tratamiento del VIH, entre otras enfermedades de alto costo, le traería años después beneficios a las otras empresas relacionadas con Hemolife […] que terminaron solicitando registros sanitarios de medicamentos para el VIH […]».

En la investigación realizada y publicada el pasado martes 9 de julio, Cuestión Pública señala haber encontrado en el sistema de contratación Secop «que por las venas de Hemolife corren casi $500 millones en una decena de contratos y convenios con hospitales y empresas sociales del Estado (ESE), celebrados entre 2015 y 2019».

Agregando a renglón seguido que «Siendo ministra, Hemolife celebró dos contratos con el hospital San Rafael de Facatativá para suministrar hemocomponentes, el 21 de agosto de 2018 y el 11 de enero de 2019, por $80 millones.  Otro con el hospital Susana López de Valencia de Popayán, por $40 millones. Todos mediante contratación de Régimen Especial.  Todos firmados por el doctor Sepúlveda, su representante legal a la fecha».

Al hacer alusión a la investigación y publicación de Cuestión Pública, José Roberto Acosta, columnista del diario El Espectador, señala en su columna «Los negocios de la ministra del interior» del pasado 12 de julio de 2019: « […] es en la contratación y el manejo de tarifas por donde se alimenta la corrupción en el sistema de salud, corrupción mucho más grande que la de Odebrecht y que involucra a personalidades políticas muy influyentes».

Lo anterior  al  asegurar la falta de efectividad que en algunos casos tendrá la ley para la gestión y la trasparencia en el Sistema de Seguridad Social en Salud, firmada recientemente  por el gobierno nacional, « […] el que se ufana de que  “exigirá que todas las transacciones se hagan a través de factura electrónica”, pues “esto permitirá que se acaben los abusos a los usuarios y la doble contabilidad de muchos prestadores”. Nada más falso […]».

« […] Además, la ministra participó en el Conpes 3956, que redujo trámites para que el Invima otorgue registros sanitarios a empresas como Principia Médica S.A.S. y también participó en el Conpes 3957, que prevé destinar $179.000 millones de recursos públicos a empresas como Hemolife. Este cuestionable comportamiento no se soluciona con la implementación de la factura electrónica, eso es carreta», concluye el columnista.

Fuente: Tomado del portal Cuestión Pública y de El Espectador  

Foto: Imagen de PublicDomainPictures en Pixabay