Opinión
Editorial de El Espectador
[...]Rara vez vemos a una política de tan alto nivel e influencia en su región ser procesada por haber montado una empresa criminal para comprar votos y sabotear la democracia[...].
Luego de la condena a 15 años a la exparlamentaria Aida Merlano, sentenciada por concierto para delinquir y compra de votos el 11 de marzo de 2018, queda frustración frente a casos similares. Hay una lentitud que invita a pensar que manos truculentas se mueven por debajo de la balanza. Ha tardado Colombia en apresurar una reforma que recomponga la figura de vencimiento de términos; termina siendo una licencia legal para salir de la cárcel y tener todos los tratos que recibe un ciudadano de bien. No es eliminar los derechos de los reclusos, es garantizarle a la sociedad que los delincuentes no terminen exhibiendo la impronta de honestos, cuando aún persisten señalamientos, dudas, incongruencias y muchas, muchas sospechas.
