Sancionado el alcalde de Anapoima con suspensión del cargo por seis meses

La Procuraduría General de la Nación (PGN) sancionó a Hugo Alexander Bermúdez Riveros, alcalde del municipio de Anapoima (Cundinamarca), con suspensión del cargo por el término de seis meses.

La decisión, en fallo de primera instancia, la tomó el organismo de control por presuntas «irregularidades y sobrecostos en contratación de manillas de colores y publicidad para atender emergencia generada por COVID-19».

El informe oficial entregado por el Ministerio Público precisa que conforme lo determinó la Procuraduría Provincial de Girardot, «el investigado incurrió en falta disciplinaria al celebrar los contratos 140 del 26 de marzo de 2020, y 147 del 15 de abril de 2020, en detrimento del patrimonio público al adquirir bienes y servicios que no eran necesarios para contener y mitigar los efectos generados por el COVID-19».

Al referirse al objeto de los contratos, la PGN precisó que estos tuvieron como objeto «la adquisición de 25 mil (sic) plegables, 10 pasacalles, 10 pendones y 16 mil (sic) manillas de colores, para sugerir a la población mantenerse en casa, establecer el método de lavado de manos, e identificar al integrante de cada núcleo familiar autorizado para salir y adquirir víveres y elementos para los periodos de aislamiento».

El valor por el que fueron suscritos dichos contratos fue de $20 272 800, precisa la información entregada por la PGN.

Dentro de los argumentos tenidos en cuenta para aplicar la sanción se menciona que los contratos «no tuvieron origen, revisión, aprobación o validación por parte del Comité de Riesgos», tal y como lo ordena la norma que establece que es ese comité al que le corresponde aprobar las políticas de gestión del riesgo y la estrategia municipal de respuesta para hacer frente a la contingencia generada por el SARS-COV-2.

Otra de las razones que expone el ente de control para aplicar la suspensión del alcalde Bermúdez Riveros, es que «inobservó el cuidado necesario sobre el cumplimiento de sus funciones, al permitir que se celebraran los contratos con sobrecostos en los bienes adquiridos y que las medidas adoptadas resultaran ineficaces ante el deterioro de las manillas de colores, que como elemento de control tuvieron un uso limitado por mala calidad».

Según el ente de control, «la inversión de recursos públicos en esta actividad contractual lesionó y afectó el patrimonio del Estado, porque no permitió establecer tareas de respuesta, rehabilitación y mitigación de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, acción con la que fueron vulnerados los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben regir la función administrativa».

Lo expuesto llevó a la Procuraduría Provincial de Girardot a calificar la conducta y el actuar del mandatario como una «falta gravísima a título de culpa grave».

La decisión en primera instancia tomada por la PGN fue apelada por la defensa del alcalde Hugo Alexander Bermúdez Riveros informó el propio organismo.