Judiciales
Cinco funcionarios de la CAR Cundinamarca investigados por presuntas irregularidades en elección de representantes ante el Consejo directivo de la entidad
Otra conducta que con la investigación y pruebas decretadas busca comprobar la PGN es la «presunta omisión en la atención, trámite y respuesta de derechos de petición relacionados con el proceso de evaluación y elección de representantes presentados ante la entidad ambiental».
La Procuraduría General de la Nación (PGN) decretó la práctica de pruebas que permitan establecer la comisión de conductas presuntamente irregulares de cinco funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el proceso de elección de representantes a entidades sin ánimo de lucro, ante el Consejo directivo de la entidad para el periodo 2020-2023.
Las pruebas fueron ordenadas por el organismo de control en desarrollo de la investigación disciplinaria abierta a los servidores de la entidad ambiental por presuntas irregularidades en proceso de elección de quienes representarían en el consejo directivo de la CAR Cundinamarca, a las entidades sin ánimo de lucro u organizaciones ambientales no gubernamentales.
Los que busca el Ministerio Público además de verificar que las conductas se cometieron, es establecer si estas «son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la administración pública».
Los funcionarios investigados son José Alfredo Salamanca; Martha Mercedes Carrillo, directora de Cultura Ambiental y Servicio Ciudadano; Claudia Rocío Sandoval Ruíz, jefe de la Oficina de Control Interno, y Luís Adolfo Romero, director de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Corporación, quienes presuntamente adelantaron irregularmente el trámite de evaluación de los candidatos a representantes de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) ante el consejo directivo de la CAR, para el periodo que actualmente rige, habiendo podido incurrir en falta disciplinaria.
Otra conducta que con la investigación y pruebas decretadas busca comprobar la PGN es la «presunta omisión en la atención, trámite y respuesta de derechos de petición relacionados con el proceso de evaluación y elección de representantes presentados ante la entidad ambiental».
La investigación iniciada por el Ministerio Público también envuelve a Juan Carlos Escobar Cristancho, exdirector de la Regional Alto Magdalena, «por presunta vulneración del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses en que podría estar inmerso».
Según la PGN «posiblemente» Escobar Cristancho «representó a dos entidades sin ánimo de lucro en el proceso de elección, mientras se desempeñaba como directivo de la autoridad ambiental».
Los cinco funcionarios investigados serán escuchados en versión libre, si así estos lo solicitan ante el organismo de control.
Foto Pixabay.
