Audiencia sobre violencia policial recogió denuncias que serán presentadas en la Corte Penal Internacional

Ante la Corte Penal Internacional (CPI) se llevarán las denuncias, testimonios y voces de víctimas y demás intervinientes hechas durante la audiencia pública Violencia Policial y Uso Excesivo de la Fuerza realizada el pasado jueves (17.09.2020) por senadores de la Comisión Segunda del Congreso de la República.

Víctimas y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos (DDHH) fueron escuchas frente al abuso y uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional. El documento que le presentarán a la Corte, contendrá los crímenes que por su «ambiente de impunidad y omisión de autoridad», deben ser objeto de su intervención.

La audiencia fue convocada tras el fallecimiento del estudiante de Derecho, Javier Ordoñez, a raíz de los golpes y tortura proporcionados por uniformados de la Policía, y por las muertes durante las manifestaciones en protesta por dicho crimen, en las cuales los miembros de la fuerza pública son responsabilizados de activar sus armas de fuego atentando contra la población civil.

Parapolicía; la muerte de 8 menores en bombardeo realizado por el ejército en  agosto de 2019 a un campamento de disidencia de las Farc en el Caquetá; CAI convertidos en centros de tortura; detenciones arbitrarias; tratos crueles, inhumanos y degradantes; la tendencia del país a un régimen totalitario, autoritario y militarista,  la forma como se atendió la protesta que dejó cerca de 32 muertos y varios heridos en la Modelo y otras cárceles del país fueron algunos de los temas tratados durante la audiencia.

Se sumaron los cuestionamientos a la falta de pronunciamiento del presidente Iván Duque Márquez, y del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, por los hechos del 9 y 10 de septiembre; el ataque e incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz; la corrupción institucional; la infiltración del narcotráfico en la policía, y la tortura como un componente habitual y sistemático de la intervención policial.  

Otros temas tuvieron que ver con capturas y retenciones arbitrarias; allanamientos sin orden judicial; impedimento de grabar los procedimientos policiales; el decomiso y destrucción de celulares de las personas retenidas con el fin de borrar las evidencias de procedimientos abusivos, además de los manoseos, abusos sexuales y violaciones de mujeres.

IMPUNIDAD REFORZADA POR «UNA FISCALÍA QUE NO HACE NADA»

La impunidad de abusos, excesos y muertes a mano de la fuerza pública «se está labrando desde los mismos operativos policiales». La aseveración fue hecha por Germán Romero, de la red de defensores y defensoras de Derechos Humanos «dh Colombia».

Sustentó lo dicho afirmando que «La Policía Nacional  ya tiene claro que al utilizar medios que oculten su identidad, su placa, sus rostros; está impidiendo de antemano que se pueda hacer un proceso de individualización serio y responsable por parte de las autoridades judiciales».

«Nosotros llevamos casos desde el 2005 de homicidios  y torturas cometidos por agentes del ESMAD y la Policía Nacional y hemos podido identificar que uno de los  grandes cuellos de botella es estas individualizaciones (sic)», precisó.   

Además del ocultamiento de los elementos de identificación, hay alteración de los registros de personal vinculado a los operativos policiales y no existe control sobre las órdenes previas y mando de control de los mismos, afirmó.  

Otras denuncias de Germán Romero revelan que no hay quién controle en estaciones de policía y CAI cómo están asignados los turnos, y cómo quedan las minutas de registro de personal y de población.   

 «Es muy difícil acceder a los archivos policiales. La militarización de la policía es de tal magnitud que se hace difícil inclusive para la administración de justicia poder acceder a todos estos archivos y a las órdenes de operaciones que se dan», añadió.

En los últimos días se ha podido ver en Bogotá y otras ciudades «la participación de personas de civil que al parecer pertenecen a la Sijin, o la Dijin o a la Sipol que articulan […] con los policías de seguridad o de los escuadrones especializados, les entregan armas […] », afirmó al denunciar el hecho, y ya algunas veedurías lo califican como «parapolicía».

Reveló que como defensores de DH han asumido 6 casos en representación de víctimas, y «el mayor problema que han tenido para poder acceder a material de video […] es que estos CAI hacen parte de estructuras de delincuencia organizada en la ciudad; hacen parte de estructuras de delincuencia con el microtráfico, y eso no se está diciendo con claridad, la gente le tiene pavor».

«Los CAI de Verbenal, de Suba, de Kennedy, se han vuelto centro de detención ilegal y de tortura en forma permanente […] », sostuvo.

Otro elemento que contribuye a ampliar la impunidad es la «unidad y solidaridad de cuerpo», entendida como la «protección» que dentro de la misma institución se da en respaldo a sus integrantes cuando cometen abusos y excesos.

«Gracias a que un policía […] en el preacuerdo que hizo con la Fiscalía decidió hablar, fue que se pudo conocer cómo los mandos de los escuadrones y las unidades […] articulan y coordinan que todos los policías den la misma versión, y para eso la Fiscalía General de la Nación (FGN) también se presta», argumentó. 

Al reforzar sus cuestionamientos frente a la actuación de la FGN, dijo que «el problema no solamente es el fuero penal militar […] sino el problema fundamental es que la Fiscalía General de la Nación no hace su trabajo».

Sustentó lo dicho al señalar que trascurridos 2 años y 6 meses después del paro cívico de Buenaventura, «no existe un solo acto de investigación por la FGN para identificar a los responsables de las graves violaciones cometidas contra el pueblo negro de Buenaventura en el marco de su legítimo paro cívico».

Por lo anterior, «sacar los casos de la justicia penal militar es urgente […] pero nada vamos a hacer si llegan a una Fiscalía que no hace absolutamente nada», concluyó.  

Otra de las acusaciones del DH refiriéndose a los hechos de 9 y de septiembre, fue que «la Sijin durante toda la semana ha hostigado a las víctimas y a los testigos en los hospitales, en la Cardio Infantil, en el Simón Bolívar, en el Hospital de Suba, en los barrios, y les ha solicitado como en el caso de Dilan Cruz que no le entreguen ni videos ni declaraciones a nadie más. Entonces tenemos una justica penal militar que se lleva las pruebas, que se coge los procesos, pero una FGN que no está haciendo absolutamente nada en estos procesos».  

«Al día de hoy no existe una sola condena por homicidio en casos del ESMAD, eso es gravísimo […] », agregó.

Para el senador indígena Feliciano Valencia Medina los atropellos, excesos y abusos que se están viviendo en Bogotá, representan solo el 50 % de lo que en las regiones deben afrontar los indígenas.

AUDIO SENADOR FELICIANO VALENCIA MEDINA

LA NO RESPUESTA DEMOCRÁTICA, UN INGREDIENTES DE LA INCONFORMIDAD Y DE LA PROTESTA SOCIAL

Para Susana Muhamad, concejal de Bogotá, parte de la problemática social responde a que la «población no está sintiendo que el Estado social de derecho le responde a sus demandas críticas. Que no está escuchando una respuesta institucional a los abusos de autoridad […]».

Esa falta de respuesta democrática la sociedad la siente «en lo social, en la justicia y frente a la corrupción y el abuso», afirmó.

Por su parte Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, aseguró que gradualmente la policía que debe ser un cuerpo civil, ha ido tomando un carácter más militar, lo que ha generado muchos de los desmanes y abusos.

Aseguró que la institución ha estado dentro de la «doctrina del enemigo interno», por lo que «ve a toda persona que protesta como un enemigo y como un peligro para su integridad. Y no al ciudadano que busca reivindicar sus derechos».  

La concejal Heidi Lorena Sánchez Barreto denunció que policías han estado pidiendo información en hospitales de Bogotá e IPS «sobre la entrada y salida de las personas heridas que habían entrado durante los días 9 y 10 de septiembre […]», preguntándose: «esto para qué, ¿para judicializarlos, para perseguirlos para que no denuncien, cuál es el objetivo de tratar de buscar esa información?».

Se mostró partidaria de la reforma a la policía, la que afirmó, debe incluir un enfoque diferencial y de género respecto al tratamiento hacia las mujeres. «No queremos seguir siendo violadas y abusadas por la fuerza pública», enfatizó.

Que todos los integrantes de la institución tengan igualdad de condiciones para los ascensos, que la transformación incluya la opinión de la ciudadanía, y que todos los casos a ser fallados sean asumidos por la justicia ordinaria, son otros elementos que aseguró, deben acompañar esa reforma.

CON MAYORES DINAMIZADORES DE INCONFORMIDAD LA PROTESTA SOCIAL SE MANTENDRÁ EN EL 2021

Varios de los intervinientes aseguraron que las protestas sociales van a mantenerse, escenario en el que según el integrante de dh Colombia, «vamos a seguir contando muertos y contando heridos».

Carlos Medina, delegado de la Procuraduría, coincidió en afirmar que las protestas van a permanecer, siendo seguramente más fuertes ya que no solamente «cargamos con la misma problemática que traíamos del 2019 sino que se acentúa por lo que nos pasó este año, […]. Va a haber gente con mayor crisis económica, va a haber gente más dolida por la violencia […] », dijo al citar estos como los dinamizadores de las protestas.

Para Jorge Calero, delegado de la Defensoría del Pueblo, desde el 2018 se observa un incremento de las protestas, cada vez con mayor violencia, radicalidad, agresión y acciones que atentan contra los derechos de las comunidades, enfatizando en que exige que las autoridades se preparen más «en materia de prevención, pero también en materia de atención a esta conflictividad social […]». 

LO QUE SIGUE, SEGÚN LA PROCURADURÍA

Frente a las intervenciones de la Procuraduría General por el crimen de Javier Ordoñez y de las víctimas del 9 y 10 de septiembre, Carlos Medina, representante del organismo informó que estas serán:

• La conformación de un grupo de 5 procuradores judiciales que asuman el poder preferente, priorizando los hechos que implicaron la muerte de ciudadanos y los casos de «lesiones más dramáticas».
• La designación de agentes especiales que se constituyan parte en los procesos penales y garanticen que esos procesos «se muevan».
• La supervigilancia para el caso de los procesos disciplinarios, a fin de ejercer el poder preferente en aquellos que no avancen.

MÁS DE 3700 QUEJAS CONTRA LA FUERZA PÚBLICA POR PRESUNTA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Jorge Calero, de la Defensoría del Pueblo reveló que entre el 2019 y el 15 de septiembre de 2020 la Defensoría recibió 3725 quejas, en «donde el presunto responsable de las vulneraciones a los DH son miembros de la fuerza pública.  El 68% de esas quejas es contra la Policía Nacional, el 29 % contra el Ejército Nacional, el 3% contra la Armada, y el 1% contra la Fuerza Aérea».

Agregó que la Defensoría ha «encontrado que el mayor autor en agresiones contra los ciudadanos y ciudadanas es la Policía Nacional», lo que motivó al defensor a promover una reunión con el director de la Policía y el ministro de Defensa con el fin de proponerles la revisión de los procedimientos y los protocolos en este tipo de actuaciones.

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