Judiciales
Girardot se encuentra dentro de los procesos de responsabilidad fiscal abiertos recientemente por la Contraloría General de la República
Según el organismo, «Se evidencia inconsistencia entre el valor de costos unitarios de los productos adquiridos y un estudio de mercado adelantado con grandes superficies, por lo que se indica un posible sobrecosto».

«La CGR (Contraloría General de la República) abrió proceso de responsabilidad fiscal por sobrecostos en contratos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare (por $236 millones), el Municipio de Girardot-Cundinamarca (por $54 millones) y la Alcaldía de Chiriguana (sic) - Cesar (por más de $24 millones)».
La información está consignada en el comunicado de prensa número 077 publicado ayer miércoles (18.06.2020) por el organismo de control, en el que precisa que «La CGR ordena además procesos de responsabilidad fiscal en contrataciones de la alcaldía de Girardot (Cundinamarca)».
Señala el ente que el proceso de responsabilidad fiscal a la Alcaldía de Girardot por la «Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo», se abrió «por un presunto daño patrimonial en cuantía inicial de $54 102 239 en la ejecución del Contrato U-M 509-2020, por un valor de $1 013 070 000, suscrito por el Municipio de Girardot (Cundinamarca) con INTERSUM SOLUCIONES PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES, representada legalmente por Orlando González Ortiz, para el suministro de mercados de apoyo nutricional con destino a la población vulnerable, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19».
Según el organismo, «Se evidencia inconsistencia entre el valor de costos unitarios de los productos adquiridos y un estudio de mercado adelantado con grandes superficies, por lo que se indica un posible sobrecosto».
OTROS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ABIERTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El comunicado de prensa da cuenta además de la apertura de 3 procesos de responsabilidad fiscal por $2121 millones contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por presuntas irregularidades en «contratos COVID».
Se trata de «presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema Covid-19».
El informe agrega la apertura de «procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones)».
Así mismo se da a conocer que «en forma simultánea, el organismo de control abre 24 nuevas Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos en contratos Covid-19, que involucran a 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental».
Las Indagaciones Preliminares abarcan las Gobernaciones de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y las Alcaldías de Cúcuta, Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.
El reporte de la CGR incluye que se han emitido «340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484 000 millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193 000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones».
El documento agrega que « […] estas alertas del organismo de control han llevado a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $101.000 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $54.000 millones.
Los posibles sobrecostos se redujeron a $6.400 millones y hasta el 12 de junio, la Contraloría había logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $29.276 millones».
Fuente: Comunicado De Prensa No 077 De La Contraloría General De La República (CGR).