Procesos fiscales por suma superior a los $2000 millones se adelantan contra el gobernador del Tolima

Procesos fiscales por $2 121 533 223 contra el gobernador del Tolima,  José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en la ejecución de contratos  y  daño al patrimonio del Departamento, derivado del presunto pago de mayores valores por intermediación innecesaria en un contrato adelanta la Contraloría General de la República (CGR).

Mediante el comunicado de prensa 077 publicado el miércoles (18.06.2020), el ente de control reporta que el primer proceso de responsabilidad fiscal contra el mandatario se abre por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N° 3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción por $1151 millones.

El mismo cursa por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato por $5500 millones suscrito, «entre la Gobernación del Tolima y la empresa SIERRA PINEDA S.A.S.» para la compra de 55 000 paquetes alimentarios y de aseo, «para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento».

Para la CGR, «los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $4 002 515 000 y el precio de compra del contrato de $5 154 077 411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros)».

Agrega además que «la tabla del DANE refleja un valor más razonable para la adquisición de los productos contratados, que, de haberse tenido en cuenta, le habría podido ahorrar al departamento del Tolima el valor que hoy se configura como presunto sobrecosto ($1.151.562.41)».

Al proceso se vinculan como presuntos responsables fiscales a la «Secretaria de Salud del departamento del Tolima, ADRIANA ALEXANDRA MARQUÉZ RAMIRÉZ (sic) […]  y la firma SIERRA PINEDA S.AS., […] en calidad de contratista […]».

Lo que tiene que ver con el segundo proceso, la delegada dio apertura por $827 533 223, por presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato por $5000 millones, «celebrado entre la gobernación del Tolima y la empresa ENRED GROUP S.A.S.» para la compra de 50 000 paquetes alimentarios y de aseo, «para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento».

A este proceso están vinculados como presuntos responsables fiscales la secretaria de salud del departamento, el director de infancia y juventud para la época de los hechos, Gustavo Adolfo Castaño, y «la firma ENRED GROUP S.A.S.», en calidad de contratista.

El tercer y último proceso es por una  cuantía preliminar de $143 millones, como consecuencia del daño al patrimonio del departamento, «derivado del pago de mayores valores por intermediación innecesaria en el contrato 493 de 2020 suscrito con la firma LEON GRAFICAS S.A.S, que tenía por objeto la prestación de servicios para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020», celebrado en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional.

La CGR destacó que la « […] labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello […], no obstante «la Gobernación del Tolima decidió tercerizar (sic) y reconocerle mayores valores al contratista que oscilan entre el 38 y el 55% y no se encuentran justificados».

Añade el boletín que «la Contraloría encontró probado que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID 19». De igual manera que en la referida publicidad la CGR «verificó que en algunas cuñas que duraban un minuto se alcanza a mencionar al Gobernador con nombre propio en al menos tres ocasiones».  

Fuente: Comunicado De Prensa 077 de la Contraloría General de la República.

Foto: CGR- Twitter.