Piden investigar a Alicia Arango y a Nancy Patricia Gutiérrez, ministra y exministra del interior respectivamente por masacres en Cali y Samaniego

Gabriel Cifuentes Ghidini, exsecretario de transparencia de la Presidencia de la República solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar a la actual ministra de interior Alicia Arango, y a su antecesora, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, por las recientes masacres en Cali, Samaniego, Ricaurte (Nariño), y áreas rurales de Cúcuta.

Medios nacionales de comunicación como El Universal y RCN Radio, destacan que conforme a lo manifestado por Cifuentes Ghidini existen evidencias de que las funcionarias fueron notificadas de las amenazas que los grupos armados ilegales venían haciendo a los pobladores de estas regiones.

«De nada sirve que se prendan las alarmas contra incendios si los bomberos no actúan. En otras palabras, es un hecho que la ministra Arango y la exministra Gutiérrez fueron notificadas de lo que podría pasar. Lo que no sabemos y por eso acudimos a la Procuraduría, es si actuaron o no tras conocer esa información», sostuvo, según dichos medios,  Gabriel Cifuentes.

«De no haberlo hecho, habrían incurrido en una falta disciplinaria gravísima, pero sobre todo, en un fraude ético y moral ante la incapacidad de salvar vidas, teniendo en sus manos la posibilidad de haberlo hecho. Lejos de hacer parte de alguna ideología política, proteger la vida, sobre todo cuando tenemos todas las herramientas para hacerlo, es un deber ser de todo colombiano y lo es aún más, de todo servidor público», expone la solicitud.  

La intención del exsecretario de Transparencia, de la Presidencia de la República, afirman las publicaciones, es «determinar si fueron acatadas o no las advertencias hechas por la Defensoría del Pueblo sobre Cali, Samaniego y Ricaurte (Nariño), al igual que en las zonas rurales de Cúcuta (Norte de Santander)».

«Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación que determine si Alicia Arango, ministra del Interior y Nancy Patricia Gutiérrez, exministra de la misma cartera, tomaron las medidas pertinentes y necesarias para atender las alertas tempranas que entregó la Defensoría del Pueblo», señala la petición. 

Según Cifuentes Ghidini, es deber del Ministerio del Interior dar trámite de manera inmediata a las alertas tempranas emitidas por las instituciones o la ciudadanía sobre posibles riesgos de seguridad en algunas regiones.

A propósito del tema, cabe destacar la publicación del pasado 16 de agosto de 2020 hecha a través de Las 2 Orillas en la que se señala que en el 2018 la entonces ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, hoy consejera presidencial para los derechos humanos, fue notificada por la Defensoría del Pueblo mediante una alerta temprana de la protección que requería la población para salvaguardar su integridad.

«Desde el 2018, la Defensoría del Peueblo (sic) informó al Ministerio del Interior el peligro que sufrían los habitantes de la Comuna 14, 15 y 21 de la ciudad de Cali. Por medio de una 'Alerta Temprana' la Ministra del Interior del momento, Nancy Patricia Gutiérrez, fue notificada que esta zona necesitaba protección urgente  para salvaguardar la integridad de su población debido a que de los 464.361 habitantes, 97.285 eran menores de edad. Sin embargo, no se obtuvieron las garantías esperadas. Hasta hace pocos días se informó la masacre de 5 jóvenes, uno de 14 años, tres de 15 y uno de 18, habitantes del barrio Llano Verde de la Comuna 15 que había asegurado estar en peligro 2 años atrás», precisa la publicación.

En la misma, se da a conocer la carta que en su cuenta de Twitter divulgó Alexandra Correa, periodista colombiana, y que fue remitida el 13 de diciembre de 2018 por la Defensoría del Pueblo a la entonces ministra Gutiérrez Castañeda. 

«Alerta Temprana, de Inminencia, No 085-18, para los habitantes de las comunas, 14, 15 y 21 de  la ciudad de Santiago de Cali, departamento Valle del Cauca; para que se adopten las medidas urgentes destinadas a salvaguardar la vida e integridad personal, de la población civil, en especial de los pobladores de los barrios: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali; al igual que Llano Verde, El Retiro y Los Comuneros», se lee en el asunto de la misiva.

Continuando con el escrito, en otro de sus apartes agrega: «las comunas mencionadas presentan o comparten similares condiciones de vulnerabilidad social, expresada en altos niveles de pobreza, desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano, falta de oportunidades laborales. Necesidades básicas insatisfechas, limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales que en la actualidad han convertido a estos territorios en un escenario de interés para los grupos armados ilegales o de delincuencia organizada, propicio para su accionar  […] poniendo en especial situación de riesgo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes en un alto porcentaje son población afrocolombiana;  al igual que líderes sociales y gestores culturales, quienes han sido objeto de atentados, homicidios y amenazas».   

«Se remite la presente Alerta Temprana de Inminencia, con el propósito de que se adopten medidas de prevención y protección urgentes y efectivas para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad personal, los derechos civiles y políticos y el DIH de esta población […]» advierte.

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