A decisión final llega proceso contra Diego Escobar Guinea y Martha Lucía Díaz Cartagena por venta de acciones del municipio de Girardot

Para el próximo 27 de diciembre fue citada la audiencia en la que serán escuchados los alegatos de conclusión dentro del proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría de Cundinamarca adelanta por la venta de 4 419 183 acciones ordinarias que el municipio de Girardot tenía en el Banco Popular.

Se trata del proceso verbal 004 de 2018 en el que se encuentran vinculados el alcalde de la época, Diego Johany Escobar Guinea, lo mismo que Martha Lucia Díaz Cartagena, secretaria de hacienda; Hernán Medina, contador y Carlos Rozo, tesorero, funcionarios en la fecha de los hechos investigados.

Escuchados los alegatos de conclusión se procederá a tomar la decisión final, momento del proceso al que se llega después de haber finalizado el periodo de descargos.

La etapa de decisión fue instalada formalmente el pasado martes 10 de diciembre «al considerar la dirección de investigaciones que las pruebas solicitadas y de oficio han sido realizadas y evacuadas debidamente, además se han resuelto todas las solicitudes presentados por los implicados, así como se han escuchado los descargos», según lo informó la Contraloría de Cundinamarca. 

El proceso verbal, indica el organismo de control, «busca establecer la responsabilidad fiscal de los implicados en la enajenación de unas acciones que el municipio de Girardot tenía en el banco popular, y que de acuerdo con el hallazgo determinado por el grupo auditor, la venta presentó un detrimento por un valor de 483 millones de pesos». Cabe recordar que la enajenación de las acciones fue autorizada por el concejo municipal mediante el acuerdo 05 de 2014.

Según lo señalado por la administración municipal del momento, la iniciativa buscaba «el aprovechamiento de recursos de patrimonio público mediante la venta de activos de propiedad del municipio, dentro de los cuales se encuentra la participación accionaria del municipio en entidades de régimen privado […]».

Dentro de los argumentos presentados por el ejecutivo de la época para justificar la venta de las acciones, fue la inconveniencia que al municipio le representaba «registrar en sus balances, activos cuyos rendimientos son bajos, negativos, o que no responden a su misión institucional».

Otra razón expuesta fue que durante los años 2011, 2012 y 2013 la rentabilidad de las acciones adquiridas en 1979, a un valor nominal de 10 pesos, fue negativa.

Los recursos obtenidos de la venta de esas acciones, los que según declaraciones radiales entregadas en el momento por la secretaria de hacienda Martha Lucia Díaz Cartagena podrían llegar a los $2000 millones de pesos,  serían según el gobierno, para «financiar proyectos inscritos en el plan de desarrollo», más exactamente para ser invertidos en el Colegio Departamental de Girardot.  

Fuente y foto: Contraloría de Cundinamarca.