Contraloría General de la República entregó resultados por alertas y seguimiento a obras de infraestructura y contratación para atención del COVID-19

La Contraloría General de la República (CGR) calificó de positivos los resultados generados de las alertas y el seguimiento que el organismo de control ha realizado a múltiples obras de infraestructura que se encontraban retrasadas o en riesgo.

Para el contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte las alertas, y otras acciones, llevaron a que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) agilizara la entrega de obras fundamentales como la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar, que se encontraba dentro del seguimiento de infraestructura vial que realiza la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría.

Los resultados permiten evidenciar avances en obras de infraestructura educativa,  hospitalaria y vial,  varias de las cuales fueron reactivadas después de encontrarse suspendidas aseveró Córdoba Larrarte, durante una rueda de prensa virtual realizada ayer jueves (17.07.2020).

En el encuentro con los medios el funcionario dio a conocer los resultados obtenidos por la DIARI frente al monitoreo de obras de infraestructura y al seguimiento preventivo a los contratos COVID.

El informe muestra que el 49% de esos contratos han tenido por objeto la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad por $2,44 billones, mientras que el 51% restante corresponden a contratos de prestación de servicios.

Así mismo la Contraloría ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos cuyo valor total es de $506 000 millones.

Tras las acciones del ente de control los presuntos sobrecostos que llegarían a los $39 448 millones se redujeron a $7.947 millones, revela el informe.

De igual forma, «Las alertas de la DIARI llevaron a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $129 226 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $80 233 millones», agregó  Córdoba Larrarte.

Actualmente la CGR monitorea 78 proyectos, para la atención del COVID, que comprometen dineros del Sistema General de Regalías por $321 444 millones orientados al «fortalecimiento de las capacidades de ciencia y tecnología para atender problemas asociados con agentes biológicos de alto riesgo para la salud».

De esos 78 proyectos, 53 están aprobados y 25 están pendientes de serlo; 15 a cargo de universidades y los restantes de entidades de salud, laboratorios y cajas de compensación.

El plazo de ejecución de la mayoría de estos contratos es de 12 meses, lo que precisa la CGR, «evidencia que no atendería la etapa más crítica de la pandemia».

OBRAS INCONCLUSAS Y ELEFANTES BLANCOS

En su informe el contralor reveló que se han llegado a identificar 1300 obras «abandonadas o sin avance en todo el país, que suman más de $20 billones de pesos en inversiones».

Según Córdoba Larrarte los sectores más golpeados por estos proyectos abandonados son los de agua potable y saneamiento básico; educación, transporte, vivienda, deporte y recreación, salud y protección social.

Frente a varios trabajos que en el país llevan años de abandono aseguró que «son verdaderos mamuts, símbolos del despilfarro de los recursos públicos, la ineficiencia en la ejecución de proyectos y el reflejo de la inoperancia en el funcionamiento del Estado».

Dentro de los casos más relevantes mencionó la construcción de la represa del embalse multipropósito del Río Ranchería, para abastecer de agua a cerca de medio millón de habitantes de nueve municipios en La Guajira y generar 22.6 megavatios de energía al año.

«Hoy es uno de los mamuts más vergonzantes de Colombia y allí la Contraloría ha hecho hallazgos con connotación fiscal por más de $637 000 millones», precisa el informe.

El Distrito de riego Triángulo del Tolima fue otro de los proyectos relacionados dentro de los más vergonzosos del país.  De acuerdo a lo mencionado, «tuvo una inversión inicial de $388 350 millones y de ella solo se ejecutó la primera fase […].  Grandes recursos para un proyecto que luego de 15 años es, sin duda, otro gran mamut».

En el informe se citó el caso de los 20° Juegos Deportivos Nacionales y 4° Paranacionales de 2015 en Ibagué, en los que se afirmó, se presentó «una verdadera malversación de recursos públicos».

El daño patrimonial que por presuntas irregularidades en la contratación de los estudios y diseños y en la ejecución de las obras se presentó, ascendió según el organismo a los $66 346 millones.

Son 13 procesos de responsabilidad fiscal los que en este caso adelanta el ente de control, el que en desarrollo de los mismos decretó medidas cautelares por más de $112 000 millones, al tiempo que ejecutó el embargo preventivo de 104 bienes inmuebles ubicados en diferentes ciudades del país.

En el sector de infraestructura vial la CGR asegura haber «encontrado innumerables elefantes blancos».

Un ejemplo es la construcción de la vía Santana-Mocoa-Neiva, proyecto vial que desarrolla la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), desde agosto de 2015 presentando a la fecha un avance físico de 5%. 

El proyecto que estaba suspendido hace 4 años se reactivó el pasado mes de junio.

Durante la rueda de prensa, Córdoba Larrarte mencionó otros ejemplos de «elefantes blancos y obras que serán rescatadas», los que se encuentran en regiones como el archipiélago de San Andrés y Providencia, el Eje Cafetero, el departamento del Chocó.

Foto: MinTrasnporte Twitter.