Política
Nuevas funciones de policía judicial tendría la Procuraduría General de la Nación
El respaldo a este Proyecto de Ley además de otorgar facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, también le otorga otras funciones de policía judicial bajo el control de un juez de garantías, con las cuales podrá el máximo organismo del Ministerio Público efectuar interceptaciones, allanamientos y otros procedimientos judiciales.

La Comisiones Primeras de Senado y Cámaras de Representantes aprobó en el día de ayer (04.06.2021) en primer debate la Reforma al Código Disciplinario que presentó ante este ente la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello.
El propósito de esta iniciativa se centra principalmente en fortalecer los expedientes disciplinarios que en la actualidad cursan procesos de servidores públicos elegidos popularmente.
El respaldo a este Proyecto de Ley además de otorgar facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, también le otorga otras funciones de policía judicial bajo el control de un juez de garantías, con las cuales podrá el máximo organismo del Ministerio Público efectuar interceptaciones, allanamientos y otros procedimientos judiciales.
En su intervención ante las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello expresó: «Hoy hay impunidad en el país frente a los funcionarios públicos y en especial frente a los funcionarios públicos de elección popular. Esta reforma permitirá retomar el curso y evitar que prescriban más de 10.000 procesos».
Hizo ver que «La iniciativa aumenta las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, respondiendo así, a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro».
Comprometiéndose con lo anterior, a que todas las faltas cometidas por funcionarios de elección popular serán «investigadas, juzgadas y sancionadas». Al respecto afirmó la funcionaria que, «Hoy tenemos alrededor de 12 mil (sic) funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables, que desde hace un año no han podido ser investigados, no han podido ser sancionados, y esto es impunidad».
La iniciativa contempla y se resume en tres puntos básicamente:
Facultades jurisdiccionales, división en las fases investigativas y doble instancia.
- FACULTADAES JURISDICCIONALES La Procuraduría propone al Congreso que sean ampliadas sus funciones jurisdiccionales concernientes a lo disciplinario para poder actuar como jueces en el momento de sanciones por destitución o inhabilidad.
- DIVISIÓN EN LAS FASES INVESTIGATIVAS Con el fin de garantizar transparencia, la Procuraduría propone que las etapas de investigación y juzgamiento en los procesos sean atendidas por diferentes funcionarios con el fin de evitar la intervención de una misma persona en ambos estadios.
- DOBLE INSTANCIA Propone la creación de sala de juzgamiento con la finalidad de «garantizar todos los procesos, la doble instancia y la configuración más apta de los principios y las categorías disciplinarias».
Generó controversia en un sector de parlamentarios las facultades que puede tener el presidente de la República para reestructurar la planta de personal con la creación de nuevos cargos. Al respecto el representante Gabriel Santos expresó: «Es absolutamente inmoral que en medio de una de las peores crisis de nuestra historia, el Gobierno esté metiéndole mensaje de urgencia a un proyecto que pretende ampliar de forma desvergonzada la planta burocrática en un ente eminentemente burocrático como lo es la Procuraduría General».
Imagen, captura de pantalla @PGN_COL.