Alcalde de San Luis (Tolima) y su hermana, procesados por presunta apropiación de $190 millones mediante una "empresa de papel"

Concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado, son los delitos que la Fiscalía imputó al alcalde de San Luis (Tolima), Carlos Fernando Bonilla Lugo, y a su hermana Suly Marcela, por hechos ocurridos entre los años 2016 y 2017.

Así lo dio a conocer el organismo al revelar que el mandatario y su hermana se encuentran procesados por presunta apropiación de más de $190 000 000 del municipio.  Según el ente acusador, «Aprovechando la investidura del mandatario, habrían direccionado alrededor de 20 contratos del municipio a beneficio propio mediante una empresa de “papel”».

Se presume, señala el boletín oficial 30137 de la Fiscalía,   «que los investigados se apropiaron de más de $190 000 000 tras la supuesta manipulación de numerosos contratos que fueron adjudicados a “dedo” a una empresa fachada, que ellos mismos habrían creado».

El alcalde, capturado el pasado miércoles  28 de agosto por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Unidad de Administración Pública, y su hermana quien se entregó ante los investigadores del ente acusador en la mañana del jueves 29 de agosto,  no aceptaron los cargos  imputados.

En el mismo boletín, la Fiscalía da a conocer que  los hechos por los cuales son investigados se llevaron a cabo entre enero del año 2016 y diciembre del 2017, «cuando el capturado, desde el momento en que fue electo, en asocio con su hermana y otras personas, al parecer crearon una empresa criminal con el fin de apropiarse de manera irregular de dineros de las arcas del municipio, ejecutando así un total de 20 contratos y convenios con la Corporación Piel de Colores, supuesta entidad sin ánimo de lucro, que sólo existía en el papel».

Agrega la Fiscalía, que «Los objetos contractuales entre otros eran para: la atención integral al adulto mayor, ejecución de actividades deportivas, realización de fiestas locales y atención a madres de familia, con lo cual lograron apropiarse presuntamente de manera irregular de los dineros, falsificando alrededor de 108 documentos privados con los cuales pretendían ocultar dicha actividad ilícita».

A la hora de procesar esta información no se conocía el reporte oficial de los resultados de la audiencia programada para ayer viernes 30 de agosto, en la cual la Fiscalía solicitaría la imposición de medida de aseguramiento, la que, según el propio ente acusador, «considera pertinente se cumpla en centro carcelario».

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