Judiciales
Enel-Codensa y Alcanos entre las seis empresas con pliego de cargos por presuntas anomalías en la facturación
Respecto a Alcanos y Enel-Codensa, la primera realizó el cobro del consumo promediando a 729 784 usuarios, mientras que la segunda cobró mediante el mismo procedimiento a 260 708 de sus usuarios.

Por presuntos incumplimientos de las normas sobre medición de consumo y disposiciones gubernamentales para aliviar el costo de los servicios públicos a los usuarios durante la emergencia por COVID-19, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) abrió investigación y pliego de cargos contra seis empresas prestadoras.
Según relación dada a conocer por el organismo de inspección, vigilancia y control, las investigadas son: Enel - Codensa, Alcanos, Vanti, Gas Natural Cundiboyacense, Gases del Caribe y Cedenar S.A. E.S.P.
Natasha Avendaño García, titular de la Superservicios, reveló que los pliegos de cargos a las seis empresas fueron formulados «luego de identificar presuntos incumplimientos a la ley en relación con la medición de los consumos y la no aplicación oportuna de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional para favorecer a los usuarios de los servicios de energía y gas en esta contingencia».
En desarrollo del debido proceso las investigadas podrán presentar sus descargos, precisó la funcionaria, al explicar que la decisión de abrir investigación contra las firmas mencionadas se fundamentó en la facturación por consumos estimados durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, sin que se evidencie que se hayan realizado las acciones necesarias para medir el consumo real de los usuarios contrariando lo establecido en la ley y la regulación.
Respecto a Alcanos y Enel-Codensa, la primera realizó el cobro del consumo promediado a 729 784 usuarios, mientras que la segunda cobró mediante el mismo procedimiento a 260 708 de sus usuarios.
Frente a la empresa Alcanos la SSPD precisa: «[…] presuntamente, no se evidenció la aplicación oportuna de la Opción Tarifaria Transitoria obligatoria, implementada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución 048 de 2020».
Dicha opción tarifaria, explica la Superintendencia, tiene como objetivo mitigar durante el aislamiento preventivo obligatorio el impacto en el corto plazo del incremento del costo del metro cúbico del servicio público de gas natural.
Igual situación frente a la presunta no aplicación de la Opción Tarifaria Transitoria Obligatoria incluye a las empresas Vanti, Gas Cundiboyacense y Gases del Caribe.
Así mismo, «un presunto manejo inadecuado a un conflicto de interés entre las empresas y los suscriptores, relacionado con la aplicación de la tarifa regulada en la reliquidación de los consumos que fueron inicialmente facturados por promedio en los meses de abril y mayo de 2020», se suma a los motivos que llevaron a abrir investigación contra Vanti y Gas Cundiboyacense.
Finalmente, una facturación mediante el mecanismo denominado «normalización de consumos» no previsto en la normativa vigente por parte de Cedenar, hacen parte de las razones que llevaron a la SSPD a abrir las investigaciones y formular pliego de cargos a esta última.