Oficina de derechos humanos de la ONU exhorta a las autoridades colombianas a proteger a la población de la «horrenda violencia» que deja más de 66 masacres en el 2020

«Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar».

La aseveración fue hecha por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al condenar el aumento que en el país ha tenido la violencia sembrada por «grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos».

Las cifras revelan «66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país».

En cuanto a los defensores de derechos humanos la Oficina de la ONU en Colombia reporta el asesinato de 120 en lo que va corrido del 2020, sumados a los 244 excombatientes de las FARC asesinados desde noviembre de 2016, año en el que se firmó el Acuerdo de Paz. 

Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada precisó que puede existir un subregistro, ya que los obstáculos originados de la pandemia del COVID-19 han dificultado los esfuerzos de la Oficina por documentar y verificar los asesinatos y masacres, temiéndose que el número de personas muertas a consecuencia de estos sea mayor al antes mencionado.

A través de un comunicado emitido Michelle Bachelet aseguró que «Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos».

Por su parte, su vocera, Martha Hurtado dijo que en las áreas de difícil acceso en las que se evidencia una clara falta de presencia del Estado «en todo el sentido de la palabra», es en las que se vive una situación peor. Allí, puntualizó, «no hay seguridad, no hay policías, no hay servicios públicos, escuelas, salud, etcétera. Esa es una de las razones por las que pedimos al Gobierno que llegue a esas áreas. En esos lugares hay grupos criminales y armados, y otros como narcotraficantes que controlan el territorio, cuando debería ser el Estado el que lo tenga», señaló.

Al hacer un llamado a las autoridades colombianas para que tomen «medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia», Michelle Bachelet precisó: «es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población».

Reiteró la necesidad de desarrollar una política pública para «desmantelar las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo», política que ya se había solicitado en el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016.

Otro de los llamados hechos lo dirigió a las autoridades para que las investigaciones en torno a estos crímenes sean «rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes», especialmente aquellas relacionadas con denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.

Son las autoridades las llamadas a garantizar a los ciudadanos de todos los sectores un entorno seguro « para que puedan participar en los asuntos públicos y culturales, libres de temor, intimidación o estigmatización», agregó al pedirles que lo hagan. No es la primera vez que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronuncia sobre estos asesinatos.

En febrero de la actual vigencia afirmó en su informe anual: «el 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia», indicando en esa oportunidad que «la tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100 000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica».

Ese año (2019),  el registro fue de 36 masacres con 33 personas muertas, y de  «más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales».  Además de los homicidios a los indígenas.

Antes de ese informe, en enero de 2020, la Oficina asegura que «la impactante violencia en Colombia contra los defensores de los derechos humanos causa preocupación», esto ante «el elevado número de asesinatos, que va en una espiral ascendente […]».

Por ello pidió en su momento al Gobierno de Colombia hacer «un esfuerzo contundente para prevenir los ataques contra quienes defienden los derechos fundamentales, principalmente de indígenas, Afrodescendientes y mujeres». 

Después de 12 meses el balance no resulta nada satisfactorio, y los resultados más que desalentadores.

Foto: página oficia Michelle Bachelet (@mbachelet).