Desde Europa, Canadá y Estados Unidos llegan voces de condena por las amenazas contra el senador Iván Cepeda Castro y la justicia colombiana

Un grupo de defensores de derechos humanos y parlamentarios de Europa, Canadá, y Estados Unidos incluido el nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel, alertaron por las amenazas que contra el senador Iván Cepeda han surgido a propósito del proceso judicial que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, expresando su respaldo al dirigente político, su familia y colaboradores.

El pronunciamiento fue hecho a través de una carta en la que aproximadamente 40 firmantes dejan conocer igualmente su respaldo a la justicia colombiana, y en particular a las altas Cortes.

Según publicación de El Espectador.Com, los remitentes responsabilizan al gobierno de Iván Duque Márquez de las repercusiones y efectos que contra la vida e integridad del senador Cepeda y de sus colaboradores pueda generar lo que llamaron la «guerra de odio», y ataques desatados contra la vida del senador, una vez se ordenó la detención de casa por cárcel para Uribe Vélez.

«Esta decisión exacerbó los ánimos del Centro Democrático, partido de gobierno liderado por Uribe. Sus seguidores han incitado al desacato y han propuesto una constituyente que crearía un tribunal supremo único, lo cual implicaría eliminar las actuales cortes, que han mostrado independencia», señala la misiva.

La vida e integridad del senador Cepeda, así como las de todos quienes han sido amenazados como consecuencia del proceso contra Uribe Vélez, debe ser garantizada, enfatizan los autores de la carta.

Otro elemento que incluyen tiene que ver con los ataques que tras la detención de Uribe Vélez  surgieron contra la Corte Suprema de Justicia, por lo que expresaron su defensa a la independencia judicial y apoyo a la labor de las altas Cortes, asegurando que sus «decisiones deben ser respetadas, especialmente por el Gobierno».

En la publicación, El Espectador da a conocer que «los firmantes recuerdan que Cepeda ya había sido amenazado en el pasado y ha sido reiteradamente víctima de escuchas ilegales», por lo que el «recrudecimiento de las amenazas» contra su vida, su familia y su equipo de colaboradores, «es muy grave».

Según la nota periodística, los autores del escrito «destacan que el parlamentario del Polo Democrático ha trabajado toda su vida por la defensa de los derechos humanos, por el logro e implementación del Acuerdo de Paz, y por el derecho a la vida de líderes sociales y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz, que están siendo asesinados sistemáticamente».

En cuanto a la independencia judicial y a la estructura democrática del país conceptúan que también están en grave riesgo debido a, « los ataques […] y la parcialidad del presidente Duque a favor del expresidente Uribe».

Si bien la carta resalta que Uribe Vélez al igual que cualquier otra persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, sus promotores insisten en que la democracia exige el pleno respeto a la independencia judicial y a las decisiones de las cortes, las que junto con la estructura democrática del país están en grave riesgo debido a dichos ataques y a la «parcialidad del presidente Duque a favor del expresidente Uribe».

Frente a la propuesta de un tribunal único precisan que ello sería «un claro atropello al Estado de derecho y a la democracia», al tiempo que argumentan que «el presidente Duque ha presionado a la Corte Suprema y ha asumido verbalmente la defensa del expresidente Uribe».

En otra carta remitida por el Parlamento Europeo, sus autores exponen su preocupación por lo que aseguran se constituye para el país en una crisis política, social, económica y humanitaria que ya está afrontando.

Frente al tema los parlamentarios hacen alusión a la investigación que la Corte Suprema abrió contra Uribe, y la decisión de su defensa de renunciar al Senado y que el caso pase a la Fiscalía.

«A raíz de su decisión, la Corte ha estado siendo blanco de ataques a nivel nacional e internacional, que han contribuido a crear un creciente clima de hostilidad contra los miembros de la profesión jurídica, y que pone en peligro la administración de la justicia en Colombia. En este sentido, nos preocupan también las denuncias respecto a la falta de imparcialidad de la Fiscalía encabezada por Francisco Barbosa, para liderar este caso», señala el escrito.

Sumado a los «infundados ataques contra la Corte Suprema de Justicia», los parlamentarios también llaman la atención por las amenazas de muerte de que han sido objeto Iván Cepeda y su familia, su equipo de trabajo y su abogado, Reinaldo Villalba Vargas, quien pertenece al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

“[…]  no hay Estado de Derecho sin independencia judicial. De la misma manera, consideramos que, en la construcción de un país en paz, la apertura democrática y la actividad con garantías, de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de las y los líderes sociales y políticos, es más que nunca necesaria», precisan.

La posición que adoptan frente a los asesinatos de líderes sociales, sindicales y políticos, y de excombatientes de las Farc, así como a la represión de las protestas sociales y a las más de 55 masacres que durante el 2020 se han  registrado en Colombia, los parlamentarios europeos dejaron conocer su condena y censura al considerar estos hechos  inconcebibles, «si el objetivo es la construcción de un país en paz».

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