Judiciales
Hoy se reúne en Girardot comité de verificación, seguimiento y cumplimiento de la Sentencia del río Bogotá
Según Achury Cárdenas, de esos cinco procesos Girardot «tiene cuatro que no ha podido cumplir», lo que «impide que siga en el desarrollo de licenciamientos […]».

Para hoy miércoles (16.12.2020) está citado en Girardot el comité de verificación, seguimiento y cumplimiento de la sentencia del río Bogotá emitida el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Estado.
Durante la reunión se espera un informe del estado en que se encuentra el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Girardot, información que será entregada a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, quien ha estado al frente del cumplimiento de la sentencia.
Integran el comité entre otros, el ingeniero ambiental Jorge Enrique Achury Cárdenas; la Oficina Asesora de Planeación, las secretarías de Infraestructura, Salud y Gobierno, y Desarrollo institucional, con el alcalde José Francisco Lozano Sierra.
El comité es citado después del fallo emitido el pasado 2 de diciembre por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, ordenando a la capital de la República y a los 46 municipios que están condenados en la sentencia del río Bogotá abstenerse de autorizar planes parciales mientras no se ajusten los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA).
Cabe recordar que en cumplimiento de la orden 4.18 de la sentencia, el plazo que los entes territoriales tenían para haber modificado y actualizado estos documentos ajustándolos con los contenidos del POMCA, venció el 5 de abril de 2020.
Frente al fallo la magistrada asegura que por ser los planes parciales «instrumentos de planeación y gestión del suelo que permiten urbanizar sobre nuevas zonas», es necesario para la protección del río que estén en coordinación tanto con el POMCA como con la sentencia.
La decisión de Nelly Yolanda Villamizar está acompañada por la orden dada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para que se abstenga de autorizar la concertación de asuntos ambientales a los planes parciales que presenten Bogotá y los 46 municipios de la cuenca.
PARA NUEVAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SE DEBE CUMPLIR CON LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN LA SENTENCIA
Con el fallo vuelve a colocarse sobre la mesa el tema del licenciamiento para proyectos de construcción, y las implicaciones que el no poder otorgarlas le generaría al desarrollo de Girardot y demás municipios.
Al respecto en uno de los apartes de su decisión, la magistrada Villamizar señala: «Para conceder nuevas licencias de construcción y autorización de Planes Parciales se deben cumplir con todos los requisitos que la ley exige para la concesión de los mismos, es decir el cumplimiento de equipamientos, zonas de uso público, Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado y la construcción de las plantas de tratamiento requeridas en cada uno de los casos. Se advierte que en caso de incumplimiento de lo antes expuesto, se harán responsables de incurrir en desacato a las órdenes impartidas en la sentencia», tema que para muchos afecta el desarrollo de los municipios.
Para conocer su concepto frente al tema, Plus Publicación contactó a Jorge Enrique Achury Cárdenas, miembro del comité, quien enfatizó que en ningún momento lo que busca la magistrada, ni la sentencia, ni la comisión de seguimiento es afectar o detener el desarrollo de los territorios, sino que ese desarrollo se haga «armonizadamente», pero ante todo teniendo el equipamiento necesario para saneamiento básico, que incluye:
- Recurso de agua potable que permita surtir las necesidades de las nuevas construcciones.
- Sistema de alcantarillado acorde a lo exigido por las normas.
- Que no se encuentren los proyectos en un sector de alto riesgo.
- Que no estén ocupando zonas de cauces, o de protección de ronda de fuentes hídricas.
- Contar con un sistema de aguas residuales.
Según Achury Cárdenas, de esos cinco procesos Girardot «tiene cuatro que no ha podido cumplir», lo que «impide que siga en el desarrollo de licenciamientos […]».
Frente al mismo tema precisó que los proyectos de construcción individual no tienen mayor inconveniente con respecto a la obtención de su licencia, pero aquellos de grande impacto que requieren un equipamiento mucho mayor deben pasar a revisión del comité, quien determinará si se les puede o no expedir la licencia.
Con relación al plazo cumplido el pasado 5 de abril para ajustar los documentos de ordenamiento al POMCA aseguró que será la magistrada quien determine de acuerdo a los informes que le presenten, si llama a los municipios para que expliquen en qué estado están esos procesos.
En el caso puntual de Girardot y el retraso «substancial» que el municipio tiene en la revisión de su POT, Achury Cárdenas conceptuó que « […] en estos momentos podríamos decir que vamos en un proceso muy lento».
A lo anterior se suma que el municipio aduce la falta de recursos para poder cumplir con todos estos procedimientos, lo que agrego, hace mucho más lento ese proceso de acatamiento.
EL CUIDADO DEL RÍO BOGOTÁ ES UN PROCESO DE CULTURA CIUDADANA QUE INVOLUCRA A TODA LA COMUNIDAD
Al enfatizar en el compromiso que le cabe a todos los residentes en la jurisdicción del cuidado y recuperación del afluente, Achury Cárdenas indicó que «este no solamente es un proceso de las administraciones territoriales que están condenadas, sino que también es un proceso de cultura ciudadana. Es un proceso de participación ciudadana, porque cabe recordarle a toda la comunidad de los territorios que absolutamente los 9 800 000 habitantes de la cuenca del río Bogotá estamos condenados dentro del mismo proceso de la Sentencia».
Agregó que mientras los municipios están condenados por omisión, «nosotros lo estamos por acción, por la contaminación y por todos los procesos que estamos llevando a cabo que no son favorables a los procesos de la protección del medio ambiente y de nuestro recurso hídrico […]».
Invitó a la ciudadanía para que «colabore, trabaje mancomunadamente con los territorios en la protección, cuidado y denuncia de las malas prácticas ambientales, el cuidado de los recursos hídricos, y que trabajemos todos de la mano para protegerlos, cuidarlos y conservarlos».