Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Mesa Nacional de Participación y Contraloría se pronuncian por incuplimiento de ley de víctimas y restitución de tierras

El Gobierno colombiano no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable,  ni cuenta con la hoja de ruta en materia económica y social que incluya la implementación de los «Decretos Leyes Étnicos»  y la articulación con el Acuerdo Final de Paz.

Un pronunciamiento conjunto en tal sentido fue hecho por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación.

En el caso del derecho a la restitución de tierras sostienen que los avances han sido escasos, teniendo en cuenta el incumplimiento que también se ha dado de las órdenes proferidas por los jueces.

Así lo muestran los resultados de los años 2018 y 2019 en los que afirman, no se acató ni se realizó ninguna de las 1463 órdenes en materia de vivienda, mientras que, para el caso de víctimas de pueblos étnicos, en 9 años solo se han expedido 18 sentencias, y de 1292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas el 11.4%. 

Según el pronunciamiento, el esfuerzo fiscal del Gobierno entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender el universo de víctimas que hoy supera los 9 millones de personas, haciéndose necesario realizar ajustes administrativos, legales, y de procedimiento, que permitan asignar recursos suficientes y fortalecer la implementación de estas leyes. 

Informaciones de prensa en tal sentido revelan que a la fecha aproximadamente el 13% de las víctimas han sido indemnizadas, es decir, 879 821 de las 7 261 998, lo que a ese ritmo necesitaría 50 años más para indemnizar al total de personas sujeto de reparación.

OTRAS CIFRAS QUE REFLEJAN EL INCUMPLIMIENTO CON LAS VÍCTIMAS

El panorama presentado muestra otras cifras que evidencian la ausencia de respuesta a dicha población, además del escenario de incertidumbre sobre la financiación y la atención que la misma requiere:

• Entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95 127 indemnizaciones. «Sin embargo, existe un rezago de 1’320.177 solicitudes, frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación». 
• De los 755 Sujetos de reparación colectiva, solo 156 tiene Plan Integral para ello, y de esos apenas el 2% ha finalizado su implementación.
• Solo un 4% de las víctimas pendiente de atención ha tenido acceso a programas de vivienda.
• Entre 2018 y 2020 se otorgaron 27 778 subsidios familiares de vivienda, frente a 715 899 hogares pendientes de atención.

Otro de los incumplimientos a los que hacen referencia son responsabilidad de las gobernaciones y alcaldías, las que afirman, «no han tenido en cuenta a esta población en sus planes de desarrollo».

En cuanto a la pandemia por COVID-19 sostienen que el gobierno no ha logrado atender oportuna ni eficientemente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria, por lo que es necesario que adopte urgentes correctivos y medidas especiales, «que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica». 

El análisis hecho concluye que entre el 2019 y junio de 2020 la disputa territorial tras la firma del «Acuerdo Final de Paz», y la emergencia causada por el COVID-19 han generado «un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida». 

Imagen: Twitter Procuraduría General de la Nación.