Judiciales

Juez primero penal del circuito de Girardot desnuda situaciones que impiden una verdadera administración de justicia en la ciudad

El incremento de los procesos por homicidio (después de Soacha, Girardot es el municipio en donde más se comenten asesinatos), así como la inestabilidad contractual de los defensores públicos, lo que aumenta la tardanza en la realización de las audiencias y aplazamiento de las mismas, llevando a la no oportuna administración de justicia, son otros elementos que se añaden al análisis.

Juez primero penal del circuito de Girardot desnuda situaciones que impiden una verdadera administración de justicia en la ciudad

Audiencias proyectadas a un año, la falta de investigadores y de policía judicial, el mismo número de jueces frente al crecimiento poblacional y al incremento de la delincuencia, el escaso número de guardianes y hasta la falta de gasolina que en ocasiones impide desplazar a los presos a las salas de audiencia, contribuyen a que en Girardot no exista una verdadera administración de justicia.

La situación  fue expuesta por el juez primero penal del circuito de Girardot, Luis Francisco Ballesteros Albarracín, al dejar al desnudo la crisis de la justicia y las dificultades que en la ciudad afrontan quienes deben impartirla.

El análisis fue hecho por Ballesteros Albarracín durante el Foro de Seguridad y Justicia realizado en Girardot el pasado viernes 12 de julio, justificando así la molestia de la ciudadanía frente a los resultados de la administración de justicia, y señalar que la misma obedece a que los fallos que emiten los jueces no corresponden a la realidad de las denuncias formuladas por la ciudadanía.

Las cifras que reveló muestran que actualmente Girardot tiene un total de 10 jueces: dos penales del circuito, tres municipales y cinco penales.

Estos últimos durante el año 2018 realizaron dentro del sistema penal acusatorio más de 5000 audiencias;  es decir más de 1000 cada  uno, lo que les obligó muchas veces a habilitar días sábados para sacar adelante las diligencias, algunas de ellas hasta de 17 horas continuas.

«Solo en los juzgados penales del circuito existen 700 procesos en etapa de juzgamiento», reveló al dimensionar la problemática que se vive en la rama.

Hizo alusión a la existencia «de un despacho de un fiscal que tiene más de 1000 denuncias, otros 500, 600,700», enfatizando en que « a un funcionario  de fiscalía le queda netamente imposible, humanamente imposible, sacar o adelantar todas las denuncias».

Son en total 17 fiscales y solo 19 investigadores los que tiene Girardot, «no resultando razonable que un fiscal tenga solo un investigador, quien debe asumir la investigación de más de 500 denuncias», analizó Ballesteros Albarracín.  

Destacó los esfuerzos hechos por el Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General «para que esto no sea un caos».

«El problema no es el Consejo Superior de la Judicatura ni la Fiscalía General de la Nación, el problema  no es solamente de jueces y fiscales, acá el problema es señora ministra,  presupuesto», afirmó al dirigirse a la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

OTROS FACTORES QUE INCIDEN PARA QUE EN GIRARDOT NO EXISTA UNA VERDADERA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El incremento poblacional ocasionado por un mayor número de habitantes, pero también por habérsele sumado al circuito judicial de Girardot el municipio de Flandes, ha aumentado la población a atender «en casi 30 000 habitantes más […] en los últimos dos años».  Carga poblacional que debe ser asumida por el mismo número de jueces y fiscales, es otro de los factores que, aseguró, no permite una verdadera administración de justicia.

Sumado además el incremento de la delincuencia; tema en el cual hizo alusión a una nota publicada por el diario El Tiempo el 3 de mayo de 2018 titulada, «El microtráfico tiene contra las cuerdas a Girardot», en el que se dio a conocer el asesinato de seis personas en un solo día (22 de abril de 2018). 

Otro factor, explicó, está relacionado con «la nómina estática del servidor judicial», revelando que desde el año 2009 la nómina de jueces es la misma.

El incremento de los procesos por homicidio (después de Soacha, Girardot es el municipio en donde más se comenten asesinatos), así como la inestabilidad contractual de los defensores públicos, lo que aumenta la tardanza en la realización de las audiencias y aplazamiento de las mismas, llevando a la no oportuna administración de justicia, son otros elementos que se añaden al análisis. 

Las razones, no paran aquí. El escaso número de guardianes en el centro penitenciario de Girardot, y en ocasiones la falta de gasolina para que se desplacen con los internos a las salas de audiencias, obligando muchas veces a los jueces a desplazarse hasta la cárcel, se agrega a la lista.

El conjunto de todos estos factores obliga a los jueces a programar audiencias con proyección a 12 meses, mientras las víctimas reclaman administración de justicia, cuestionó.

A NIÑOS Y ADOLESCENTES NO LES VA MEJOR

En lo que tiene que ver con los delitos sexuales precisó la dificultad que existe por contarse con solo un médico legista, razón que hizo que trasladara a Majer Nayi Abushihab, asesor de la Fiscalía; Juan Francisco Espinosa, Vice ministro de justicia, y Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, ministra del interior, las observaciones hechas por algunos comisarios para que haya un trabajo articulado con la Fiscalía en aquellos casos en los que se presenten delitos de agresiones sexuales, en donde afirmó, el papel de medicina legal resulta importante.

Al respecto argumentó, que muchas veces el médico legista por «estar cumpliendo con su deber de una necropsia, a veces deja de atender dos, tres casos de agresiones contra niños que han  recibido una agresión sexológica», teniendo que acudir nuevamente para que se les realice la valoración, lo que lleva a revictimizar al menor.

Reclamó más miembros para la policía judicial «para que contribuyan a sacar investigaciones que llevan años en los anaqueles de estos despachos judiciales», lo mismo que la de adelantar una campaña de prevención del delito.

«Es bueno tener edificios nuevos, es bueno que la Fiscalía cuente con su edificio propio, que los juzgados cuenten con su edificio […] pero lo importante es tener ese talento humano […]», para lo que se requiere el presupuesto necesario, precisó, sin desconocer la importancia de las inversiones anunciadas para la infraestructura de los despachos judiciales.

Lo anterior, concluyó «permitirá disminuir potencialmente la impunidad, y lo que resulta importante para una democracia, que la ciudadanía vuelva a creer en sus instituciones».