Nación
«[...] por cada dos líderes atacados durante estos 6 meses en Colombia, uno es líder social»: Informe de la Misión de Observación Electoral (MOE)
«[...] la MOE no solo busca destacar las cifras de lo ocurrido a lo largo de este primer semestre del año, sino también el impacto que los hechos de violencia generan sobre las víctimas de los mismos y, particularmente en el caso de las y los líderes sociales, sobre sus comunidades». Informe de la MOE, cofinanciado por la Embajada de Suecia.
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A 248 ascendieron durante el primer semestre del 2020 los hechos de violencia registrados en el país contra líderes sociales, políticos y comunales, cifras dadas a conocer por la Misión de Observación Electoral (MOE).
En un informe publicado recientemente la organización revela estadísticas que evidencian que en los primeros seis meses del año la violencia contra estos dirigentes no disminuye importantemente con respecto a años anteriores presentando su mayor concentración en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Córdoba y Norte de Santander.
Sin embargo existen departamentos como Vichada y Nariño, en los que «vale la pena poner la lupa» según lo expresa Alejandra Barrios, directora de la MOE.
En Vichada se «registró el primer asesinato después de 4 años», mientras que durante los meses de julio, agosto y lo corrido de septiembre, los hechos de violencia se han recrudecido considerablemente frente a las cifras reportadas en el primer semestre del 2020, cuando «la disminución de agresiones contra líderes sociales fue abrupta».
El número de asesinatos perpetrados en el país durante los primeros seis meses del año llegó a 81. De ellos 52 se registraron en regiones clasificadas como territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), agrega el informe.
EN 85% CRECIÓ EL CRIMEN DE LÍDERES SOCIALES
Lo anterior deja ver que en las «zonas priorizadas por el estado para evitar los focos generadores de violencia», se ha presentado el 64,2% de los asesinatos de líderes y lideresas reportados en el país.
Para la MOE, ese 64,2% representa un incremento del 39% en comparación con los asesinatos cometidos en los mismos territorios en el primer semestre de la vigencia 2019.
El documento también revela que son los líderes sociales los que más vulneraciones y ataques han recibido, llegando sus víctimas al 50%.
Lo que más preocupa frente a estas últimas cifras es «la letalidad de las agresiones», ya que el incremento de los asesinatos de estos líderes se dio en un 85%, mientras que en la misma población las amenazas se redujeron en un 24%, señala la representante de la MOE.
Al analizar la disminución en el número de intimidaciones, la conclusión de la organización es que «en la medida que los líderes sociales no tienen margen de negociación, debido a que representan los intereses comunitarios, los de sus vecinas y vecinos, sus voces son silenciadas por parte de los actores que buscan el control de los territorios».
TAMBIÉN AUMENTAN LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LÍDERES POLÍTICOS
El segundo grupo más afectado fue el de los líderes políticos. En este tema la MOE comunica que 89 de los funcionarios sufrieron agresiones, notándose un incremento del 35% frente a los casos reportados en el 2019.
El resultado de autoridades electas para el periodo constitucional 2020 -2023 que recibieron agresiones en esos primeros seis meses del año, es de «8 alcaldes, 42 concejales, 3 ediles y 2 diputados».
Este comportamiento frente a los dirigentes políticos puede traducirse en que lo que se busca es «controlar no solo el actuar social, sino de los gobiernos locales a través del sometimiento de sus líderes», conceptúa la MOE.
Respecto a los líderes comunales, el reporte muestra 35 hechos cometidos contra estos: «19 asesinatos, 2 atentados, 3 secuestros, 1 desaparición y 10 amenazas».
LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS LIDERESAS CON TENDENCIA AL CRECIMIENTO
En términos de género los datos muestran que de los 248 casos sucedidos, 57 corresponden a lideresas, lo que equivale a un 18,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Esas cifras permiten establecer que los hechos de violencia contra las lideresas tienden al crecimiento, lo que para la directora de la MOE termina por convertirse en «una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones y gobierno».
Otros sectores de la población afectados fueron los afros e indígenas contra quienes se generó el 13% de los hechos cometidos. De las agresiones contra estas dos poblaciones el 58% fueron letales en la población afro, y el 70% en los indígenas.
EN 73 MUNICIPIOS DEL PAÍS EXISTE POR LO MENOS UN GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Desde el punto de vista de territorialidad el análisis advierte que 109 de los municipios del país recibieron la acción de los promotores de los actos de violencia.
El 67% de esos entes territoriales, es decir 73 de ellos, cuenta por lo menos con un grupo armado al margen de la ley, sin significar ello que sea este el único factor de violencia que existe en los territorios, por lo que asegura la MOE, es necesario «avanzar hacia el reconocimiento de otros actores e intereses detrás de la violencia».
Frente a los hechos reseñados la MOE ha elevado un llamado a las autoridades e instituciones, con miras a revisar y «repensar los mecanismos de protección» que para ese propósito se vienen implementando, y en esa medida «encontrar alternativas más efectivas para los liderazgos sociales y comunitarios», sugiriendo que la protección individual dada a líderes y lideresas se complemente con una protección colectiva para obtener mejores resultados.
Al conocer el informe de la MOE, Martin Sjögren, consejero de la Embajada de Suecia en Colombia hizo un llamado « […] a la acción urgente hacia la protección de estos líderes para alcanzar la paz sostenible tan anhelada por la sociedad colombiana».
Alejandra Barrios, directora de la MOE alertó que lo que el informe muestra « […] es que lo que está pasando es una tragedia en términos locales […]. No podemos continuar justificando todo a la luz del conflicto armado sin realizar investigaciones completas para sancionar a los responsables de la tragedia que observamos en los territorios».