Fiscalía, Procuraduría y Contraloría vigilarán la destinación de los recursos públicos dirigidos a atender la emergencia originada por el COVID-19

La Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, acordaron articular esfuerzos para poner en marcha el programa de vigilancia y control «Transparencia para la Emergencia», con miras a una correcta administración de los recursos públicos destinados a atender la emergencia que vive el país.

Para los representantes de los entes de control, «la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para controlar la propagación del coronavirus y enfrentar los problemas sociales y económicos que genere la atención de la pandemia, exige el mayor compromiso de todas las entidades del Estado para que las diferentes medidas se ejecuten adecuadamente en beneficio de los colombianos», lo que exige «intervenir con urgencia y espíritu propositivo».

Desde las competencias propias que les otorgan la normatividad y la ley nacional, cada una de las tres instituciones aseguró encargarse de verificar que las medidas decretadas tengan un estricto cumplimiento.

Ejercerán así mismo la acción preventiva para garantizar un uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población, al tiempo que verificarán que se den las condiciones básicas e indispensables que permitan superar la situación que afronta el país.

Dentro de los propósitos conjuntos anunciaron actuar con celeridad para investigar y sancionar los hechos de corrupción que sean identificados, por lo que este esquema integrado se pondrá en marcha en todos los territorios del país.

«No vamos a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos», coincidieron en afirmar el  Procurador Fernando Carrillo Flórez, el Contralor Carlos Felipe Córdoba y el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.

La prioridad inicial estará concentrada en los asuntos «contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, y servicios sociales y de atención de emergencias».

Cada una de los organismos de control dispondrá de un equipo especializado que será el encargado de recibir las quejas de la ciudadanía, identificar los sectores más sensibles, e intervenir para «blindar» aquellos procesos de contratación en los que exista riesgo.

La vicefiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera; el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González y el vicecontralor general de la República, Ricardo Rodríguez Yee, integran el grupo asignado para coordinar la articulación entre los tres organismos que semanalmente entregarán un informe al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa emprendido.

La emergencia no es óbice, ni impide que sobre los entes del Estado exista la obligación de suministrar a los organismos de control la información requerida  para atender la labor de vigilancia, incumplimiento que precisaron, «dará inicio a la aplicación de medidas cautelares y la imposición de sanciones en el ámbito, disciplinario, fiscal y penal».

La Delegada Preventiva para la Función Pública, 84 procuradurías territoriales y un grupo especializado de la Unidad de Inteligencia y Analítica de la Procuraduría, junto a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI-, de la Contraloría General, sus Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales, tendrán la tarea de recopilar toda la información necesaria dentro de este esquema conjunto.  

«Cuando las circunstancias lo ameriten, se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación que, a través de sus 35 seccionales, direcciones especializadas y grupos de policía judicial, indagarán las irregularidades detectadas y judicializarán a los responsables», señala la comunicación unificada dada a conocer por los tres entes.

Los procesos e investigaciones que surjan, «se complementarán con los elementos probatorios y evidencias que sean obtenidos conjuntamente por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía», concluye el comunicado oficial.

Fuentes: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y  Contraloría General de la República.