Aciertos y Desaciertos
Catalina Díaz Gómez (Magistrada de la sala JEP)
Estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’, y sin la estigmatización de la población civil.
La discordia de cómo las fuerzas armadas de Colombia, han afrontado la guerra contra los grupos armados antes y después de la firma del Acuerdo de Paz, ha sido una constante en el país. Mientras representantes de las instituciones rechazan cualquier acusación, y niegan a ultranza -casi siempre- cualquier responsabilidad directa en crímenes de lesa humanidad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señala a representantes de las fuerzas militares como responsables advirtiendo que, no son actos aislados, sino que como en el caso de El Catatumbo, todos están interrelacionados como parte de un ataque sistemático y generalizado, hablando exactamente sobre ejecuciones extrajudiciales.
