Nueve horas duró sesión de la audiencia preparatoria que se adelanta en el proceso contra Diego Escobar, César Fabian Villalba y William Sánchez

«No señor, no acepto» y «No, su señoría», fueron las afirmaciones con las que el alcalde de Girardot César Fabián Villalba Acevedo, y el exalcalde Diego Johany Escobar Guinea respectivamente, no aceptaron los cargos de concierto para delinquir, constreñimiento al elector, corrupción al sufragante y peculado por apropiación, por los cuales fueron acusados dentro del proceso que adelanta el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Girardot.

La no aceptación se dio durante la continuación de la audiencia preparatoria cumplida ayer lunes  04 de marzo, diligencia en la que no se hizo presente el jefe operativo de la alcaldía municipal, William Sánchez Orjuela, pero si su abogado defensor.

Previo a la no aceptación de cargos por el alcalde y el exalcalde, los sindicados y sus defensores dieron a conocer la decisión de no hacer estipulaciones probatorias, para luego el delegado de la Fiscalía y los defensores de los sindicados informar el número de pruebas que solicitarían al despacho judicial les sean decretadas.

En total fueron 2499 las pruebas que entre las partes intervinientes anunciaron solicitar; 997 por parte de la Fiscalía, 224 por el alcalde César Fabián Villalba Acevedo, 1226 por el exalcalde Diego Johany Escobar Guinea y 52 por William  Sánchez Orjuela.

Después de explicar la forma cómo se desarrollaría la audiencia, el juez Juan Carlos Merchán Meneses dejó conocer sus cuestionamientos frente al cúmulo de pruebas solicitadas por las partes, calificando de «inaudito y absurdo que vayan a hacerse solicitudes probatorias por más de 1000 pruebas o 900  pruebas por parte de la Fiscalía», recordando que «este es un proceso que debe tramitarse de forma ágil y que debe tramitarse por parte de este servidor judicial sin permitir que se esté dilatando  […] ».

Refiriéndose al tiempo que lleva la audiencia preparatoria el juez Merchán Meneses fue enfático en señalar que «resulta totalmente exagerado que se hable de una audiencia preparatoria que lleva más de dos años, sin poderse culminar, incluso sin ni siquiera haberse adelantado el grueso de esa audiencia preparatoria».

Afirmó así mismo el funcionario judicial que al asumir la dirección del despacho «encontró que se llevaban varias sesiones hablando simplemente de la enunciación de las pruebas, situación que a criterio del despacho es totalmente desproporcionada y va en contravía flagrante de los principios del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 906 de 2004».

Al llamar la atención sobre la forma como ha venido desarrollándose el proceso, precisó que encontró que «muchas de esas pruebas enunciadas, ni siquiera hacen relación a hechos y circunstancias importantes a demostrar en este asunto […], en ese sentido se les llama la atención y no quiere este despacho tener inconvenientes ni con la Fiscalía, ni con la defensa, para determinar que están dilatando, están generando maniobras dilatorias […]». 

Anunció que «el despacho tomará las medidas pertinentes como lo ordena el Código de Procedimiento Penal para evitar que se hagan este tipo de dilaciones»; lo anterior si en algún momento «se verifica que existen pruebas totalmente impertinentes, o totalmente inadmisibles, o exageradamente repetitivas». 

Así mismo recalcó que contrario a lo que ha venido sucediendo con la audiencia preparatoria, por disposiciones legales «[…] es incluso la misma ley la que señala que es imposible interrumpir la audiencia preparatoria […]  no existen circunstancias por las cuales pueda interrumpirse como ha ocurrido en este caso».

« […]  más parece esto una guerra entre quién puede aportar más pruebas», dijo, al explicar que el objetivo de la audiencia preparatoria es «poder tener las pruebas concretas que determinen la existencia del hecho investigado y la posible responsabilidad de los acusados».

Antes de darle el uso de la palabra al delegado de la Fiscalía, dejó conocer que en caso de  determinarse condiciones dilatorias, estas tendrán «las consecuencias legales».

LA FISCALÍA HACE SOLICITUD DE PRUEBAS

Después de varios llamados de atención tanto del juez como de la representante de la Procuraduría indicando las falencias existentes y requiriéndolo para que indicara de manera organizada su solicitud, el delegado de la Fiscalía realizó por espacio aproximado de siete horas, sin contar los recesos dados por el juez, la respectiva solicitud relacionando los testigos y los documentos que cada uno de ellos introducirá, argumentando en cada caso los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad dentro del proceso.

Aunque en la audiencia del 29 de octubre de 2018 el delegado de la Fiscalía anunció 2036 pruebas, después de la solicitud de depuración que en la fecha le hiciera el juez, el representante del ente acusador  decidió  solicitar  997 pruebas.

Ante la reiteración del juez de tratarse de un número demasiado alto, la Fiscalía finalmente solicitó 412 pruebas entre documentales, testimoniales y periciales, incluidos 23 CD que contienen las llamadas vía celular interceptadas tanto a los tres sindicados, como a otras personas vinculadas al proceso.

LAS PRUEBAS

La Fiscalía al de momento precisar ante el señor juez testigos y pruebas, enumeró pormenorizadamente cada una de ellas, determinando, además, en «teoría de la Fiscalía», las evidencias que en un momento dado demuestran que se había conformado un concierto para delinquir al interior de la misma entidad pública.

Dentro de los mecanismos y pruebas presentadas por el ente acusador, con las que se pretende demostrar que la «Organización» estaba distribuida por las diferentes áreas de la alcaldía con la finalidad de presionar para que votaran a favor de César Fabián Villalba, se encuentran las siguientes:

• Contratistas testigos de constreñimiento al elector por parte de Diego Escobar Guinea y de César Fabián Villalba Acevedo. (Se mencionó el caso de una contratista en estado de embarazo que posteriormente fue reintegrada por decisión judicial).  O personas con antigüedad laboral significativa con la administración municipal (siete o diez años), que, al no acceder a las pretensiones de los procesados, no se les renovó el contrato o fueron declarados insubsistentes.

Dentro de las diferentes áreas y dependencias en donde, según la Fiscalía, se puede evidenciar que ocurrieron despidos porque las personas no apoyaron la campaña de César Fabián Villalba, se encuentra el PAE, SISBEN, Secretaría de Educación, Prodesarrollo, Correspondencia, Ser Regionales, Oficina de Contratación, Secretaría de Desarrollo Económico, entre otros.

• Interceptaciones de llamadas telefónicas en donde coinciden los nombres de los interlocutores con los de algunos candidatos al concejo municipal de Girardot; hoy uno de ellos elegido popularmente.
• El otorgamiento de créditos a microempresarios desde el FOSOMI, según la Fiscalía, quedó en manos de un familiar directo del actual alcalde César Fabián Villalba.
• Dádivas a través de una ferretería reconocida del municipio.  A través de ella se entregó, según el representante de la Fiscalía, centenares de bultos de cemento, que por interceptaciones telefónicas se puede deducir que, al hablarse sobre este insumo, se están refiriendo a una cantidad determinada para obras en Girardot.  Exactamente 723 bultos de cemento fue el número que se dio a conocer.
• La misma ferretería aparece vinculada con otro tipo de mercancía, como teja, bloque, varilla, etcétera.
• Adición presupuestal hecha para el Programa de Seguridad Alimentaria, cuatro meses antes de elecciones.
• Supermercado reconocido de la ciudad cuyo testimonio del representante es pertinente, teniendo en cuenta que participa directamente con la alcaldía de Girardot en un convenio, cuyo objeto es la entrega de alimentos a la población víctima del conflicto armado.  En la teoría de la Fiscalía, estos mercados se programaron y entregaron en la campaña de César Fabián Villalba, configurándose, según el funcionario, un peculado por apropiación.
• Ladrillera reconocida de la región, que aparece, de acuerdo a la teoría de la Fiscalía, coordinando la entrega de materiales para construcción a la población de Girardot, como tejas, ladrillos, cemento. 
• Como elementos materiales probatorios se relacionaron 23 CD en donde mencionó el representante del fiscal, se escuchan conversaciones de algunos concejales con personas que colaboraron desde todos los estamentos de la alcaldía de Girardot, y que «estaban de acuerdo con este tipo de prácticas para ganar la alcaldía».  Aquí el representante público resalta que «la forma como se comunican pertenece a una Organización».
• Ofrecimiento de mercados a adultos mayores.
• Visitas puerta a puerta en donde comunicaban a los ciudadanos con alguno de los dos procesados principales ofreciendo mercados y dádivas.
• Ofrecimiento de mejoramiento de vivienda.
• Otra forma que se utilizó para la entrega de dádivas fue a través de parqueaderos y lavaderos ubicados en un barrio central de la ciudad.
• Reducción del puntaje del SISBEN a cambio de votación.

PRÓXIMA FECHA PARA CONTINUAR CON LA AUDIENCIA PREPARATORIA

Tanto la inadmisibilidad, como el rechazo o la negación de alguna de las  pruebas solicitadas por la Fiscalía, podrán ser requeridas por las partes intervinientes si así lo desean, hecho que se conocerá en la próxima diligencia citada para el lunes 20 de mayo.

La fecha fue fijada después de establecerse que el primero de abril la delegada de la Procuraduría estará en vacaciones, y el suplente del defensor titular de Diego Johany Escobar Guinea manifestar no poder asistir el miércoles 15 de mayo por encontrarse en otra diligencia judicial.

Advirtió el juez a las partes, que, para la diligencia del 20 de mayo, «traten de llevar en los mejores términos» las respectivas solicitudes probatorias. Así mismo hizo un llamado para que sean revaluadas tantas pruebas y de esta forma se haga «más dinámica» la audiencia preparatoria.

«Sean conscientes que si se va a solicitar esa totalidad de pruebas el despacho por principios probatorios […] y por principios como la celeridad no va a decretar la totalidad de las pruebas, si insisten en solicitar tal cantidad de pruebas el despacho va a suponer que lo que se trata es de maniobras dilatorias que son contrarias a los principios de la Ley 906 de 2004», señaló con claridad el funcionario.

(Al reproducir parcial o totalmente este texto no olvide hacer mención del medio que lo publica. Es propiedad intelectual).