Judiciales
Reglamentar prisión perpetua para violadores y asesinos de niños solicitará el Gobierno al Congreso de la República
Teniendo en cuenta que el Acto Legislativo estableció el límite de un año para radicar el proyecto de Ley, el presidente Iván Duque anunció ayer (14.01.2021), durante la posesión de los magistrados de la Comisión Nacional de la Disciplina Judicial, la decisión de adelantar el trámite correspondiente tan pronto el Congreso inicie sus labores del presente año.
Reglamentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores solicitará al inicio de sesiones del Congreso de la República el Gobierno nacional.
En el mes de junio del 2020 el Senado de la Republica había aprobado el proyecto del acto legislativo que solicitaba la prisión perpetua para violadores de niños y adolescentes.
Esa aprobación originó que se modificara el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia mediante Acto Legislativo 01 de 2020, estableciéndose en uno de sus apartes que « […] De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.
»Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico.
»En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado».
Teniendo en cuenta que el Acto Legislativo estableció el límite de un año para radicar el proyecto de Ley, el presidente Iván Duque anunció ayer (14.01.2021), durante la posesión de los magistrados de la Comisión Nacional de la Disciplina Judicial, la decisión de adelantar el trámite correspondiente tan pronto el Congreso inicie sus labores del presente año.
El Acto Legislativo aprobado en junio del año pasado determinó también, además de la reglamentación de la Ley, la creación por parte Estado de una política pública integral que proteja a niños y adolescentes. Basada en « alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados».
De igual manera señala como el término de 25 años como mínimo la revisión de la pena con la finalidad de evaluar la resocialización del condenado.
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