Rechazo a licencia ambiental autorizando explotación minera en las veredas Zumbamicos, Acapulco y San Lorenzo, jurisdicción de Girardot

Total rechazo a la resolución expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, dando vía libre a la explotación minera en zona de las veredas Zumbamicos, San Lorenzo y Acapulco, jurisdicción de Girardot, fue expuesto ante el director de la regional Alto Magdalena, Juan Carlos Escobar Cristancho,  durante su informe de gestión del pasado jueves 21 de noviembre.

Se trata de la Resolución 3280 expedida por la oficina general de la entidad ambiental el viernes 11 de octubre de 2019, mediante la cual se otorga licencia ambiental para el proyecto minero que desde hace cuatro años ha sido rechazado por diversos sectores ciudadanos.

Tal decisión «se debió haber hecho de frente a la comunidad» y no aprovechando el debate político, lo que resulta «indelicado» y una «falta de respecto» para con la ciudadanía y sus recursos naturales, señalo el administrador ambiental y concejal electo, Julián Huertas Fernández, quien añadió que la mencionada licencia se otorgó desconociendo el clamor popular que ha expresado su rechazo a este proyecto. 

En su pronunciamiento le pidió al director de la CAR regional Alto Magdalena, Escobar Cristancho, ponerse del lado de la comunidad e intervenir ante el director general, Néstor Guillermo Franco González, para que no siga adelante con esta licencia, y por el contrario sea reversada. 

Hizo igualmente alusión a los amparos jurídicos existentes precisando que la licencia «es tutelable», y sobre ella existen recursos ciudadanos para que finalmente no pueda ejecutarse.

«Esto es lo más ilógico, insensato, inconsciente, que puede haber con nosotros como comunidad», señaló al asegurar que el proyecto no solo afectará  a Girardot, sino a la población de Coello en el departamento del Tolima, por lo que «no es justo para nuestra región que nosotros tengamos que aceptar este tipo de proyectos». 

Frente a la petición de Huertas Fernández, Escobar Cristancho precisó que en su momento remitió a Bogotá la solicitud de licencia ambiental radicada en la oficina a su cargo, por no contar la regional con los profesionales requeridos para evaluar el tema, la que fue delegada a la dirección de evaluación y seguimiento ambiental de la Corporación, oficina central.

En cuanto a la Resolución 3280, expresó no conocerla debido a que se encontraba en periodo de vacaciones, comprometiéndose a revisarla e invitando a exponer el tema durante la rendición de cuentas del director general de la corporación que se llevará a cabo el próximo martes 3 de diciembre en la ciudad de Bogotá.

«Yo voy a revisar el tema a ver como está. Obviamente siempre estoy del lado del medio ambiente […]», precisó, al recalcar que «ya estoy de salida», por lo que pondrá al tanto a su sucesor del proceso que en tal sentido se ha venido surtiendo.

Serán 59 hectáreas las que de llegar a ejecutase la licencia otorgada serán intervenidas y afectadas, precisó Huertas Fernández; afirmando que esto «significará un total atentado a todos los recursos naturales, a todo este espacio vital que tenemos los girardoteños».

Se refirió a la audiencia pública realizada el 3 de diciembre del año 2015 en la Universidad de Cundinamarca, sede Girardot, recordando que a través de 69 de las 74 ponencias allí presentadas, diferentes sectores expresaron su inconformidad por las afectaciones y consecuencias negativas que en lo ambiental, lo social y lo económico traerá la explotación minera.

Recordó que sumado a la audiencia pública fue radicado un documento con 6729 firmas dirigido al director del momento, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, pidiéndole a la CAR negar la licencia ambiental solicitada, sin haber recibido respuesta alguna a dicha comunicación. 

En la carta, a la que tuvo acceso Plus Publicación, se expone que  se trata de « un  proyecto que generará un altísimo impacto ambiental negativo […], orientado a la destrucción de nuestro preciado río Magdalena que es nuestra principal fuente hídrica y el sustento de nuestras actividades económicas, a la destrucción de sus paisajes, la afectación de la tranquilidad de la zona, la pérdida de la calidad de vida […], pero que además pretende acabar con el centro poblado Acapulco, sin que se genere ningún tipo de beneficio para los municipios ni para la comunidad, y sin proponer medidas de manejo ambiental que verdaderamente se orienten a prevenir, mitigar, y compensar los impactos ambientales que se generarán […]».

Cabe destacar, agrega la carta, «que para efectos de suplir la demanda de estos materiales de construcción, en la actualidad existen mínimo 6 canteras entre el Paso y Beltrán, con suficiente capacidad para atender lo requerido por las obras proyectadas en la región».

«El río que el gobierno nacional lo tiene para fortalecer el tema de la navegabilidad, se ve afectado por las referidas prácticas mineras que vienen realizándose en la región», concluyó el administrador ambiental, al afirmar que la población del lugar se verá obligada a emigrar a consecuencia del ruido, el material particulado y demás agentes y fenómenos que ocasione la práctica minera autorizada.

Foto archivo Plus Publicación.