«Callar siempre por el miedo a perder el contrato» revela defensora pública refiriéndose a la situación actual del gremio

A la espera de un pronunciamiento del Consejo de Estado que frente a la acción de nulidad solicitada, deje sin validez la convocatoria a concurso a la que fueron llamados, se encuentran, al igual que en todo el país, los  siete defensores públicos que prestan sus servicios en el Circuito de Girardot.

« […] ya ha habido el pronunciamiento de un magistrado, el magistrado ponente que está a favor de nosotros; pero faltaría la firma de otros dos magistrados para que se hiciera viable, y sobre todo para que haya esa medida en la que no continúe esa acción, pero hasta ahora no se nos ha dado», señaló a Plus Publicación Luz Stella Murillo Cortés, defensora pública con más de 18 años de servicio en el área penal en el circuito de Girardot.

(VOZ DE LUZ STELLA MURILLO CORTÉS)

Al tiempo que reconoció y agradeció la solidaridad que han mostrado los servidores del poder judicial, haciendo especial énfasis en el apoyo de jueces y fiscales, dijo que se están «esperando actuaciones para que de una manera u otra todos presentemos tutela, por separado, pero la presentemos».  Instancia a la que acudirán así deban someterse el examen que será realizado el próximo 31 de marzo por la Universidad Nacional.  

Frente al proceso de selección al que fueron convocados por la Defensoría del Pueblo, dijo que no solo existe un sentimiento de «dolor», sino de «ira».

«Lo doloroso», subrayó, es que cuando siempre se les ha insistido en la defensa de los derechos humanos, la institución para la que prestan sus servicios profesionales, es la que los «maltrata en sus derechos humanos, y más, en su trabajo».

Al reconocer el sentimiento de ira, aseguró que « es lógico como ser humano», más cuando «se le escucha al defensor nacional afirmar de manera despectiva, que él lo que quiere es “terminar con el geriátrico que hay en la defensoría”».

Al referirse concretamente al circuito de Girardot que comprende también los municipios de Nilo, Agua de Dios, Ricaurte, Nariño, Guataquí, Jerusalén, Tocaima y Viotá, indicó que igual que a los otros seis defensores, le  ha «tocado doblarse» para asumir la carga de los defensores del área civil a quienes desde diciembre de 2018 no se les volvió a contratar.

El grupo de los siete defensores, tres de ellos con una antigüedad de más de 18 años, también debe asumir la carga del defensor de la Casa de Justicia, en donde aseguró no volvió a contratarse un profesional. 

« […] el contrato que se firmó últimamente dijo “todas las áreas”, y así firmamos ese contrato», señalando que como defensores han venido sufriendo «una violación sucesiva de todos los derechos».

Al referirse al sistema de contratación, precisó que desde el comienzo se trató de un «contrato leonino en el que la Defensoría nos está violando todos nuestros derechos», como en caso de enfermedad, no poder pedir el receso del contrato.

El «miedo» y el «temor» a perder el contrato y a no volver a ser vinculados, son las razones a las que la Luz Stella Murillo Cortés  le  atribuye  no haber desde un principio protestado, reclamado, y acudido a las instancias judiciales necesarias para que «desde el comienzo de su vinculación no se les vulneraran esos derechos».

«Revelarse contra ese contrato que se firmó, a cada uno nos da miedo», reconoció, al mencionar como experiencia propia haberse sentido amenazada en alguna oportunidad en la que en una reunión de trabajo reclamó por no considerar justo el salario que se les estaba pagando, teniendo en cuenta las «jornadas extenuantes, exigentes al máximo, sin descanso en ninguna época del año».   

Plus Publicación quiso conocer la posición de otros defensores quienes seguramente por ese «miedo» al que hace referencia Luz Stella, prefirieron guardar silencio, limitándose sólo a esperar el pronunciamiento de la Corte, y como es inminente, a presentar el examen.

Destacaron sí, la importancia de la audiencia pública «Yo Apoyo a los Defensores», realizada hace unos días en el Congreso de la República, en la que César Elcías Huertas Valencia, del Colegio Nacional de Defensores Públicos, calificó la convocatoria como un «maltrato a defensor  público  con trayectoria de 5, 10, 15, 20 y más años de vinculación», ya que  «se les está obligando a entrar en una convocatoria de exámenes sin tener para nada en cuenta la experiencia que tienen en  el rol de defensores públicos».

«Yo no sé cómo son las defensas que ustedes hacen, pero la de sus derechos están muy mal», aseguró en la misma audiencia Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, indicando que el sistema de contratación que tienen los defensores «es impropio porque viola el principio de igualdad […]».

«Debe ser un fuerte motivo de vergüenza para el defensor del pueblo que sus trabajadores no tengan los derechos mínimos que tiene el conjunto de los trabajadores del Estado. Como es el de la estabilidad laboral, el de las prestaciones sociales mínimas, el de la seguridad social», señaló por su parte, Francisco Maltés Tello, representante de los trabajadores estatales de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

Son en total 3632 plazas a ofertar a nivel nacional, para las que se inscribieron 16 602 personas, de las cuales quedaron 7000 admitidas para presentar la prueba.

Entre tanto avanzan las diferentes acciones jurídicas que buscan anular el proceso.