Procuraduría General analizará avances del proceso de descontaminación del río Bogotá

Durante la presente semana se llevarán a cabo las dos mesas de trabajo anunciadas por el procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flórez, para   evaluar el balance que a la fecha presenta el proceso de descontaminación del río Bogotá.

Las mesas que serán lideradas por la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, se desarrollarán inicialmente con el Departamento Nacional de Planeación y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; y la segunda con el consejo directivo de la CAR.

La determinación de realizar el análisis fue tomada por el organismo de control después de haber anunciado el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco González, que por ahora «no firmará convenios de cofinanciación de plantas de tratamiento de aguas residuales que estaban en camino de suscribirse con otras entidades territoriales, ni ejecutará los ya firmados».

Tal decisión, según el directivo de la entidad ambiental, «teniendo en cuenta que el criterio de la primera instancia de la Procuraduría, es que para la celebración de cualquier convenio interadministrativo de cofinanciación entre entidades públicas, encaminado a integrar esfuerzos para ejecutar una obra, es requisito esencial que se cuente previo a la firma del convenio, con todos los estudios y diseños técnicos suficientes, completos y actualizados».

Contrario a lo anterior, el procurador ha dicho que, «Las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas, están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá, es un imperativo».

«La descontaminación del río Bogotá, no puede paralizarse por la destitución e inhabilidad de 10 años impuesta al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, Néstor Guillermo Franco González, en primera instancia», enfatizó el funcionario de control.

A su turno, la Delegada para la Conciliación Administrativa, ha considerado que los compromisos en cumplimiento de la sentencia para la limpieza del afluente «fueron adquiridos por la CAR y otras entidades a titulo institucional, y no personal; atendiendo una orden del Consejo de Estado […]».

Al  argumento de la Procuraduría frente a que las obligaciones, compromisos y avances alcanzados para la purificación del afluente no pueden detenerse y menos «revocarse unilateralmente», se suma, según la Delegada, «que este es un derecho constitucional a la salubridad, saneamiento y acceso al agua potable»; al tiempo que los dineros que  se encuentran comprometidos para construir  la PTAR Canoas no solo provienen de la CAR, sino del Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.