La Procuraduría Provincial previene al alcalde de Girardot para que la concesión de la Secretaría de Tránsito no se haga en desmedro de los intereses económicos del municipio

En un llamado preventivo, la Procuraduría Provincial de Girardot alerta al alcalde José Francisco Lozano Sierra para que cualquier proceso de modernización de la Secretaría de Tránsito y Transporte, no se haga en desmedro de los intereses económicos del municipio, ni sea un fracaso financiero para las rentas municipales.

En la alerta preventiva que igualmente se hace extensiva al presidente del Concejo municipal, el organismo de control señala que cualquier decisión que en procura de esa «modernización» o «privatización» se adopte, «debe estar soportada por unos estudios económicos sólidos».

En cuanto al Concejo de Girardot, corporación que debe aprobar tal proceso, indica que «debe sopesar la utilidad real de este tipo de determinaciones, siendo obligatorio demostrar que conforme con el análisis costo – beneficio resulta en verdad y no figurativamente, más conveniente para la entidad pública, suscribir este tipo de negocios jurídicos», precisa el Procurador Carlos Andrés Rivera Tamayo.

Para el ente de control es necesario tener en cuenta, «las amargas experiencias que en el pasado ha sufrido el municipio en procesos de concesión de las funciones a cargo de la Secretaría de Tránsito del municipio, específicamente aquellas relacionadas con la firma IDENTIFICAR», las que señala, «fueron objeto de cuestionamientos por parte de los organismos de control y de la comunidad en general, toda vez que implicaron un detrimento para el patrimonio municipal […]».

Teniendo de referente la concesión con IDENTIFICAR, la Procuraduría Provincial le recomienda tanto al alcalde Lozano Sierra como al presidente y demás integrantes del Concejo revisar esa experiencia.

Señala así mismo la importancia de adelantar, previo a cualquier determinación,  un «profundo proceso de socialización, análisis y divulgación de las condiciones en las cuales se daría un eventual proceso de esta naturaleza», para «no dar pasos en falso en ese sendero, sin antes estar seguros de que la actual administración no va a replicar los errores del pasado en este aspecto».

Adicional a examinar lo sucedido con IDENTIFICAR, la Procuraduría en su llamado preventivo invita a «revisar a fondo cuáles han sido las experiencias de otras entidades territoriales en este tipo de negocios jurídicos, para tener la certeza de que se van a replicar experiencias exitosas y realmente productivas para el municipio». Para «que este no sea otro de los lamentables casos que pululan en la administración pública nacional, en donde son palpables los fracasos financieros que este tipo de contratos han significado para el erario».  

El pronunciamiento fue hecho en respuesta a la solicitud de «acción preventiva inmediata» elevada por la Veeduría Ciudadana Saavedra Galindo Quintas Ferroviarias, ante lo que podría ser la inminente concesión de varios de los servicios que presta la dependencia municipal de tránsito y transporte.

En su comunicación remitida al mandatario local y al presidente del Concejo,  el ente de control manifiesta sustentarse en la «preocupación que han expresado algunos sectores ciudadanos y medios de comunicación social frente a lo que han llamado la privatización de algunos de los procesos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Girardot […]».

En otro de los apartes, el escrito indica la necesidad de «[…] recordar que las funciones públicas relativas al recaudo, administración e inversión de recursos de carácter público, verbigracia las especies venales a cargo de las secretarías de tránsito y trasporte es una función pública que no es susceptible de ser delegada en particulares sino bajo la figura de la concesión, contrato que de llegarse a celebrar requeriría del concurso del cabildo municipal», haciendo referencia la Procuraduría, según la veeduría ciudadana, al cabildo abierto por esta solicitado.   

Finalmente el ente de control pide a los destinatarios mantenerla informada frente a las «determinaciones que en torno a este sensible tema sean adoptadas por las entidades a su cargo».