Procuraduría General de la Nación se pronuncia sobre 813 procesos que adelanta en el país

El alcalde de Anapoima, Hugo Alexander Bermúdez, fue llamado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) a audiencia disciplinaria «por presuntas irregularidades en los contratos 140, para el suministro material publicitario (sic) para la prevención del coronavirus, y 147 para la provisión de manillas de diferentes colores para la identificar (sic) a la población circulante en el municipio durante el tiempo que dure la pandemia de la covid-19, suscritos con la empresa Concepto Creativo S.A.S».

Así lo reveló el organismo de control en el Boletín 366 del día miércoles (17.06.2020) en el que señala que en la diligencia de juzgamiento disciplinario el mandatario deberá responder «por su participación en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, al convenir el suministro de servicios de publicidad y otros bienes no requeridos para contener y mitigar los efectos de la covid-19».

Dichas acciones resultan «presumiblemente contrarias a los principios de moralidad, economía, eficacia y eficiencia que deben regir la función administrativa», precisa el boletín al indicar que « la presunta falta del alcalde fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima».

27 GOBERNACIONES Y 396 ALCALDÍAS CON PROCESOS DISCIPLINARIOS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON RECURSOS PARA EMERGENCIA POR COVID-19

Los 813 procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría General de la Nación (PGN) por presuntas irregularidades con los recursos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 vinculan a 27 gobernaciones y 396 alcaldías.

El organismo señala que ante la emergencia que vive el país avanzó en la priorización de 2376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1563 a «actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias».

Los 813 expedientes se abren en desarrollo del programa «Transparencia para la Emergencia», que se adelanta conjuntamente con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.

«De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones.  De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la gobernación de Quindío», revela el boletín.

En desarrollo de los procesos están suspendidos de sus cargos la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima, el gobernador del Chocó y la secretaria general de la Gobernación del Cesar.  

En referencia a las alcaldías, la Procuraduría reporta que adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 encontrándose 553 en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y avanza en 10 juicios disciplinarios, mencionando dentro de estos el de la Alcaldía de Guaduas, en Cundinamarca.

La lista de alcaldes y funcionarios municipales suspendidos incluye los de «Armenia, Quindio; el alcalde y el secretario Administrativo de Calarcá, Quindio; los alcaldes de Cereté y Tierralta, Córdoba; el alcalde de Malambo, Atlántico; la alcaldesa de Sucre en Sucre, el alcalde y el secretario General y de Gobierno de Palocabildo, Tolima; y el secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca».

«De los 337 procesos en la Región Andina, 185 municipios de los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Antioquia enfrentan el mayor número de procesos, 70, 64 y 52, respectivamente, lo que equivale a un 55%».

En la Región Caribe los departamentos de Sucre, Córdoba, y Bolívar tienen el mayor número de expedientes; en la Región Pacífica: Nariño y Valle del Cauca, concentran el 79% de los expedientes disciplinarios.

En la Orinoquía 12 de los 20 procesos corresponden a 11 municipios de Meta, y en la Amazonía 15 de los 17 procesos tienen relación con 9 municipios de Caquetá.

Se suman 138 actuaciones disciplinarias que se adelantan contra 108 entidades: 125 en indagación preliminar, 12 en investigación y un pliego de cargos formulado.

VIGILANCIA A CONTRATOS CELEBRADOS CON APORTANTES A CAMPAÑAS POLÍTICAS ENTRE EL 2018 Y EL 2019 

Dentro de las actuaciones, la PGR inició vigilancia preventiva con miras a establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.

De esta forma el organismo de control señala haber atendido las denuncias de «Transparencia por Colombia» y «Alianza Ciudadanía Activa».  

Señala que los contratos suscritos entre marzo y junio de 2020 por las entidades territoriales representan el 2% de la contratación para atender la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19.

Frente al tema, informa que «identificó 147 contratos, por valor de $47 028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43 494 millones».

Agrega la PGN que entre otras conductas, «verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada».  

Una comisión integrada por los procuradores delegados para la contratación será la encargada de «establecer posibles trasgresiones al Estatuto Anticorrupción y a la Ley Electoral, por los contratos celebrados entre las diferentes administraciones municipales y departamentales con los aportantes a las campañas».

Uno de los alcaldes a quien la PGN abrió investigación, es el de Lérida, Tolima, Marco Antonio Ospina Velandia, por presunta omisión en la toma de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en el municipio.

El organismo de control busca determinar si «el mandatario la mañana del 19 de abril de 2020 habría desatendido la solicitud de uniformados de la Policía Nacional para evitar aglomeraciones dentro y fuera del Supermercado Orjuela […]».

Fuente: Boletín 366 de la Procuraduría general de la Nación.

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